De la redacción
Aunque otros estados en el interior del país activaron ya antes este recurso, San diego, California es el primer condado a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos en aprobar un programa piloto que financiará la representación legal de los migrantes que enfrentan la deportación. Organizaciones comunitarias aplauden la medida.
En una votación reciente de 3 contra 2, y después de escuchar casi dos horas de comentarios públicos la Junta de Supervisores del Condado San Diego, California, aprobó la propuesta de un programa piloto de destinará un fondo de 5 millones de dólares para los gastos de representación legal de miles de inmigrantes indocumentados que se hallan en la ruta de la deportación.
Durante una reunión virtual de la referida junta, la supervisora del condado, Terra Lawson-Remer dijo al semanario Newsweek que «Cuando vemos una desigualdad como esta, una desigualdad que va en contra de los derechos garantizados por la Constitución de Estados Unidos y respaldados por la Corte Suprema… nuestro sistema de justicia debe basarse en hechos y en la ley, no en el acceso a la riqueza… debemos tomar medidas».
Lawson-Remer presentó la propuesta del programa piloto la semana pasada, que cuenta con el apoyo del presidente de la junta, Nathan Fletcher, quien dijo el martes que pensaba que «apoyar el programa era lo correcto para nosotros… La comunidad de inmigrantes ha dado mucho más al condado de San Diego de lo que jamás han recibido… Apoyo plenamente el esfuerzo que estamos haciendo aquí».
con todo, ni Lawson-Remer ni Fletcher están solos en esto. Muchas organizaciones comunitarias que defienden los derechos de los inmigrantes indocumentados en la frontera aplaudieron la medida, que aunque no es la primera en la nación, sí lo es en la frontera méxicoestadunidense.
“Le damos la bienvenida a esta medida, porque busca brindar apoyo de representación legal a los migrantes que enfrentan la deportación, algo que es esencial porque en San Diego solamente son alrededor del 17 por ciento de las personas detenidas -por ICE- cuentan con representación legal”, dijo a Noticiero Latino Pedro Ríos, director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos /The American Friend Services Committee (AFSC).
Fundado en la ciudad de San Diego en 1917, AFSC tiene oficinas de representación en otras partes del país y del mundo, sostuvo Ríos.
“El programa piloto del Condado de San Diego, inicia con 5 millones dólares para ayudar a los migrantes sin o con pocos recursos”, agregó Ríos; “la medida aprobada por el condado permite el espacio político para que otros condados y ciudades también sigan los mismos pasos. Muchas de las personas detenidas tienen familias en Estados Unidos, y la deportación de una sola persona afecta a muchas más personas cuando esa deportación genera la separación familiar”.
El voto de la junta fue también elogiado por la Iniciativa Seguridad y Equidad para Todos (SAFE), del Vera Institute of Justice, que impulsa el acceso a la representación de todos los migrantes en Estados Unidos ante una posible deportación.
Liz Kenney, directora asociada del programa de SAFE, dijo en un comunicado reproducido por Newsweek que “al avanzar con el programa piloto, el condado del sur de California se unió a un movimiento creciente de ciudades, condados y estados de todo el país que luchan por la dignidad, la libertad, y el debido proceso de los inmigrantes en riesgo de deportación”.
Además, algo a destacar, continúa Ríos, es que “la iniciativa del programa piloto, que fue impulsada por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU, lo hizo con ayuda de nosotros y de un consorcio de más de 50 organizaciones que estuvimos a favor de la medida. Por nuestra parte, presentamos comentarios a favor, por escrito y a través de un testimonio”. Las otras organizaciones habrían hecho lo propio, y algunas de cuyas propuestas fueron recogidas en la iniciativa.
¿Es este monto suficiente para encarar el problema de la falta de representación legal de los indocumentados en vías de deportación?
“Los 5 millones de dólares no serán suficientes para ayudar a todas las personas que enfrentan una deportación, pero como programa piloto es un gran inicio para asegurar que muchas personas en riesgo de la deportación tengan recursos para evitarlo”, afirmó enfático Pedro Ríos.
Y ahora que la medida fue aprobada, “el próximo paso es que se tiene que aceptar un presupuesto, lo cual tiene fecha para el 16 de junio, a través de una audiencia de la mesa de supervisores del Condado de San Diego, en donde tendrán que aprobarlo de manera que incluya fondos para esta medida”, señaló Ríos. “Si se aprueban los fondos en junio, entones para finales del año se implementarán, para lo cual tendrán que haber desarrollado un plan que difunda la información del programa a los migrantes detenidos”.
En un comunicado de prensa la defensora de los derechos de los inmigrantes y asuntos binacionales de ACLU para los condados de San Diego e Imperial, Esmeralda Flores dijo a Newsweek que «Al garantizar que las personas confinadas en el Centro de Detención de Otay Mesa tengan acceso a una representación legal vital, el programa garantizará que las personas tengan una oportunidad justa de reunirse con sus familias, ganar su libertad y buscar alivio de la deportación».
Lawson-Remer dijo a la fuente que el 80% de los migrantes detenidos en el condado de San Diego no pueden pagar ayuda legal. Y tras la votación de la junta, publicó un video en Twitter celebrando la votación para aprobar su propuesta■