De la redacción
Como se pudo observar, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de su brazo ejecutor, el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lanzó en 2020 una muy agresiva campaña terrorista, de persecución, arresto y deportación contra cientos de inmigrantes indocumentados y contra ciudades ‘Santuario’.
Como se sabe, las ciudades Santuario son aquellas jurisdicciones cuyas fuerzas policiales locales no cooperan con los agentes de Inmigración en el arresto de los inmigrantes, ni en su retención en las cárceles locales una vez terminadas sus condenas para posteriormente ser deportados; a menos que se trate de ofensores de crímenes mayores o violentos, como asesinatos o violaciones, y que en el allanamiento los agentes federales cuenten con una orden firmada por un juez contra individuos específicamente mencionados por su nombre.
De esta suerte, organizaciones defensoras de los inmigrantes sometieron una demanda contra DHS y ICE por haber intensificado sus redadas fuera del alcance del ‘radar’ del escrutinio público, con tácticas que crearon terror -o sea, terroristas- en las comunidades inmigrantes, con una operación a escala nacional contra las ciudades santuario, dice Línea Abierta, el programa estelar de noticias de Radio Bilingüe.
“Los demandantes buscan obtener acceso a los registros de los arrestos, e información relacionada con una serie de redadas de ICE en ciudades santuario en todo el país, y la forma en que las agencias eligieron sus objetivos… O sea, las ciudades a golpear para dicho operativo, realizado en febrero de 2020 y que tuvo como nombre oficial, ‘Operación Palladium’”, señala Samuel Orozco, Director de Noticias de Radio Bilingüe.
José Chapa, Asociado Principal de Políticas para el Proyecto de Defensa del Inmigrante, con sede en Brooklyn, Nueva York, platicó sobre el tema con Orozco, en este programa Línea Abierta. El Immigrant Defense Project es una de las dos organizaciones demandantes. La otra organización demandante es el Centro por los Derechos Constitucionales / Center for Constitutional Rights.
“La ‘Operación Palladium’ comenzó en 2020 y es la culminación del escalamiento de los ataques de esta administración Trump contra los inmigrantes y la ciudades santuario… en las primeras semanas del año pasado vimos un incremento del 400 por ciento en la actividad de las redadas de ICE…” afirmó Chapa.
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A pesar de que la detención de inmigrantes indocumentados por parte de ICE es una práctica de terror que muchos asumen como una de las formas más crueles del racismo, con frecuencia se desconoce el alcance pernicioso y duradero de sus consecuencias no sólo físicas, sino en particular para la salud mental de los afectados, miembros de comunidades trabajadoras que buscan un futuro mejor para sus familias y que con su trabajo contribuyen grandemente a la riqueza de este país.
En este programa de Línea Abierta que aquí se reseña, se reporta la suerte de una familia inmigrante en el estado de Washington cuyo proveedor fue detenido por ICE durante 17 meses en el Centro de Detención del Noroeste, en Tacoma (NWDC), sólo por ser inmigrante indocumentado. Además de su confinamiento, o precisamente por él, el arresto tuvo serias consecuencia para la salud y la economía de esta familia.
Tal es la suerte que corrió el maestro mecánico automotriz, René Ramírez Alatorre, “quien estuvo encarcelado durante más de un año y medio sólo por su estatus migratorio. Ahora tras muchos esfuerzos y angustias por las que pasó la familia, se ha reunido con su esposa y sus cuatro hijos después de ser liberado debido al alto riesgo de Covid-19”, dice Samuel Orozco en referencia a este invitado de Línea Abierta.
–¿Cuáles fueron las consecuencias de la separación para su familia y su comunidad? –pregunta Orozco.
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René abrazando a Ema en el momento que sale del Centro de Detención del Noreste.
René Ramírez era pues quien proveía a la familia hasta el día de su arresto y confinamiento en el centro de detención de ICE (NWDC). Pero a partir de ese momento, Ema Mendoza, la esposa de René asumió por imperiosa necesidad las riendas de la casa. De modo que los 17 meses sin René transcurrieron para Ema y sus hijos con mucha dificultad. Porque el trabajo de su marido es el de un mecánico, y el taller tuvo que cerrar ya que René lo atendía. Y el hecho de que Ema pudiera mantenerlo funcionando se complicó, sobre todo por tener que atender a los hijos y a la casa, contratar y pagar honorarios de un abogado para sacar a René de la prisión de ICE.
Y aunque la puesta en libertad de René llenó de felicidad a la familia, sobre todo al hijo más pequeño, todos han quedado con secuelas que en distinto grado poco a poco cada uno va tratando de sobreponer, de dejar atrás. Sin embargo, ha sido duro, dice la mujer.
Como ha de suponerse, para curar estas heridas emocionales es necesario el apoyo, a fin de recibir un tratamiento adecueado que los ayude a salir del atolladero, más aún en estos tiempos de pandemia.
–Ema, ¿han recibido alguna ayuda, para tratar esta ansiedad, este estrés, estos insomnios, estos sustos?
«Para ellos fue muy difícil, muy duro. Todos tuvieron que estar en terapia. Tengo una muchachita de 16 años… que varias veces le dijo a la sicóloga que había momentos en los ella quería suicidarse…”.
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