nmigrantes en Estados Unidos. Foto: https://www.hrw.org.

De la redacción

En medio de las tradicionales hostilidades del gobierno de Trump contra los inmigrantes, no todo son malas noticias. En una proporción de 2 contra 1, un panel de jueces del Noveno Circuito de Apelaciones rechazó la suspensión que el gobierno federal ordenó a finales de noviembre pasado para condicionar el derecho a entrar a Estados Unidos sólo si se demuestra solvencia para hacerle frente a probables gastos médicos en caso de complicaciones de la salud.

En el caso “Doe v. Trump” ahora se halla a la espera de la apelación del gobierno respecto a una orden judicial preliminar a nivel nacional. Los jueces del Noveno Circuito de Apelaciones, una corte liberal ubicada en San Francisco, California, correspondieron al desafío legal de una coalición de litigantes en defensa de la inmigración: el Centro de Acción de Justicia (JAC), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el Laboratorio de Derecho de Innovación, con el despacho del abogado pro bono, Sidley Austin LLP, y Latino Network, dice un comunicado de esta coalición.

Vale recordar que cuando la administración Trump solicitó la suspensión de la orden judicial otorgada el 26 de noviembre por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Portland, Oregon, esta suspensión “le habría permitido a la administración federal implementar de inmediato la proclamación presidencial del 4 de octubre», que exige a los inmigrantes legales demostrar que tienen un tipo específico de plan de seguro de salud, o suficiente solvencia para poder pagar la atención médica de su bolsillo en alguna contingencia, como requisito indispensable para poder ingresar a Estados Unidos.

La evidencia muestra que de acuerdo con dicha suspensión, «se les negaría la entrada a Estados Unidos hasta a dos tercios de los inmigrantes legales. Y si la prohibición entrara en vigencia, mientras el gobierno «no haya ofrecido evidencia que demuestre que los costos de atención no compensados disminuirían bajo la prohibición». Por tanto, dicha prohibición de la atención médica «es ilegal, y afectaría a más de 300 mil personas cada año; separará inmediatamente a las familias de sus seres queridos, dañará a las empresas que buscan emplear talento internacional, y socavará el compromiso de nuestra nación con la igualdad de derechos”.

Nuevamente el panel del Noveno Circuito estuvo de acuerdo con el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Portland, y “la proclamación sigue siendo ordenada para los demandantes, así como para la clase nacional que fue certificada por el tribunal de distrito en abril”, sostiene el comunicado.

Jesse Bless, Director de Litigios Federales de AILA aplaudió el fallo de la corte hoy. “En todo el país”, dijo, “innumerables miles de familias pueden respirar aliviados, menos agobiados por los incansables esfuerzos de la administración Trump para construir un muro invisible contra la inmigración legal basada en la familia. El Noveno Circuito reconoció correctamente el daño irreparable que se habría infligido si se hubiera suspendido la orden judicial», es decir, el interdicto que frenó de tajo la implementación de la medida antinmigrante.

Algunos antecedentes de este litigio

Como se sabrá tal vez, el 4 de octubre de 2019 «el presidente Trump firmó una proclamación que prohíbe otorgar visas a los inmigrantes calificados, “a menos que puedan probar que estarían cubiertos por un seguro de salud aprobado dentro de los 30 días posteriores a su llegada a Estados Unidos, o que son lo suficientemente saludables y ricos como para pagar los costos médicos razonablemente previsibles”.

La proclamación de Trump, etiquetada como prohibición por su tremendo alcance e impacto, «limitó el ‘seguro de salud aprobado’ a los planes para los que muchos inmigrantes no son elegibles; que no están disponibles en estados grandes como Nueva York y California; o que serían imposible de obtener dentro de los primeros 30 días a partir de la llegada al país». La proclamación, dicen los litigantes, «debía entrar en vigencia el 3 de noviembre de 2019».

Pero el 2 de noviembre de 2019 “una orden de restricción temporal emitida por el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Portland, Oregon, había impedido que el gobierno federal implementara la política”. Durante ese mes, se otorgaron aproximadamente 25 mil visas que de otro modo hubieran sido denegadas. «El mandato preliminar emitido el 26 de noviembre de 2019 solidificó esa victoria”.

Posteriormente, “el Tribunal de Distrito certificó una clase nacional el 7 de abril de 2020, reconociendo la amplitud del impacto que la proclamación tendría en el sistema de inmigración de la nación. El rechazo de la suspensión de emergencia, y ahora no de emergencia, significa que la orden del tribunal de distrito seguirá vigente por ahora, a menos que el gobierno federal solicite y obtenga una suspensión, de la Corte Suprema de los EE. UU”. Lo que se espera que hará, confiando en la superioridad numérica de los jueces del máximo tribunal a favor de la administración Trump.

Mientras tanto, la demanda subyacente avanzará en el Tribunal de Distrito■

Algunas reacciones de los miembros del grupo litigante:

• Naomi Igra, abogada de Sidley Austin LLP, que brinda asesoramiento pro bono sobre el caso, declaró en un comunicado de prensa de la coalición litigante, «Estamos encantados de que el Noveno Circuito haya permitido que este mandato judicial continúe protegiendo el sistema legal de inmigración basado en la familia promulgado por el Congreso».

• «Estamos muy contentos con la decisión del Noveno Circuito de hoy, que reconoce que el Presidente no puede reescribir unilateralmente las leyes de Inmigración de esta nación», dijo Esther Sung, una de las principales litigantes en el Centro de Acción de Justicia. “Al intentar prohibir hasta dos tercios de todos los inmigrantes, la prohibición de atención médica dañaría no sólo a miles de familias, sino también al tejido económico, cívico y social de este país. Nos alegra que la orden judicial de la corte de distrito siga vigente».

• Stephen Manning, Director Ejecutivo de Innovation Law Lab declaró: «El fallo de hoy es una victoria muy importante en nuestra lucha para proteger la unidad familiar. La larga tradición de Estados Unidos, de reunir a las familias a través de su sistema de inmigración es un componente clave de la estabilidad, la prosperidad y la fuerza colectiva de nuestra nación».

• Carmen Rubio, Directora Ejecutiva de Latino Network dijo por su parte: «La decisión de hoy es un paso gratificante hacia la reunificación de nuestras familias y un compromiso reforzado con el sistema de Inmigración basado en la familia, que ha estado vigente en nuestro país durante más de cien años. Durante los últimos cuatro años, hemos visto a nuestra comunidad sufrir a manos de los ataques de la actual administración contra las mismas bases sobre las que se construyó nuestro país. No dejaremos de luchar hasta que nuestras familias estén juntas».