¿Cuáles son los costos reales de la inmigración en estados Unidos? Foto: The New York Times
Los New York Times.

De la redacción

La administración Trump ha propuesto una nueva regulación (normativa del Departamento de Seguridad Nacional, DHS) que potencialmente impediría que millones de inmigrantes en edad de trabajar puedan venir a Estados Unidos y obtener la residencia permanente cuando aspiran a conseguir un empleo en industrias clave, dice un estudio del fondo de Investigación de la Nueva Economía Americana: “Economic Impact of Proposed Rule Change: Inadmissibility on Public Charge Grounds”.

Además, el estudio afirma que la nueva regla del gobierno “prohibiría potencialmente que millones más, que trabajan legalmente en las industrias de Estados Unidos ahora puedan de quedarse en el país”. El nuevo reglamento propuesto se cumpliría bajo el pretexto de la política oficial de larga data, de negar históricamente la residencia permanente y ciertas visas temporales a cualquier persona que pueda convertirse en una «Carga Pública».

Para tal efecto el gobierno de Trump ha expandido la definición de ‘carga pública”, y actualmente puede considerar a los potenciales inmigrantes como «cargas públicas» cuando exista la posibilidad de que se conviertan en solicitantes de la ayuda que el gobierno provee a las personas que trabajan legalmente en el país, ayuda a la que tienen total derecho.

De esta suerte, el cambio de regla que la administración Trump ha propuesto expande la definición del concepto y su puesta práctica, en dos formas separadas y perjudiciales que podrían afectar la economía de Estados Unidos.

Primero, el cambio de regla propuesta, o la expansión arbitraria del concepto “Carga Publica”, afectaría de entrada a unos 7.5 millones de inmigrantes que en 2017, ellos o sus hijos no ciudadanos recibieron algún tipo de ayuda del gobierno, como son el Medicaid, Medicare, estampillas de comida del programa SNAP o subsidios de vivienda según reporta el referido estudio.

En segundo lugar, la nueva regulación asume “implícita e incorrectamente” que las personas que reciben beneficios ahora, “no pueden convertirse en contribuyentes productivos en el futuro”. Pero esta proposición ha sido desmentida por “la larga historia de Estados Unidos de tener inmigrantes, a menudo pobres, que vienen a nuestras costas, trabajan arduamente y encuentran el éxito por sí mismos”.

El estudio afirma además que “Los hijos de estos inmigrantes, que generación tras generación han tenido incluso más éxito que sus padres, han desempeñado un papel central en la configuración de la economía estadunidense”. El dato es arrollador: “Casi el 44 por ciento de las compañías de la publicación 500 Fortune de Estados Unidos, fueron fundadas por un inmigrante o por el hijo o la hija de un inmigrante”.

Además este estudio analizó por sectores económicos, o las más vulnerables industrias, como las del comercio, el transporte y los servicios públicos, que suman según el análisis unos 700 mil empleos.

Agrega que “el 91 por ciento de todos los adultos en activo en la fuerza laboral serían afectados” por dicha normativa, y tras su publicación el DHS abre un periodo de 60 días para recibir comentari del público, antes de la propuesta sea definitiva.

La regla propuesta limitará pues severamente la inmigración legal a Estados Unidos y la capacidad de muchos inmigrantes de recibir a sus padres y familiares trabajadores, que como han demostrado numerosos estudios nutren y fortalecen a comunidades enteras y a la economía misma de este país. Para poder ingresar al país habría que demostrar un ingreso económico de cerca de 70 mil dólares anuales. Más de lo que gana un maestro con estudios superiores de maestría en Estados Unidos

“El ingreso anual total de los trabajadores que se vería afectado por la regla”, agrega. “Si se fueran de los Estados Unidos,

Pero si dichos trabajadores potencialmente afectados abandonaran el país, la economía de Estados Unidos sufriría efectos negativos indirectos por más de 72 mil millones de dólares. Y el costo total para la economía… podría ascender a 174 mil millones”, sostiene el referido estudio.

Apunta además que “alentar o forzar a los trabajadores a salir o pasar a la clandestinidad” tendrá también “un efecto desestabilizador” para varias industrias importantes, como la construcción, donde es probable que el 5 por ciento de todos los trabajadores (más de 560 mil), resulten con problemas; las industrias mineras, con más del 6 por ciento de todos los trabajadores (más de 200 mil); servicios de hospitalidad, recreación y alimentos, el 4.6 por ciento de todos los trabajadores (más de 550 mil); servicios profesionales y de negocios con casi el 3 por ciento de todos los trabajadores (aproximadamente 550 mil), reporta la fuente.

Como es ampliamente sabido, el gobierno federal ha defendido su plan, alegando que impactaría sólo a quienes “han abusado” de la ayudas federal.

Por tanto, los agentes de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que evalúan las solicitudes de visas y residencias temporales y permanentes, podrán considerar las ayudas por alimentación (cupones de comida) que está provocando que los hijos de inmigrantes indocumentados, que nacieron en este país y son ciudadanos no reciban los desayunos escolares porque pueden comprometer a sus padres; también servicios de salud, entre otras de las ayudas públicas■