Madres con hijos, y familiares de reos en prisión se manifiestan en Oakland, California. «Debido a que no pude rescatar, perdí el contacto con mis hijos durante meses, y luego perdí la esperanza», dice una de las manifestantes. Foto: www.eastbayexpress.com.
De la redacción
Una trascendental noticia, principalmente para afroestadunidenses, latinos y personas de bajos recursos, que han sido los más golpeados por la justicia criminal de este país durante más de medio siglo, es saludada por las comunidades de color y sus defensores legales en toda la nación. Se trata de la ordenanza decretada por el Condado de Alameda, California, que reforma el sistema de justicia penal. Este es el segundo condado en la nación en hacer el necesario ajuste al sistema judicial de Estados Unidos, que siguió los pasos al pionero Condado de San Francisco. Este reporte es parte de la serie sobre Periodismo de Justicia Penal, realizado en colaboración con The Justice Collaborative, y auspiciado parcialmente por la Public Welfare Fundation / Fundación para el Bienestar Público.
El Condado de Alameda California acaba de emitir una nueva ordenanza que permitirá a los ex convictos –y a sus familias- saldar la gran deuda que acumulan los prisioneros en el transcurso del penoso laberinto judicial por el que transitan, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2019. La medida beneficiará principalmente a las comunidades de color, que son las más arrestadas o castigadas, cuyos miembros por lo general terminan siendo arrojados a las fauces del sistema de justicia penal durante generaciones.
En este programa de Línea Abierta que aquí reseñamos, se señala cómo este sistema de cuotas obligatorias se convierte en una pesado fardo financiero que llevan sobre la espalda muchos de los más pobres -léase negros y latinos principalmente-, quienes debido a las deudas acumuladas dentro del sistema de justicia criminal van cayendo en un abismo cada vez más de mayor pobreza y miseria, lo que les dificulta rehabilitar sus vidas; de ahí que la mayoría de las veces estas personas reincidan en el encarcelamiento.
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Jóvenes se manifiestan para saludar la noticia del condado de Alameda, California, sobre la abolición de los pagos y cuotas de presos y ex prisioneros, como parte de la reforma al sistema de justicia criminal.
Noé Gudiño es un joven ex prisionero que en la actualidad distribuye su tiempo libre entre la defensa como gestor comunitario y el análisis político, y aboga por los derechos de los presos y ex prisioneros. Vecino de Richmond, es un distinguido estudiante universitario de la Universidad Estatal de California, en Hayward, en el área de la bahía de San Francisco. Es también representante de la organización Level Five, grupo de servicios de gestoría para estudiantes ex prisioneros, y además brinda ayuda a ex presos con hijos. Así mismo, forma parte de la organización Safe Return (Regreso Seguro), y ha participado en campañas como la reforma al sistema de fianzas penitenciarias.
Gudiño afirma que los cambios al sistema de justicia penal que adoptó el Condado de Alameda son “históricos”, por la magnitud o el alcance de sus implicaciones. En lo personal, Gudiño señala cómo su familia tuvo que hacer el enorme sacrificio de asumir la cantidad de gastos que un ex prisionero tiene que desembolsar cuando sale de la cárcel, que crecen constantemente debido a los intereses que se van acumulando. Al momento de esta entrevista, Gudiño cuenta con una deuda de 24 mil dólares, que va pagando con los descuentos hasta del 10 por ciento que le deducen de su cheque en el actual trabajo.
A continuación, en la voz de Samuel Orozco, conductor habitual de Línea Abierta, Noé Gudiño no brinda una semblanza de la vida cotidiana de un ex convicto tras salir de prisión; y nos habla de la necesidad que siente de ayudar a personas que viven y han vivido experiencias como la de él, a quienes recomienda tener mucha paciencia y aconseja buscar ayuda en los servicios legales que hay disponibles para los ex convictos sin dinero.
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El pasado mes de octubre la organización Free de Oakland Community publicó un informe de cuatro páginas titulado «¿Qué pasa con nuestras cárceles?», en el que se detallan varios problemas e injusticias que tienen lugar en las prisiones del Condado de Alameda. Foto: http://www.oaklandpost.org.
