Se espera que los trabajadores de salud de primera línea, así como los residentes y el personal de los hogares de adultos mayores reciban las dosis iniciales de la vacuna contra el COVID-19. La cuestión más espinosa es averiguar quiénes serán los siguientes.
La respuesta probablemente dependerá de en dónde vivas.
Aunque una influyente junta asesora federal hará sus recomendaciones a finales de este mes, los departamentos de salud estatales y los gobernadores decidirán sobre quién tendrá acceso a un número limitado de vacunas este invierno.
Como resultado, las últimas semanas han sido tensas, ya que fabricantes, empleados en tiendas, cajeros de bancos, dentistas y compañías que proveen servicios de transporte se agolpan literalmente para estar lo más arriba posible en la lista.
El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) votó 13 a 1, este mes, para dar prioridad de vacunación a los trabajadores de salud y a los residentes de centros de atención de largo plazo una vez que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobara una o más vacunas COVID-19 para uso de emergencia.
Se espera que el comité asesor proporcione más detalles de su lista de receptores prioritarios antes de finales de año.
Es probable que sus próximas recomendaciones se centren en dar prioridad a las personas que hacen que la sociedad funcione, como los trabajadores de la alimentación y la agricultura, la seguridad pública y la educación. Las personas mayores y las que padecen enfermedades crónicas también se consideran prioritarias.
Pero debido a que los primeros suministros de vacunas son limitados, habrá que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo: ¿Es más importante dar prioridad a los maestros que entran en contacto con muchas personas cada día, o a los trabajadores agrícolas que no pueden trabajar a distancia para proporcionar alimentos al país?
“Tenemos que ser conscientes de las cuestiones de equidad, de la comorbilidad y de la probabilidad de muerte o supervivencia, incluso entre estos trabajadores esenciales”, dijo Mitch Steiger, activista legislativo de la Federación del Trabajo de California. Surgirán “muchas conversaciones realmente duras y muchos principios que compiten entre sí”.
Al principio, los estados no conseguirán suficientes dosis de vacunas para cubrir incluso sus grupos de mayor riesgo.
En California, un estado de 40 millones de residentes, los envíos iniciales de alrededor de 1 millón de dosis se quedarán muy cortos para cubrir a quienes están en primera línea. Más de 2 millones de personas entran en la categoría de fase 1 de distribución de la vacuna, que cubre sólo a aquellos que corren el riesgo de enfermarse en un centro de atención médica o de cuidado de largo plazo.
Incluso dentro de esa categoría de trabajadores de salud, ha comenzado toda una carrera para situarse primeros en la lista, con farmacéuticos y dentistas abogando por ser prioridad.
La doctora Laurie Forlano, comisionada adjunta para la salud de la población en el Departamento de Salud de Virginia, dijo que el estado ha escuchado los intereses de muchos a través de cartas, llamadas telefónicas y reuniones virtuales antes de decidir cuáles “trabajadores críticos” seguirán al grupo inicial para ser vacunados. “Es complejo”, aseguró. “Pero no es nuevo para la salud pública tener que tomar este tipo decisiones”.
Los estados ya han señalado diferentes prioridades.
Ron DeSantis, gobernador de Florida, dijo que después de que se inoculen a los adultos mayores en hogares y los trabajadores sanitarios de primera línea, el estado intentará vacunar a las personas de 65 años o más y a los residentes con enfermedades importantes.
El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que los maestros de escuelas primarias deberían ser los siguientes en la lista luego de los trabajadores de salud y adultos mayores en centros, junto a los miembros de la seguridad pública y los adultos con enfermedades significativas.
Pennsylvania incluirá a los “trabajadores esenciales” y a las personas con condiciones de alto riesgo en la parte superior de su lista de prioridades, junto con los trabajadores de salud, los residentes y el personal de las residencias de adultos mayores y los equipos de intervención inmediata, según Rachel Kostelac, vocera del departamento de salud estatal.
A nivel nacional, organizaciones de derechos de los pacientes señalan que las personas con algunas condiciones preexistentes corren un mayor riesgo de muerte si se infectan con el coronavirus. La Asociación Americana de Diabetes publicó un artículo de opinión en defensa de sus pacientes; la Asociación Nacional de Administradores Renales escribió a los reguladores federales diciendo que se debería dar prioridad a los enfermos del riñón.
El doctor Marcus Plescia, director médico de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales, dijo que espera que los estados sigan, en gran medida, la lista de prioridades del comité. Pero no está claro cuántos detalles proporcionará el comité de los CDC en su próxima ronda de recomendaciones, como por ejemplo qué “individuos de alto riesgo” y trabajadores críticos incluir.
