Concepto de refugiado. Silueta de una familia de refugiados, una madre desesperada con niños en el fondo de la frontera. Foto: dreamstime.com.

Marco Vinicio González

El gobierno federal acaba de anunciar una nueva política que incluye la prohibición de tránsito de asilo, brinda visas o niega el asilo a migrantes de cuatro nacionalidades (cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos) “si en otros países no se les aprueba una petición previa de permiso humanitario», para poder ingresar a Estados Unidos, con consecuencias «similares a la política de la administración Trump”, dice Línea Abierta.

–¿En qué consiste y cómo impactará esta nueva política a los solicitantes de asilo de América Central, El Caribe y otros lugares? -pregunta Chelis López, conductora de este programa radiofónico.

La Directora de Programas de Alianza Américas en Chicago, Elena Olea acusa una creciente preocupación por el incremento de personas llegando a la frontera sur de Estados Unidos, en particular de las cuatro nacionalidades mencionadas, cruzando de manera irregular.

Dado que se mantiene el Título 42 mientras hay un litigio pendiente que prohíbe a las personas una vez que ingresen de manera irregular quedarse en Estados Unidos y pedir asilo, esto es lo que ha dicho que va a hacer la administración Biden:

“Si vamos a seguir el programa que empezó con Venezuela –que se llama Parole-, y las personas de estas cuatro nacionalidades pueden solicitar este permiso de viaje, no tienen que tener una visa previa pero sí necesitan identificar un patrocinador, que puede ser un ciudadano o residente en Estados Unidos, incluso si está en el proceso de solicitud de asilo. Alguien que va a asumir el costo económico de su manutención y que responde por la persona que solicita ingresar”.

Con esta visa la persona puede entrar al país, solicitar un permiso de trabajo por dos años, o ya estando en Estados Unidos puede pedir asilo. “Se tratar de descongestionar la frontera sur; además, las personas tienen que entrar por vía aérea, no pueden hacerlo por vía terrestre. Y luego de la fecha de promulgación de esta política las personas no pueden haber cruzado la frontera, para ingresar a Panamá o a México, de manera irregular”.

–¿Cree que esta nueva política limitará la migración irregular, creará procesos más seguros y ordenados para quienes salen de sus países por una crisis humanitaria?

“El problema es que a la par con que se establece esta posibilidad del parole, se dice que si personas de estas cuatro nacionalidades llegan a ingresar a Estados Unidos de manera irregular, bajo ningún caso se les va a permitir pedir asilo y van a ser expulsados”.

Con esto se cierra la posibilidad existente hasta el momento para los nacionales de dichos países, a fin de quedarse en Estados Unidos pidiendo asilo. “Son las drásticas consecuencias de esta nueva medida, que habría podido facilitar el ingreso sin necesariamente castigar a quien ingresa de manera irregular. Pero estas dos políticas a la par, van a significar que va a disminuir el número de personas que ingresan por la frontera sur”.

Cuando se empezó a implementar este programa con las personas de Venezuela, dice Olea, «definitivamente vieron que disminuyó el ingreso irregular de venezolanos… las personas que están huyendo están desesperadas por ingresar. De manera que estas medidas que buscan poner orden en el ingreso, no tienen mucho sentido cuando las personas están desesperadas por buscar protección”.

Olea señala además que es ahí donde tratar de limitar el número de personas que ingresan es favorable, sobre todo políticamente para la administración Biden. “Pero no está reconociendo la urgencia ni las necesidades de quienes están tratando de entrar a Estados Unidos para pedir asilo”.

Este permiso de ingreso o parole, afirma Olea, “no necesariamente significa que las personas van a conseguir asilo. Van a ingresar, permanecer en el país y trabajar, y después regresarse a su país de origen. Pero sí significa que tienen que conocer a alguien en Estados Unidos dispuesto a patrocinarlo. Eso hace que millones de personas queden automáticamente excluidas porque no tienen un patrocinador en el país”.

Pero esto tiene un precio alto para el patrocinador, porque «tiene que demostrar que tiene esos ingresos, y va a estar sujeto a una serie de controles para verificar bien quién es esa persona, a la vez que la persona que está solicitando ingresar también va a ser objeto de algunos ‘chequeos’ de seguridad como parte del proceso”.

Cualquier persona de dichos países podría ser elegible para ser patrocinador, siempre y cuando sea mayor de edad, ciudadano estadunidense o no, aunque con permanencia autorizada para estar en el país, y demostrar solvencia económica para mantener a otra persona.

–¿Podría explicarnos en qué consisten los exámenes de seguridad pública?

“Al entregar toda la información tanto el patrocinador como la persona que está pidiendo este permiso de viaje, su información va a pasar por diversos sistemas de seguridad acerca de sus antecedentes penales, que por ejemplo no significa ninguna amenaza a la seguridad nacional, para que le permitan ingresar al país”.

–El caso de los menores no acompañados ¿es diferente?

“Hay un proceso diferente… tal vez una virtud importante que tiene es más amplitud en términos de las nacionalidades… este permiso de viaje sigue siendo muy excluyente para muchos países. Y en el caso de los menores de edad es importante que se demuestre que la persona que está solicitando a nombre de ellos tiene la custodia, la autoridad para poder pedir ese permiso de su hijo”.

Sí se puede re-someter una solicitud si se la niegan la primera vez, pero, ¿cuáles podrían ser algunas dificultades?

Una, la obtención de pasaportes, por lo costoso que pueden ser y lo tardado del procesamiento en algunos de estos cuatro países, sostiene Olea.

Las personas están desesperadas por entrar y hay por detrás un acuerdo económico a la inversa. Se le paga al patrocinador para que lo sea. «Yo creo que hay que tratar de evitar ese tipo de esquemas y buscar trabajar con organizaciones de la sociedad civil reconocidas. Nunca con un tramitador o patrocinador privado», concluye la analista■