Las batallas que se libran en todo el país sobre las nuevas leyes de identificación de votantes y otros cambios electorales que nunca antes han sido probados en una elección presidencial son la bandera de esta marcha en DC. Foto: www.usatoday.com
De la Redacción
Pero en 2013, después de que la Suprema Corte, en el caso Shelby v. Holder revocara esa disposición clave de la Ley de Derecho al Voto (artículo 5), los cambios de las Legislaturas locales ya no requieren del escrutinio federal antes de entrar en vigor. Esto ha dado como resultado, señala la fuente, “una mayor discriminación de votantes en los tres últimos años, desde que se emitió la decisión del tribunal, que declaró, con gran ingenuidad, que ‘las cosas han cambiado en el Sur’».
En medio de estos tiempos políticos tan problemáticos la lucha por el derecho al voto gana algún terreno, aunque no tan rápido como se quisiera. En Carolina del Norte, en Michigan, o en Texas. y en otros lugares, por ejemplo, en meses recientes cortes federales detienen -¿temporalmente?- el avance de una ley que discrimina a la hora de sufragar. Este triunfo viene luego de una serie de victorias sustantivas para los defensores de los derechos civiles, más específicamente del derecho al voto, reporta hoy The New York Times.
Porque sin dichas intervenciones judiciales millones de electores, especialmente de las minorías, habrían sido obstruidos a la hora de votar; ya sea por carecer de una identificación oficial con fotografía (las credenciales universitarias no cuentan), o por el acortamiento de los periodos tempranos para emitir el voto por adelantado.
Por ejemplo, una decisión de 83 páginas emitida el viernes por un panel de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito revocó la suspensión de procedimientos que detenían la votación en un estado clave como Wisconsin, a poco menos de tres meses de las elecciones presidenciales de noviembre. Dicha sentencia, y una segunda decisión de amplio alcance en Wisconsin, seguida de una serie de dictámenes judiciales recientes contra las leyes electorales restrictivas, desatoraron lo que algunos críticos piensan que fueron creadas exclusivamente para mantener a minorías y otros votantes tradicionalmente demócratas lejos de las urnas.
No obstante, aclara el rotativo neoyorquino, no todo es miel sobre hojuelas. Particularmente en los estados que pertenecen a lo que se conoce como ‘el sur profundo’. Pues dichas victorias sólo se refieren principalmente a leyes electorales importantes ganadas con dificultad pero a nivel estatal.
ACLU ha estado luchando contra este retroceso en los derechos del voto a través de la promoción y litigios, y está trabajando para ampliar dicho derecho al voto, desafiando leyes de privación criminales y ampliando el mismo día y el registro de votantes en línea. Foto: www.aclu.org
Un panorama más sombrío ensombrece sin embargo otros problemas “más pernicioso” de la realidad electoral del país: “En pueblos, ciudades y condados de la nación -sobre todo a lo largo del ‘sur profundo’- muchos cambios electorales discriminatorios se han realizado en los niveles más locales”, dice la fuente. Y es que debido a que los funcionarios electorales no siempre tienen que dar aviso con anticipación, cuando ordenan dichos cambios –intencionalmente o no-, de manera que los votantes conocen de ellos sólo cuando se presentan en las urnas.
Tomemos por ejemplo lo que ocurre calladamente –y no tanto- en elecciones locales, ya sea para alcaldes o miembros de las juntas escolares y de los ayuntamientos. Esto afecta cuestiones críticas cotidianas como las políticas de educación y las prioridades policiales.
El Times es explícito en esto. Afirma por ejemplo que en marzo el Concejo Municipal de Daphne, Alabama, redujo de cinco casillas electorales para un Distrito compuesto por afro y angloestadunidenses, a dos sitios para votar, ubicados en la zona habitada por los blanco. Esto fuerza a los negros a viajar lejos para sufragar, a diferencia de antes de haber sido emitida esta ordenanza, mientras que para los blancos la medida no significó ningún inconveniente.
O en Carolina del Norte, donde aunque un juez de la referida Core federal de Apelaciones reinstauró siete días extra para votar por anticipado, la Junta Electoral de Wake County decidió este mes limitar la votación temprana a una sola casilla, en lugar de las 20 existentes, durante el periodo restaurado para dicha votación por anticipada.