Dejar algo de flexibilidad a los estados es bueno, indicó Plescia, porque pueden diferir en las formas de vacunar de manera eficiente. Por ejemplo, algunos estados pueden albergar grandes fábricas donde las personas están en mayor riesgo y podrían vacunarse en el lugar de trabajo.
Ahí es también donde el lobby o cabildeo entra en juego.
“La prioridad 1a para nosotros es conseguir que nuestros empleados entren en ese grupo de ‘prioridad 1b’”, comentó Bryan Zumwalt, vicepresidente ejecutivo de asuntos públicos de la Asociación de Marcas de Consumo, que representa a las empresas que fabrican miles de productos para el hogar, desde papel higiénico hasta gaseosas. De sus 2,3 millones de miembros, 1,7 millones se consideran trabajadores esenciales, añadió.
“Los trabajadores de nuestras empresas fabrican productos para que la vida siga”, explicó Zumwalt. La asociación ha enviado cartas a los departamentos de salud estatales, pero Zumwalt aclara que el proceso sería más fácil si hubiera un orden nacional uniforme para la vacuna, en lugar de dejar que los estados tengan la última palabra.
Estas compañías están lidiando con tasas de ausentismo laboral de un 10%, apuntó, lo que podría causar retrasos en la producción de alimentos y otros productos clave.
“Cuando un trabajador da positivo, entre cinco y diez trabajadores adicionales deben ser retirados de las líneas de producción”, señaló Zumwalt.
En Idaho, una junta asesora de COVID-19 decidió este mes que, después de los trabajadores de la salud y los residentes y el personal de las residencias de mayores, debían recibir las vacunas el personal de intervención inmediata, como policía y bomberos, así como los maestros y el personal no docente de las escuelas, seguidos por el personal de las instituciones correccionales, los trabajadores de la industria alimentaria, los trabajadores de los supermercados y la Guardia Nacional estatal.
La doctora Elizabeth Wakeman, catedrática de filosofía en el College of Idaho y miembro de la junta directiva, les había dicho a sus colegas que tenía más sentido vacunar para reducir la transmisión del virus en lugar de clasificar a los grupos según su valor para la sociedad.
Eso pondría a los trabajadores de la industria alimentaria por delante de los empleados de supermercados, porque hay más espacio para mantener la distancia y mejor ventilación en un mercado, opinó.
También hay presión para proteger de inmediato a los trabajadores de la alimentación y la agricultura. Diana Tellefson Torres, directora ejecutiva de la Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos, dijo que estos trabajadores son esenciales y están en riesgo inminente. Pueden trabajar al aire libre donde el riesgo de transmisión es menor, pero a menudo viven y viajan al trabajo con muchas personas que no viven con ellos, explicó.
La mayoría de los trabajadores agrícolas son inmigrantes indocumentados que carecen de seguro médico y “puede que ni siquiera sepan que padecen condiciones de salud subyacentes”, señaló Tellefson Torres, que forma parte del Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad de California. “Hay mucha vulnerabilidad”.
Ya casi es temporada de cosechar los cítricos de invierno en California, y hay que recoger la lechuga en Arizona.
“Es importante que a la comunidad de personas que proporcionan alimentos a este país, los alimentos que llegan a nuestras mesas, también se les tenga en cuenta como una prioridad”, concluyó Tellefson Torres.
En la semana de apertura de la sesión legislativa de California, uno de los primeros proyectos de ley que se presentó argumentó que la mano de obra de suministro de alimentos debe ser la primera en la lista para las vacunas y las pruebas rápidas.
La Asociación Internacional de Bomberos, un sindicato que representa a 322,000 bomberos y personal médico de emergencia, presiona para incluir a sus miembros entre los primeros en tener acceso a la vacuna, argumentando que los bomberos proporcionan servicios médicos de emergencia que los llevan a los hogares de las personas y a otros espacios cerrados.
Los empleados de las aerolíneas también quieren ser vacunados rápidamente.
Y los farmacéuticos también han alzado su voz. Aunque el ACIP incluyó a los farmacéuticos en su categoría de trabajadores de la salud de Fase 1a, cada estado interpreta las recomendaciones de manera diferente en función de su suministro de vacunas, señaló Mitchel Rothholz, de la Asociación Americana de Farmacéuticos, que le reclama a los estados situar a sus miembros en la parte superior de la lista.
“Es una carrera por quién recibe la vacuna primero”, dijo. “Todo el mundo desea que haya suficiente suministro para todos desde el principio, pero esa no es la situación”■
