De la redacción
Mientras estados como La Florida, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas, por mencionar sólo algunos, vieron un incremento récord de nuevos casos de coronavirus y el país registró el miércoles un promedio de más de 36 mil nuevos casos confirmados, en medio de la pandemia muchos estadunidenses están cada vez más preocupados por saber cómo la crisis del Covid-19 puede afectar su capacidad para ejercer el derecho al voto en noviembre.
Se ha visto con demasiada frecuencia en las últimas votaciones caos en las urnas por el uso de nueva y defectuosa tecnología para sufragar, o por lo menos desconocida para los funcionarios de casilla; filas más largas y menor participación de funcionarios electorales; reducción de lugares y de días con recorte de horarios para la votación, y una larga lista de distintas formas de supresión del voto.
Este martes los votantes que acudieron a las urnas en las primarias en Nueva York, Kentucky, Virginia y otros estados, pudieron ver cómo como la votación estuvo empañada por las largas filas de votantes que, preocupados por el coronavirus rampante aun así permanecieron en las filas hasta poder sufragar.
Fue impactante ver cómo en Kentucky los funcionarios electorales redujeron el número de lugares de votación, de 3 mil 700 a sólo 170, una reducción ¡del 95 por ciento! En Louisville, por ejemplo, que tiene la mayor población afroestadunidense de Kentucky, ¡sólo se abrió un centro de votación!, en el Centro de Convenciones. Y para colmo, los funcionarios de casilla cerraron el edificio a las 6 de la tarde, incluso cuando hasta 200 votantes estaban atrapados en el tráfico esperando encontrar lugares para estacionar su auto.
En una escena dramática transmitida por la television nacional, decenas de personas golpearon puertas y ventanas exigiendo poder entrar a ese edificio para ejercer su derecho al voto. El revuelo fue tal que hasta un juez tuvo que ordenar un aplazamiento de media hora, hasta las 6:30 pm, para permitir el ingreso de los votantes y que estos pudieran sufragar. Cosa que lograron.
En tanto, a través del Comité Nacional Republicano (RNC) el presidente Trump intensificó su movilización para suprimir millones de votos de las minorías, y dedicó 20 millones de dólares más a los esfuerzos de supresión del voto, como parte de los cientos de millones de dólares que han gastado combatiendo litigios por este concepto.
Además, el RNC está reclutando activamente un ejército de 50 mil «observadores electorales», que serán activados en 15 estados el día de las elecciones de noviembre. Estos «observadores electorales” crean confusión y desalientan a las personas que tienen derecho a votar, con tácticas de intimidación que como hemos visto ha demostrado ser efectivas y están diseñadas para evitar el voto particularmente de aquellos que pertenecen a comunidades marginas; como los votantes latinos, negros, inmigrantes, personas mayores y personas con discapacidades.
Hoy el blanco de los ataques de Trump se centra en la votación por correo, a la que justo en esta semana se refirió como “el mayor riesgo» para su reelección. Mientras tanto el Senado, controlado por los republicanos ha bloqueado tres proyectos de ley de seguridad electoral. Además, varios funcionarios electos del Partido Republicano incluso se han presentado en la Corte Suprema para impugnar la Ley de Derechos Electorales de 1965.
Según Priorities USA, una organización defensora del derecho al voto, “varias encuestas han mostrado un apoyo abrumador por una variedad de propuestas de votación por correo.
De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, aproximadamente 7 de cada 10 apoyan permitir que todos los votantes que quieran votar por correo lo hagan en las próximas elecciones. Y en los estados que ya tienen elecciones por correo, YouGov America descubrió que los votantes que tienen experiencia de primera mano con el voto por correo fueron aún más partidarios de expandirlo a todos los estados”.
El Boletín de Campo de Batalla (Battleground Bulletin) de Priorities USA dice que esta organización aumentó su inversión a 32 millones de dólares para defender el derecho de los estadunidenses al voto, en estos tiempos de la pandemia de COVID-19, impulsando su programa de litigios para abordar cuatro apartados clave de las leyes estatales del voto por correo:
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Incluir estampillas pagadas por el gobierno en todas las boletas, para que los votantes no tengan que pagar de su propio bolsillo.
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Asegurarse de que todos los votos enviados por correo en el día de las elecciones o antes sean contados, para que el voto de una persona no se vea afectado negativamente por cuestiones que escapan a su control, como el retraso del correo.
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Permitir que las organizaciones comunitarias recolecten y entreguen las boletas de votación por correo, para que nadie quede excluido porque no puede acceder al buzón.
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Reformar o eliminar las leyes de correspondencia de firmas que se han utilizado de manera desproporcionada para invalidar los votos de los votantes de color.