en una de las movilizaciones de MoveOn en el pasado reciente. Foto: Moveon.org

De la redacción

La emergencia nacional declarada por Donald Trump es considerada ampliamente como una burla al Congreso. La apropiación de fondos federales extraídos de programas destinados a otras necesidades del gobierno, cuya aprobación corresponde exclusivamente al Congreso, es el último controvertido intento del presidente para desviar miles de millones de dólares a la construcción de un muro considerado “inútil y racista”.

Durante el fin de semana MoveOn organizó 250 marchas y protestas en 47 estados, y más de 20 mil personas se han inscrito para asistir a dichas movilizaciones que tendrán lugar durante todo este lunes 18 de febrero, a fin de desnudar la presunta crisis humanitaria en la frontera con México, fabricada por Trump y detener sus polícas antinimigrantes..

El proyecto de ley de «compromiso», que el Congreso pasó no incluía los 5 mil 700 millones de dólares para un muro, a pesar de que hizo concesiones inaceptables a Trump y al Partido Republicano para ampliar los centros de detención de inmigrantes. También completó otros seis proyectos de ley de asignaciones para financiar aproximadamente el 25 por ciento del gobierno federal que cerró durante 35 días.

Tras semanas de deliberaciones y amenazas de Trump, el comité de la conferencia bipartidista sólo aprobó mil 375 millones de dólares para aproximadamente 55 millas de nuevas barreras físicas, basadas en diseños de la era anterior a Trump, en el sector del Valle del Río Grande.

Y no obstante Trump le dio la espalda al pueblo estadunidense y al proceso democrático, y declaró una emergencia nacional completamente infundada para apaciguar a sus fanáticos seguidores y aplacar el hostigamiento de los “expertos” de Fox News.

De acuerdo con Político, de CNN, Inmigración y Control de Aduanas (CE), y la corporación de Protección de Fronteras (CBP) verán incrementar su presupuesto un 7 por ciento mas o menos, lo que elevaría el financiamiento de estas agencias a aproximadamente 7 mil 600 millones y 15 mil millones de dólares, respectivamente. Además, el acuerdo financiaría un promedio anual de 45 mil 274 camas de detención, lo que representa un aumento del 12% sobre los niveles financiados en el año fiscal 2018. O sea, una concesión significativa pero por debajo de las 52 mil camas que Trump había solicitado. Según la fuente, ICE estaba deteniendo a 48 mil 502 personas a partir del 2 de febrero, con un promedio anual de 45 mil 814 detenidos bajo su custodia.

Por otro lado, una medida dentro del proyecto de ley prohibiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detener o deportar a un patrocinador potencial o miembro de la familia de un menor no acompañado, excepto a aquellos patrocinadores con condenas por delitos graves o personas vinculadas a empresas que emplean a menores por menos de un salario legal o que involucran la prostitución.

Además, la legislación prohibiría el uso de restricciones en mujeres embarazadas bajo custodia del DHS, con excepciones para riesgos de vuelo y personas que podrían dañarse a sí mismas o a otras personas.

Según se informa, ICE sopesó las directrices sobre el uso de tales restricciones en diciembre pasado. La agencia rescindió una política de la era de Obama a finales de 2017 que pedía la liberación de las mujeres embarazadas. En cambio, la nueva guía de ICE convirtió la aplicación de dichas restricciones en una decisión caso por caso.

Los demócratas continuaron argumentando que el proyecto de ley «establece la intención del Congreso» de reducir la población detenida a 40 mil 520 para fines del año fiscal. Ninguna cláusula dentro del proyecto de ley lo hace obligatorio, pero los demócratas dicen que ICE necesitará reducir los niveles de detención para llegar a un promedio anual de 45 mil 274 camas.

Aun así, ICE conservará la capacidad de reprogramar fondos, lo que una oficina republicana involucrada en las negociaciones legislativas afirmó que permitiría a la agencia detener a 58 mil 500 personas durante el año.

“No permitiremos que el poder ilegal de Trump se oculte en el silencio. Es por eso que, en coordinación con nuestros socios, estamos lanzando nuestra Red de Respuesta ante Crisis», una red nacional de miembros de MoveOn y aliados que están listos «para salir a las calles a defenderse”, dice el comunicado.

Cientos de protestas se están arrancando ya en comunidades grandes y pequeñas de todo el país, llamando la atención de los medios de comunicación, el Congreso y el propio Trump, con un mensaje claro: “Estamos al lado de las comunidades de inmigrantes y refugiados atacadas por la demagogia racista de Trump. No hay emergencia. El Congreso y los tribunales deben tomar medidas inmediatas para anular esta acción ilegal”.

Con cada hora que pasa, decisiones que MoveOn dice estar tomando “sobre qué tan grande podemos llegar y cuántos anuncios podemos publicar para reclutar gente a estos eventos”, se hallan acompañadas de una campaña de recaudación para hacerle frente a los gastos de dicha movilización en el terreno y los medios de comunicación. “Necesitamos alquilar escenarios y equipos de audio, imprimir y enviar carteles, configurar transmisiones en vivo y ejecutar anuncios de Facebook, para asegurarnos de que la gente se presente y se coordine con los miembros de MoveOn en todo el país que realizan estos eventos.

La declaración de emergencia de Trump muestra cuán lejos está dispuesto a llegar para obtener lo que quiere, y qué poca consideración tiene hasta con los fundamentos más básicos de esta democracia. Incluso algunos republicanos están alarmados, debido al precedente que establece dicha declaración de emergencia nacional.

Pero Trump está avanzando, arrasando todo a su paso. ¿Y quién pagará el costo si Trump tiene éxito? Con toda seguridad, como se ha visto, serán las comunidades inmigrantes, ya atacadas por las políticas inhumanas y racistas del presidente, concluye la fuente■