Por eso esta Alianza se ha avocado a construir un vigoroso movimiento por la justicia racial y social, que se expresaría hoy martes 13 de mayo en las escalinatas de la Suprema Corte, en Washington, DC, para reafirmar la promesa de justicia racial en las escuelas públicas que promulgó el máximo tribunal de la nación en 1954. Es una coalición nacional de grupos de la comunidad con la clase trabajadora, que representa a más de siete millones de padres, educadores y jóvenes en pie de lucha ante la “la amenaza sin precedente contra la educación pública, el empleo y los derechos civiles”, dice un comunicado de La Alianza.

En la reunión de hoy se ofrecería una conferencia de prensa frente la Corte Suprema, y entre otros oradores estarán la representante demócrata por el distrito de Columbia, Eleanor Holmes Norton; la presidenta de la Federación Estadunidense de Maestros (AFT), Randi Weingarten; el presidente de la Asociación Nacional de Educación (NEA), Dennis Van Roekel, y la co-directora de Promoción de Proyectos, Judith Browne Dianis.

Durante los últimos 20 años predomina en el país el enfoque en la educación basado en las leyes del mercado, sostiene el texto de La Alianza. Esto viene socavando la promesa de la reforma educativa, de ofrecer acceso equitativo a la educación pública a todos los estudiantes y maestros, y no enfrentar a unos padres contra otros, atrapados en la dinámica de la privatización de la educación. La pelea, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, entre padres que apoyan las escuelas Chárter y los que se inclinan por una educación pública y gratuita constata la existencia de dichos mecanismos de enfrentamiento. Por eso los miembros de La Alianza se unen en esta ocasión a reclamar la promesa de la educación pública, “como puerta de entrada en la nación a una democracia fuerte y a la justicia racial y económica”, dicen sus documentos

Con este rally se da el banderazo de salida a una semana de acción nacional organizada por La Alianza, “para reclamar nuestras escuelas, dar la lucha contra el desmantelamiento del sistema público de educación, y contra la privatización de la educación pública. “Exigimos escuelas excelentes y sostenibles para todos los niños”, señala el comunicado.

Líderes y miembros de la AFT, la NEA y de la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) se unieron a miembros de las organizaciones comunitarias de base para exigir financiamiento pleno y apoyo a las escuelas de la comunidad de barrio; desincentivar el énfasis en los altamente valorados exámenes estandarizados; acabar con las políticas de disciplina escolar y poner fin a la práctica de cero tolerancia; y proponen también una educación de alta calidad y accesible desde la primera infancia hasta la universidad para todos, incluyendo a los estudiantes indocumentados, así como un salario digno que saque a la gente de la pobreza.

En la manifestación, que fue dirigida por defensores de padres y estudiantes se hará hincapié en el hecho de que seis décadas después de la histórica decisión en el caso Brown contra la Junta de Educación, las escuelas públicas de la nación siguen siendo separadas y todavía desiguales. El enfoque actual de la educación, dice el texto de La Alianza, basado en los resultados de la reforma educativa, “ha exacerbado las desigualdades raciales y económicas en el acceso a los recursos educativos y las oportunidades”. Al centrarse en la ‘brecha de rendimiento’, afirma, “Estados Unidos ha descuidado hacer frente a la «brecha de oportunidad», lo que perjudica a las comunidades de color y de bajos ingresos. Para conmemorar el 60 aniversario de dicha decisión judicial, La Alianza reclama las escuelas de la comunidad y está llamando a las autoridades para que renueven la visión de la equidad y la oportunidad encarnada en dicha decisión de la Corte Suprema.

Myron Miller es líder de jóvenes en Vayla, Nueva Orleans, y asistió a la manifestación de hoy porque cree que cada barrio merece una escuela preparatoria (high school) de la comunidad, de alta calidad y que esté al alcance de los estudiantes y sus familias. La escuela preparatoria del barrio donde Miller se graduó en 2013, dice este, cerró después de finalizar el último semestre. «Le dije a mis hermanitas que quiero tratar de conseguir que la escuela vuelva a abrir para que puedan ir allí cuando estén listas para la preparatoria».

