De La Redacción
Fidel Sánchez y otros líderes aliancistas afirman que entre hoy y mañana martes se definirán los detalles de la campaña de boicot internacional en Estados Unidos, para evitar la compra de frutas, legumbres y hortalizas que son exportadas desde el valle de San Quintín, en protesta por la violación de derechos humanos y laborales contra los campesinos. Avanzan ya pláticas con organizaciones y sindicatos en Estados Unidos, que buscan sumar al boicot.
Los jornaleros del valle de San Quintín, Baja California demandan a las autoridades estatales y federales dar atención médica a unos 80 campesinos agredidos el sábado por la policía local, que resultaron heridos en la represión a familias de cuatro colonias de la delegación Vicente Guerrero, violentadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva. Estos irrumpieron en sus hogares entre las cinco y seis de la mañana del sábado pasado, dejando un saldo de 70 personas heridas de balas de goma, toletazos y golpizas brutales, pero sin registrarsee decesos, reporta el periódico mexicano, La Jornada.
A través de dirigentes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, los jornaleros piden la liberación de 11 detenidos en la reyerta, y otros dese el pasado 17 de marzo, por lo que piden también la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uno de estos líderes, Fidel Sánchez dijo a la fuente haber solicitado ya a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que promueva la destitución del gobernador de esa entidad, Francisco Vega de Lamadrid, como lo hiciera dicha comisión recientemente en el caso del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Sánchez y oros líderes aliancistas afirman que entre hoy y mañana martes se definirán los detalles de la campaña de boicot internacional en Estados Unidos, para evitar la compra de frutas, legumbres y hortalizas que son exportadas desde el valle de San Quintín, en protesta por la violación de derechos humanos y laborales contra los campesinos. Y avanzan ya pláticas con organizaciones y sindicatos en Estados Unidos, que buscan sumar al boicot, sostuvo Sánchez.
Una nueva Central de Trabajadores, de la que forman parte la Alianza de Tranviarios de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), convocó a través de un comunicado a un mitin de solidaridad con los jornaleros agrícolas para este lunes 11 de mayo, frente a la representación política del gobierno de Baja California en la ciudad de México.
En cuanto a los sucesos violentos del sábado pasado, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California negó el uso excesivo de la fuerza, por parte de los agentes de la Policía Estatal Preventiva, los disparos con arma de fuego que se le adjudican, y el acoso directo y allanamiento a las humildes moradas de los residentes de esos asentamientos en San Quintín.
Trascendió que tras la movilización nacional e internacional de los jornaleros, el gobierno de Baja California procedió a reanudar las negociaciones con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal. Se fijó para el diálogo que presuntamente se reanuda hoy lunes una agenda con algunos de los siguientes puntos: retirar el bloqueo al acceso a las colonias en donde ocurrió el enfrentamiento: Lomas de San Ramón, San Juan Copala, 13 de mayo y Díaz Ordaz; la instalación de una agencia del Ministerio Público del Fuero Común en el Centro de Salud de Vicente Guerrero, donde la alianza podrá llevar a los lesionados.
Además, liberar a 11 personas detenidas el 9 de mayo, de las cuales tres menores salieron libres al mediodía del domingo, y también liberar a Agustina Luna Santos, detenida por negarse a dar a las autoridades la dirección y el número telefónico de un líder social.
Este acuerdo sucedería cuando los líderes aliancistas, Fidel Sánchez, Justino Herrera, Fermín Salazar, Juan Hernández y Bonifacio Martínez dialogaran públicamente en un estacionamiento de un centro de salud con el subsecretario del Gobierno del Estado en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez. Allí el funcionario exoneró presuntamente de los hechos violentos que se imputaban a los dirigentes de la alianza campesina, y reconocería que “se infiltraron en su movimiento gente de no buenas intenciones”, para boicotear la presión de los jornaleros para reanudar la mesa del diálogo en San Quintín.
El funcionario invitó a los jornaleros heridos a presentar denuncias ante la agencia del Ministerio Público, y se comprometió a llevar ante la justicia a los individuo que resulten responsables de los hechos violentos■
