De la redacción

California atraviesa por una crisis de vivienda, como hemos publicado ampliamente en este espacio informativo, ante la cual el gobernador Gavin Newsom ha aceptado que se trata de su “más abrumador desafío”, como lo llamara a principios de año en su discurso sobre el estado de la entidad. Van aquí, a vuelo de pájaro, algunas iniciativas de ley que sobre el tema se han discutido recientemente en la Legislatura, y una oferta del mercado inmobiliario.

El gobernador de California, Gavin Newsom ha venido impulsando planes de desarrollo habitacionales para hacerle frente a la crisis de vivienda de las familias de bajos ingresos, y de los desamparados, principalmente en centros urbanos como San Francisco y Los Ángeles, y ha anunciado su intención de construir 3.5 millones de unidades habitacionales en el estado durante los próximos siete años.

Y es que de acuerdo con una encuesta reciente de Quinnipiac, citada por el periódico USA Today, “casi la mitad de los californianos dicen ya no poder permitirse el lujo de vivir en California”.

Ante dicho desafío la Legislatura de California respondió a las crecientes preocupaciones con aproximadamente 200 proyectos de ley que abordan dicha crisis, muchos de los cuales sin embargo no fueron aprobados.

Pero lo más notable de estos esfuerzos, dice la fuente, es que “el proyecto de ley 50 del Senado, que requiere que las ciudades permitan viviendas multifamiliares cerca de áreas densamente transitadas y ricas en empleos, se archivó hasta 2020”. Esto significa “un importante retroceso” en los planes del gobernador. No obstante, “varios importantes proyectos de ley de vivienda fueron aprobados por la Legislatura antes de que terminara el viernes la sesión legislativa de 2019”.

Por ejemplo, está el proyecto de ley 330 del Senado, o la Ley de Crisis de Vivienda de 2019, de la senadora estatal demócrata de Berkeley, Nancy Skinner, cuyo objetivo es “detener las barreras locales a la producción de viviendas”. Esta iniciativa de ley requiere “que las ciudades y los condados reduzcan el tiempo necesario para procesar los permisos de vivienda, limiten las tarifas y prohíban a los gobiernos locales imponer una moratoria sobre el desarrollo de dichas unidades habitacionales”, señala el USA Today.

Un informe documenta décadas de la política de control de rentas de la ciudad, incluida la introducción de una ordenanza de estabilización de rentas en la década de 1970. En la imagen: una marcha de control de alquileres de 1978 en el ayuntamiento de Los Ángeles, California. Foto: www.ucla.edu.

Curiosamente, Los Ángeles Times afirma hoy que el Consejo de Asesores Económicos del gobierno federal publicó un informe en el que «culpa a décadas de políticas equivocadas y erróneas… por imponer demasiadas restricciones al desarrollo y hacer que los precios de las viviendas subieran a niveles inaccesibles”. Y propone “eliminar las capas de regulación para que sea más fácil y económico construir más viviendas”.

Estas propuestas se parecen sin embargo a los infatigables esfuerzos de Trump para desmantelar las normas que regulan el gobierno, y en este caso al mercado inmobiliario. Y como se sabe, California ha sido blanco favorito de los diversos ataques de Trump, por las políticas de avanzada y por la resistencia del estado a las aviesas intenciones del gobierno federal para derogar medidas de protección, en este y otros rubros de la vida social y del medio ambiente.

En cuanto a la SB 330, una declaración de la oficina de Skinner dice que esta ley “se basa en la premisa de que muchas de las viviendas que necesitamos ya han sido planificadas por las comunidades locales. Pero esa vivienda no se está construyendo. De hecho, el número de permisos de construcción residencial en los primeros seis meses de este año se desplomó casi un 20 por ciento, en comparación con el mismo período en 2018″.

Paralelamente existe el tema del aumento máximo de las rentas.

En este renglón, el proyecto de ley de la Asamblea 1482, del asambleísta David Chiu, demócrata de San Francisco, “limitaría los aumentos anuales del alquiler al 5%, más la inflación”, y entraría en vigencia hasta enero de 2030.

Inicialmente este proyecto habría limitado los aumentos anuales de renta al 7%, y habría expirado en 2023; pero la propuesta se modificó después de que Newsom declarara que quería “una protección más fuerte para los inquilinos, y anunció un acuerdo con los legisladores para fortalecer la medida”.

La AB 1482 requeriría también que los propietarios proporcionen una «causa justa», para los desalojos, dice la fuente. Por su parte Newsom ha indicado que firmará el proyecto de ley, que enfrentó la oposición de la industria de bienes raíces. Además, AIDS Healthcare Foundation está recolectando firmas para introducir en la boleta electoral de noviembre de 2020 “una iniciativa estatal de control de rentas más estricta”.

Por otro lado, la compañía de alquiler de viviendas Airbnb dice que invertirá 25 millones de dólares en viviendas asequibles y otras necesidades de la comunidad, para aliviar una crisis de vivienda, “cuyo rápido crecimiento las empresas de tecnología han ayudado a exacerbar”, dice Los Angeles Times. Dichos fondos se dividirán entre el condado de Los Ángeles y el área de la bahía de San Francisco, donde los residentes están lidiando con las altas rentas y la falta de la vivienda.

Además, respecto a la preservación o creación de viviendas de alquiler por debajo de los costos del mercado, Airbnb aseguró que “destinaría fondos para promover la propiedad de la vivienda para hogares de ingresos bajos a moderados”, financiando «iniciativas significativas de infraestructura a través de bonos municipales y apoyando a pequeñas empresas a través de préstamos sustantivos■