En la manifestación, el grupo Viaje por la Justicia dará a conocer un informe que detalla el daño causado a las comunidades de color y a las comunidades de bajos ingresos, las políticas de intervención corporativa tales como el cierre masivo de escuelas, la expansión de escuelas Chárter, el exceso de exámenes de evaluación y la disciplina severa. El informe pide una moratoria al cierre de las escuelas y a la expansión de las chárters, y detalla las recomendaciones para modelos de transformación de las escuelas, con alternativas sostenibles.

Después de la manifestación los participantes marcharían al Departamento de Justicia a pedir una audiencia al fiscal general, Eric Holder para que se reúna con los padres, estudiantes y educadores que están siendo perjudicados por la reforma de la educación actual, como aseguran. Los grupos presentarán tres denuncias bajo el Título VI de los derechos civiles a la Oficina de Educación para los Derechos Civiles, y el Departamento de Justicia, que detallan cómo los estudiantes de color de Newark, NJ, Chicago y Nueva Orleans están desproporcionadamente afectados por el cierre de planteles educativos y la expansión de escuelas chárter. La Alianza también pediría al Fiscal General mejorar la supervisión, “debido a la cantidad excesiva de fraude y la debilidad del actual sistema de supervisión, que cuesta a los contribuyentes millones de dólares”.

Irene Robinson, una de las abuelas de ocho niños afectados por el cierre de las escuelas y miembro de la Organización Comunitaria de Kenwood-Oakland, en Chicago, dice: «El cierre de las escuelas y el desplazamiento de los estudiantes es separado y desigual. Mi nieto está como relleno en una clase con otros 54 niños de kínder, es separado y desigual. Mis nietos tienen que comer el almuerzo en la sala de gimnasio, repleto de estudiantes…, es separado y desigual. Esta no es una reforma, sino que es represión”. Robinson es parte de una demanda por derechos civiles de Chicago.

Por su parte Randi Weingarten, la presidenta de AFT,  dice que el cierre de escuelas en Chicago y Filadelfia tiene un impacto desproporcionado en los estudiantes de color. “En Newark, las reformas que están forzando al cierre de escuelas han enfurecido a toda la comunidad y serán excesivamente perjudiciales para los maestros de color. El cierre de escuelas, la privatización, la cero tolerancia, la disciplina escolar, la austeridad, las pruebas altamente valoradas amenazan con socavar las comunidades de color”, dice Weingarten. “Hoy en día, se está propiciando el cambio, pero no a través de un tribunal, sino en nuestras comunidades”. Y es que hay un movimiento con oleadas de maestros, padres, estudiantes y miembros de la comunidad “presionando por soluciones que sabemos se pueden lograr, enfocándonos en la educación de la primera infancia; que promuevan la equidad, que amplíen las oportunidades de desarrollo profesional, que contraten y retengan a un gran cuerpo de maestros, impulsando la participación de los padres, cambiando nuestras políticas de disciplina, poniendo freno a la privatización y no cerrar las escuelas. Juntos, estamos trabajando para recuperar la promesa de la educación pública», aseguró quien fuera también presidenta de la Federación de Maestros de Nueva York.

En tanto, el presidente de la NEA, Dennis Van Roekel dice: «Sesenta años después de la histórica decisión todavía vemos las desigualdades dramáticas y las disparidades en la asignación de recursos, los programas y las oportunidades para todos los estudiantes de Estados Unidos”. Afirma que en el país “Tenemos sistemas que siguen perpetuando la desigualdad basada en el código postal y el ingreso familiar”, señala Van Roekel. Y es que los presupuestos para las escuelas suelen provenir mayormente de los impuestos prediales que pagan los residentes de un distrito, y en los vecindarios pobres el valor de la propiedad permanece y está cada vez más deprimido. Los legisladores y el poder judicial a través de Estados Unidos, dice Roekel: “Deberían ver este aniversario como un llamado de atención porque que la promesa de Brown v… parece ser cada vez más difícil de alcanzar, como nunca antes”.

La Alianza se había previamente movilizado por un Día Nacional de Acción el 9 de diciembre de 2013, y también realizó mítines, protestas, huelgas y otras acciones que se desarrollan en más de 60 ciudades en todo el país.

Las organizaciones nacionales de La Alianza incluyen a Alliance for Educational Justice, la AFT, Annenberg Institute for School Reform, Center for Popular Democracy, Journey for Justice, Gamaliel Network, League of United Latin American Citizens, NEA,  National Opportunity to Learn Campaign y el SEIU.