Actividades de limpieza de la Semanart en el Río Bacanuchi, en Sonora. Foto. TV Azteca.
Los 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico provinieron de los desechos de la minera Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México. Esta minera es parte de un problema universal mayor, el de la contaminación que causa a suelos y al agua la industria extractiva, o la minería, de la que numerosos estudios científicos se han encargado de demostrar su carácter nocivo para el medio ambiente y la salud humana.
De la Redacción
A poco más de tres años de una de las mayores tragedias ecológicas de México, ocurrida con el derrame “accidental” (el entrecomillado es de ecosfera.com) de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al Rio Bacanuchi, que luego se esparció al Río Sonora afectando a decenas de miles de personas de esa zona habitada por los ancestrales grupos indígenas yaquis y mayos principalmente, no es sino hasta ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana decidió atraer el caso (7/7/17).
Dicho caso surge de una demanda interpuesta por la organización civil, Defensa Colectiva, contra el Grupo México, para determinar que la empresa es autora y responsable de ese desastre ambiental y tiene que reparar los daños, dice por su parte el periódico La Jornada este fin de semana.
Los 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico provinieron de los desechos de la minera Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México. Esta minera es parte de un problema universal mayor, el de la contaminación que causa a suelos y al agua la industria extractiva, o la minería, de la que numerosos estudios científicos se han encargado de demostrar su carácter nocivo para el medio ambiente y la salud humana; por las maneras de extraer los minerales y otros productos del subsuelo, con sistemas de perforación que arrasan a cielo abierto y erosionas la tierra destruyendo entre otras cosas las posibilidades para la agricultura, uno de los tradicionales sustentos de los habitantes de la zona, y contaminando paralelamente los mantos acuíferos que sacian las necesidades de poblaciones enteras.
El grupo México es un poderoso consorcio económico, propietario de Buenavista del Cobre, que surge con la llegada de las políticas de privatización características del neoliberalismo, esa etapa del capitalismo –salvaje- que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos frente a las prácticas rapaces del libre mercado, y que arranca formalmente en México con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia.
Por su parte, La Jornada señala que el conflicto se le va de las manos a las autoridades por “la incompetencia de los gobiernos federal y estatal en la resolución del problema ecológico”. Esto hace, dice, que el ministro del máximo tribunal colegiado, José Ramón Cossío Díaz haya resuelto atraer la demanda contra Grupo México”.
Una de las primeras medidas para intentar reparar los daños ecológicos de dicha derrama de ácido al Río Bacanuchi fue la creación de un fideicomiso con la aportación de 2 mil millones de pesos por parte de los propietarios de la minera, destinados “a la reparación y compensación de los daños ambientales y de la salud, causados por el derrame de químicos tóxicos”. Pero a pesar de haberse gastado ya el 60 por ciento de dichos fondos, “no ha habido saneamiento del río”, sostiene la fuente.
La Secretaría de Gobernación (SG) confirmó que los fondos otorgados por la minera al fideicomiso, y administrados por la Secretaría del Medio Ambiente y la subsecretaría de Planeación y Política Ambiental habían sido bloqueados.
Sin embargo, el delegado de la SG en Sonora acotó: “los gobiernos federal y estatal se han coordinado para realizar acuerdos con los alcaldes y representantes de los pueblos, paralelos a los compromisos con la empresa minera”, a fin de sacar avante la situación económica de los municipios afectados.
“No estamos condonando responsabilidad a ninguna empresa, como tampoco podemos estar estancados en un lamento”, acotó Wenceslao Cota Montoya, delegado de la SG, de acuerdo con La Jornada. “El fideicomiso no está en funciones, no tiene ninguna operatividad, aunque la gente siga necesitándolo”.
Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Cofepris), se ha comprobado que 381 personas entre los analizados mantienen residuos peligrosos del ácido sulfúrico en su organismo. Las autoridades, dice la agencia federal, impusieron una multa de 20 millones de pesos adicionales al fondo del fideicomiso, “lo que equivale a menos de 0.2 por ciento de los ingresos que tuvo la empresa el año pasado.
Además, los afectados por esas altas concentraciones de metales pesados en su organismo, “aún no reciben atención médica especializada ni se han activado las plantas potabilizadoras de agua que se comprometieron como parte de la reparación del daño. Es por eso que los habitantes de la zona afectada continúan bebiendo agua contaminada■
