De la redacción
Mientras cortes judiciales anulan decisiones presidenciales contra la inmigración, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) no pierde el tiempo, y a través del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, peinan literalmente el país con redadas en domicilios y lugares de trabajo.
The Washington Post reporta que “docenas de tiendas 7-Eleven, fueron allanadas por ICE antes del amanecer del hoy miércoles, para entrevistar a los empleados y entregar notificaciones de auditoría, llevando a cabo lo que la agencia dijo que era la operación más grande dirigida a un empleador desde que asumió el presidente Trump”.
Las redadas de ICE se produjeron paralelamente en 98 tiendas y realizaron 21 arrestos, en un acto de intimidación hacia otros comerciantes y empresarios.
Thomas D. Homan, director en funciones de ICE, declaró a la fuente que los empresarios “no pueden tener empleados no autorizados en su nómina… Es decir, que contratar y emplear una fuerza de trabajo ilegal… ICE hará cumplir la ley, y si se descubre que infringe la ley, se les hará responsables», dijo Homan en un comunicado.
«Las empresas que contratan trabajadores ilegales son un factor de atracción para la inmigración ilegal y estamos trabajando arduamente para eliminar este imán», dijo el director de ICE, quien aseguró que “continuará los esfuerzos para proteger los empleos de los trabajadores estadunidenses mediante la eliminación de ventajas competitivas injustas para las empresas que explotan la inmigración ilegal».
ICE cerró temporalmente franquicias en Washington, DC y en 17 estados: California, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Missouri, Nevada , Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Texas y Washington.
7-Eleven tiene más de 60 mil tiendas en todo el mundo, según su sitio web. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero ICE –según la fuente- describió la operación del miércoles como “un esfuerzo de seguimiento para garantizar que 7-Eleven cumpla con las leyes de contratación”.
Los agentes federales habían arrestado ya en 2013 a nueve propietarios y gerentes de la franquicia 7-Eleven por «conspirar para cometer fraude electrónico, robar identidades y ocultar y albergar a inmigrantes ilegales empleados en sus tiendas», dice la agencia federal.
No se sabe aún cuántos agentes y recursos económicos movilizó el DHS para esta operación de redadas en el nivel nacional, enfocadas de manera quirúrgica a ciertos vecindarios, pero de todos los “entrevistados” sólo uno se declaró culpable tras la auditoría, y tendrá que pagar una multa de más de 2.6 millones de dólares en salarios atrasados o presuntamente robados a los trabajadores. Los empresarios tendrán tres días para proporcionar a la agencia información sobre el estado migratorio de sus empleados, dice el Post.
Dani Bennett, vocera de ICE declaró a la fuente que «Haremos más de este trabajo y dedicaremos más recursos para asegurarnos de que las empresas cumplan con la ley… Esto es una demostración de nuestro compromiso con la aplicación de la ley».
No queda claro si la inversión de una movilización nacional de esta envergadura justifique el gasto para atrapar a una sola persona, tras 21 arrestos en 98 tiendas en 17 estados.