La Orden Ejecutiva de la administración Trump, fue citada en una comparecencia sobre su impacto en las comunidades de primera línea. Foto: We Act for environmental justice.
Continuando con su proyecto para desmantelar regulaciones de administraciones federales anteriores, el presidente Trump anunciará hoy su plan para desregular una de las leyes más importantes que protegen el medio ambiente. Y hoy anunciará restricciones a la Ley Nacional de Política Ambiental. La desregulación propuesta tendrá un impacto descomunal sobre todo en los vecindarios de bajos ingresos, que ya están expuestos de manera desproporcionada a los peligros ambientales.
Mientras doctores (as) y enfermeras (os) en muchos hospitales de la nación luchan denodadamente contra la peor pandemia de la historia moderna sin el suficiente Equipo de Protección Personal (PPE), que han venido reclamando desde el principio de la pandemia de Covid-19 exponiendo por tal motivo sus propias vidas, la administración Trump tomará cientos de millones de dólares que al erario público le llevaron casi una década en ahorrar.
Se espera que hoy miércoles Trump anuncie los cambios finales la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), lo que acortará los tiempos de revisión pública de los proyectos federales de infraestructura para acelerar la autorización de autopistas, plantas de energía y gasoductos; industrias propiedad del sector privado en un 80 por ciento, que contribuyen más a la contaminación del aire y el medio ambiente.
Como hemos dicho en repetidas ocasiones en estas mismas páginas informativas, la carrera de Trump por desmantelar regulaciones que protegen al medio ambiente es inaudita. Hasta la fecha, el presidente se ha movido para anular 100 reglas que protegen el aire y el agua limpios, y otras más que apuntan a reducir la amenaza a la humanidad con el cambio climático.
Los argumentos de Trump se basan en que los largos procesos para otorgar permisos a las referidas industrias contaminantes, “han retrasado importantes proyectos de infraestructura en todo el país, incluida una expansión de carriles a la Interestatal 75 en Georgia”, reporta por su parte The New York Times.
Entre tanto, trascendió hoy que las emisiones globales de metano, un potente gas de efecto invernadero, se dispararon a un máximo histórico en 2017, el año más reciente para el que se dispone de datos a nivel mundial según investigadores enfocados en la materia. Advirtieron que el aumento, impulsado por las fugas de combustibles fósiles y la agroindustria, seguramente continuará a pesar de la desaceleración económica provocada por la crisis del coronavirus.
Y es que el martes se dieron a conocer los últimos hallazgos sobre el tema en revistas científicas que exponen cómo el metano representa una amenaza creciente para frenar las emisiones de dióxido de carbono y metano que causan el devastador efecto invernadero, la principal causa de advertencia global, de acuerdo con Rob Jackson, un científico de la Universidad de Stanford que dirige el Proyecto Global de Carbono, autor de que realizó la referida investigación.
Vale anotar que legisladores republicanos, la industria del petróleo y el gas, las empresas de construcción, y constructores de viviendas y otras empresas han venido presionando a Trump para que acorte los tiempos de revisión de sus proyectos, porque toman a la administración federal demasiado para ser aprobados, y acusan a los grupos ambientalistas de usar NEPA para los proyectos del sector privado.
La administración Trump ha venido presionando a los gobernadores republicanos para envíen cartas al gobierno federal que exalten los referidos proyectos de la iniciativa privada, y reclamen los retrasos debidos a las regulaciones de NEPA.
De salirse con la suya, la desregulación propuesta por Trump tendrá un impacto descomunal sobre todo en los vecindarios de la gente de bajos ingresos, que ya están expuestos de manera desproporcionada a los peligros ambientales.
“Los efectos contaminantes de un nuevo incinerador de desechos tóxicos o una expansión del puerto o una carretera que atrae mucho tráfico no pueden considerarse de forma aislada en vecindarios que ya tienen un gran número de sitios industriales”, dijo a principios de junio Kerene N. Tayloe, directora de asuntos ambientales federales en WE ACT for Environmental Justice, un grupo de defensa del medio ambiente■
