Foto: Heidi de Marco / KHN.

Algunos médicos y clínicas informan a los pacientes sobre una propuesta que podría poner en peligro la situación legal de los inmigrantes que utilizan programas públicos como Medicaid. Otros argumentan que, debido a que la política de “carga pública” no es definitiva y puede que nunca sea adoptada, proporcionar demasiada información podría crear una alarma innecesaria y hacer que algunos pacientes renuncien a sus beneficios.

Por Ana B. Ibarra
California Healthline

Mientras la administración Trump decide si adopta una controversial política que podría poner en peligro el estatus legal de los inmigrantes que utilizan programas públicos como Medicaid, doctores y clínicas dudan sobre informar a los pacientes de lo que es un riesgo potencial que podría asustarlos innecesariamente y provocar el abandono de su cobertura o de la atención médica.

«Estamos caminando una línea muy delgada», explicó Tara McCollum Plese, directora de asuntos externos de la Arizona Alliance for Community Health Centers, que representa a 176 clínicas. «Hasta que no haya confirmación de que ésta va a ser la política, no queremos crear angustia ni preocupación».

Sin embargo, dijo que si los inmigrantes vienen a una clínica preguntándose si el uso de Medicaid puede afectar su estatus legal, personal capacitado responderá a sus preguntas.

Otros proveedores prefieren preparar a sus pacientes de manera proactiva en caso que se adopte la propuesta. En Asian Health Services, un grupo de clínicas en el condado de Alameda, California, el personal distribuye hojas informativas sobre los cambios propuestos, ofrecen actualizaciones a través de su boletín para pacientes, y organizan talleres donde los pacientes pueden hablar con expertos legales en varios idiomas asiáticos.

«No podemos quedarnos sentados», dijo la directora ejecutiva, Sherry Hirota. «Le dedicamos atención a esto porque es parte de nuestro trabajo como centro de salud comunitario; no sólo se trata de estar ahí cuando tienen cobertura, sino estar ahí siempre», incluso cuando esa cobertura está en peligro, añadió.

La propuesta de «carga pública», bajo las política migratoria, que está a la espera de una acción final por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permitiría al gobierno federal considerar el uso de una lista extendida de programas de beneficio público por parte de los inmigrantes; incluido Medicaid, CalFresh y la Sección 8 de la vivienda, como una razón para negar la residencia permanente también conocida como green card.. Medicaid es el programa de seguro de salud federal y estatal para personas de bajos ingresos.

Actualmente a ciertas personas se les considera una “carga pública” si dependen de la asistencia en dinero efectivo (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Seguridad de Ingreso Suplementario), o si necesitan ayuda federal para pagar por cuidado de largo plazo.

Si la norma entrara en vigor, podría obligar a los pacientes a elegir entre la atención de salud y su oportunidad de obtener una green card, señaló McCollum Plese. «Y la mayoría probablemente renunciará a los servicios», dijo.

La regla no sería retroactiva, lo que significa que no tendría en cuenta el uso de beneficios públicos como Medicaid en el pasado, según expertos legales.

Pero los centros de salud y los proveedores médicos saben que si hablan de esto con los pacientes se arriesgan a asustarlos, para tomar decisiones prematuras sobre sus beneficios, incluyendo la suspensión de la cobertura.

Algunos pacientes inmigrantes ya están faltando a sus citas médicas por miedo a la regla propuesta, según informan proveedores y activistas comunitarios.

«Por ahora, nuestro enfoque ha sido corregir la desinformación, y no necesariamente crear conciencia entre aquellos que no han oído hablar de los cambios potenciales», dijo Erin Pak, directora ejecutiva de KHEIR Center, un grupo de clínicas con tres sedes en Los Ángeles. «Esta es una propuesta que se basa en el miedo y los malentendidos, por lo que queríamos ser cuidadosos sobre cómo y cuándo involucrar a los pacientes en el tema, dado que nada se ha convertido en ley».

El DHS está revisando más de 200 mil comentarios del público antes de emitir una normativa final. Incluso es posible que el departamento no adopte la regla en absoluto, dicen expertos en estas leyes.

En el KHEIR Center, los pacientes son predominantemente inmigrantes coreanos, un grupo que es muy consciente de la propuesta de carga pública debido a la cobertura que ha recibido en los medios de comunicación en idioma coreano, según Kirby Van Amburgh, director de asuntos externos del centro.

Otros grupos que reciben atención en la clínica, como inmigrantes latinos y bengalíes, no han hecho demasiadas preguntas, dijo.

El personal capacitado responde las preguntas de los pacientes de manera individualizada y distribuye una hoja informativa cuando es necesario.

El mes pasado el plan de salud de L.A. Care, que cubre a más de 2 millones de personas inscritas en Medicaid en el condado de Los Ángeles, organizó un seminario en internet sobre carga pública para unos 180 proveedores. David Kane, abogado de Neighborhood Legal Services of Los Angeles dirigió el evento e instó a los médicos a decirle a los pacientes preocupados que nada ha cambiado todavía, y que la mayoría de los inmigrantes no se verían afectados.

También explicó que, si el gobierno federal adopta la normativa, ésta no entrará en vigor inmediatamente. Lo más probable es que haya un período de gracia de 60 días antes que los cambios estén en marcha, aseguró Kane. Después de eso, la aplicación de la regla podría demorarse aún más en los tribunales.

John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care, quien ha criticado la propuesta de carga pública, dijo que su organización ofreció el seminario en internet debido a los cerca de 170 mil inmigrantes legales que forman parte de su plan, y que podrían verse afectados.

«Creo que tenemos que hacerle saber a la gente lo que puede ocurrir, y tratar de darles información más precisa para que no actúen de manera imprudente», indicó Baackes. Para ello, «tenemos que estar al día»■
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Esta historia fue producida por Kaiser Health News (KHN), que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de California Health Care Foundation. KHN no está afiliada a Kaiser Permanente.