Siguiendo con el sistema de pagos y cargos económicos acumulados que se imponen a prisioneros y ex convictos de delitos en el sistema de justicia penal de la nación, ponemos foco aquí en la histórica reforma que llevó a cabo el condado de Alameda, California, que siguió los pasos al pionero Condado de San Francisco para convertirse en el segundo del país en efectuar dicha reforma.
Como dijimos arriba, al tratar de reingresar a la sociedad muchos terminan atrapados en el pantano de las enormes deudas que el impone un laberinto de pagos económicos por servicios legales más los intereses acumulados que los prisioneros y ex presos tienen que desembolsar de sus magras economías muchos de ellos en el actual sistema judicial, que se ensaña con los más pobres. Tales pagos, por la libertad condicional, al defensor de oficio que se les asigna cuando no tienen recursos para contratar los servicios de un abogado privado, o por el acceso a los programas del Sheriffe y a sus expedientes legales, etcétera, termina siendo pues, una pesada carga muy difícil de llevar a cuestas.
Por eso es tan importante el anuncio del Condado de Alameda, que reforma este vericueto de gastos para el ex prisionero que sale de la cárcel sin trabajo, y que en su mayoría pertenece a las comunidades de pobres y de color.
José Bernal, organizador y defensor político de la organización Ella Baker Center for Human Rights, en Oakland, California, se refiere en el siguiente segmento a la trascendental decisión que tomó la Junta de Supervisores del Condado de Alameda, y que forma parte de la histórica reforma al sistema de justicia criminal.
“Creo que este fue un gran paso, el que hicimos aquí en el condado de Alameda. Por supuesto, seguimos el paso de nuestros vecinos de San Francisco. Hicimos historia aprobando una legislación que eliminó los cargos penales administrativos… hemos calculado que alrededor de un 70-80% de las personas –que salen de prisión- no tienen para pagar los cargos que se les cobran por probation (libertad condicional), huellas digitales… y para resarcir los daños ocasionados, etcétera… y si no pueden pagar van a la cárcel de nuevo… algo que fiscal y moralmente no tiene sentido”, dijo Bernal, y expuso aquí los planes de su organización.
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La arquitecta Deanna VanBuren, a la derecha, ayuda a los reclusos en un taller de diseño en la Cárcel No. 5 del Condado de San Francisco. La Junta de Supervisores recientemente terminó con los cargos administrativos que a menudo cargan a los reclusos después de su liberación. Foto: Lee Romney / Los Angeles Times / MCT.
Siendo los condados de San Francisco, primero, y Alameda en segundo lugar las primeras jurisdicciones en abolir este pesado sistema de cobros y pagos a los que se ven sometidos los prisioneros y ex convictos al salir de la prisión, que muchas veces reinciden simplemente porque no tienen para afrontar dichos pagos y se convierten en una pesada carga no sólo para ellos y sus familias sin incuso para el erario público, a continuación presentamos una plática con Hilda Solís, integrante de la Junta de Gobierno del Condado de Los Ángeles, que sigue muy de cerca los históricos pasos del Condado de Alameda.
Solís, quien también fuera parte de la administración federal del presidente Obama en la cartera del Trabajo, se ha puesto al frente de una serie de medidas encaminadas a un propósito común: administrar medidas de la Justicia Restaurativa, en lugar de las políticas punitivas, guiadas por el afán de castigo o de venganza social, para los jóvenes que caen en las redes del sistema penal.
Supervisora Hilda Solís explica detalles de la campaña para limpiar antecedentes penales, en beneficio de la ley 47.
Cabe señalar que a partir del 2009, el Condado de Los Ángeles dejó de cobrar cargos por retención a los jóvenes que delinquen y a sus familias. Y que esta suspensión de pagos se extendió a todo el estado de California a partir del 2017. Además, hace un par de meses el estado de California dejó de cobrar 90 millones de dólares, de viejas deudas de quienes resultaron detenidos en correccionales juveniles en alguna ocasión. Y la Supervisora Solís ha estado al frente de los esfuerzos para llevar a cabo estas mociones.
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