En un evento similar, en marzo también, grupos defensores de los derechos civiles escribieron a la Junta Electoral de San Louis County, Misuri, preguntándole lo motivos de su decisión, de ubicar las casillas electorales en los edificios municipales que comparten el espacio con el Departamento de Policía. Además de que la medida limita la entrada de las personas a los referidos edificios por la exigencia de una identificación válida, no toma en cuenta -¿o sí?-, las tensiones existentes entre la comunidad negra y la policía, que terminan intimidando a los electores de color.
La fuente brinda más datos: A principios de este año, 120 mil neoyorquinos fueron purgados “erróneamente” del padrón electoral antes de la elección primaria presidencial que tuvo lugar en abril. Un análisis encontró que curiosamente, las personas con apellidos latinos fueron purgadas del padrón en una tasa de 60 por ciento mayor que los demás.
De manera similar, “cambios a nivel estatal también pueden contribuir a este tipo de hiper-discriminación local”. Alabama comenzó a aplicar su legislación de identificación de votantes en 2014. “La ley requiere para votar, a los electores sin identificación con foto, que dos miembros de la mesa en la casilla den fe de la identidad del votante”. Pero en la práctica esto puede ser truculento, pues los miembros de la mesa pueden utilizar este requisito de forma arbitraria.
Por ejemplo, continúa el Times, “Giovana Ambrosio, una joven de 18 años de edad del condado de Franklin, Alabama, acudió a las urnas pero no pudo votar este año porque no podía conseguir la identificación requerida y no conocía personalmente a los funcionarios electorales en el lugar de votación. Su derecho a voto fue dejado totalmente a la discreción de los miembros de mesa locales”.
El reporte, Democracia Disminuida, de la N.A.A.C.P. (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color), y del Fondo Legal para la Defensa de la Educación, indica que los anteriores son sólo algunos de los muchos cambios a los procedimientos para votar, que son muy preocupantes.
Muchos de estos cambios locales y estatales ocurren en lugares cubiertos anteriormente por el Artículo 5 de la Ley de Derecho al Voto. Bajo la Sección 5, estados o ciudades con una larga historia de discriminación racial tenían que obtener un permiso del Departamento de Justicia o de un tribunal federal en Washington, DC, antes de poder hacer los cambios a los procedimientos para votar. También tenían que demostrar de antemano que sus cambios propuestos no tenían la intención de discriminar y no tendrían ese efecto.
Frente a la Suprema Corte de Justicia presionando para que se pronuncia contra leyes del votante restrictivas. Foto: ACLU.
Pero en 2013, después de que la Suprema Corte, en el caso Shelby v. Holder revocara esa disposición clave de la Ley de Derecho al Voto (artículo 5), los cambios de las Legislaturas locales ya no requieren del escrutinio federal antes de entrar en vigor. Esto ha dado como resultado, señala la fuente, “una mayor discriminación de votantes en los tres últimos años, desde que se emitió la decisión del tribunal, que declaró, con gran ingenuidad, que ‘las cosas han cambiado en el Sur’».
Si el referido Artículo 5 de la ley electoral no hubiera sido removido de su sitio, se habrían bloqueado los cambios a las leyes del voto, estatales y locales, que son discriminatorios.
Esto demuestra por qué el Congreso debe actuar inmediatamente para restaurar completamente la Ley de Derecho al Voto con toda su fuerza. Pero por desgracia, las enmiendas a la Ley de Derecho al Voto, diseñadas para discriminar, se hallan estancadas en el Congreso. “Los presidentes de la Cámara y los Comités de Justicia del Senado, el representante Robert W. Goodlatte de Virginia, y el senador Chuck Grassley de Iowa, respectivamente, se han negado a celebrar audiencias este año -a pesar de que ambos votaron para autorizar la Ley de Derecho al Voto de hace 10 años”.
Es inaceptable que ambos legisladores y el Congreso se nieguen a celebrar audiencias sobre dichos proyectos de ley, para que se detenga la discriminación en la votación antes de que suceda. “El Congreso tiene la obligación moral y constitucional para prevenir las consecuencias potencialmente devastadoras de estos cambios del voto en las comunidades minoritarias, en este año de elecciones y más allá”, concluye el Times■
