Campesinos en los campos agrícolas de Arizona, bajo temperaturas a veces de casi 120 grados Fahrenheit. Foto: http://news.unm.edu.
La administración Biden parece estar desacelerando el ritmo de sus iniciales políticas y promesas hacia los inmigrantes y la migración, que no sólo contribuyeron con su triunfo electoral sino que durante lo más duro de la pandemia del Covid-19 y aun ahora siguen trabajando ininterrumpidamente como empleados esenciales para sostener al país; porque su trabajo en los campos de cultivo, en las empacadoras y procesadoras de carnes, verduras y alimentos o en los hospitales, etcétera, no puede hacerse desde casa y alguien tiene que hacerlo, aunque sea una labor pesada y mal remunerada.
De la redacción
La noche del lunes la administración Biden anunció que comenzaría a expulsar rápidamente a las familias migrantes que tras una revisión inicial los funcionarios de Inmigración en la frontera determinaran que no son elegibles para el asilo, reporta The New York Times.
Como se sabe, esta política conocida como deportación acelerada, “es un regreso a una medida que ha sido utilizada por administraciones demócratas y republicanas para disuadir la inmigración no autorizada”. Los funcionarios federales encargados de otorgar el asilo, “entrevistan a las familias en un proceso de selección acelerado para determinar si tienen un ‘temor creíble de persecución’” en sus países de origen.
Según la fuente, los oficiales en la frontera “luchan para hacerle frente a una afluencia de llegadas no autorizadas que muestra pocas señales de disminuir”.
Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que “La remoción acelerada proporciona un procedimiento legal y más acelerado para remover aquellas unidades familiares que no tienen una base bajo la ley estadunidense para estar en Estados Unidos”.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una orden de emergencia (Titulo 42) durante la pandemia de coronavirus, que le brindó autoridad tanto a la pasada administración como a la de Biden para expulsar a México a cualquier migrante que se presente en la frontera sin visa.
En tanto, los gobiernos de algunos estados fronterizos mexicanos “se negaron a aceptar familias con niños pequeños o que hayan viajado desde países fuera de Centroamérica, como Brasil, Ecuador, India y Venezuela”.
Por su parte, los traficantes de personas en los últimos meses “han canalizado a decenas de miles de familias al Valle del Río Grande en Texas y a partes de Arizona y California, lugares donde saben que se admitirá a las familias, aunque estados mexicanos como Tamaulipas y Baja California no los están aceptando”.
Con todo, miles de familias a las que México no les permitió volver a ingresar han sido procesadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y enviadas a refugios con avisos para que se registren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o que se presenten en un tribunal de Inmigración para una audiencia. Se les permite vivir en el interior del país mientras se resuelven sus casos.
Los defensores de los inmigrantes esperaban que el C.D.C. revocaría el Título 42, que consideran una herramienta utilizada para hacer cumplir la Ley de Inmigración en lugar de proteger al país del virus, señala la fuente. Los críticos dicen que las deportaciones rápidas “son especialmente problemáticas porque pueden conducir a expulsiones erróneas”.
La directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas en El Paso, Texas, Linda Rivas dijo al Times que “El anuncio que esperábamos era sobre el fin del Título 42. Esta administración continúa buscando la eficiencia sobre la seguridad y el debido proceso para las familias migrantes».
A medida que las infecciones por coronavirus de la variante Delta altamente contagiosa comenzaron a aumentar, los funcionarios de la administración y los funcionarios fronterizos habrían comenzado a expresar su preocupación acerca de que la eliminación de la orden de salud pública alentaría a más migrantes a dirigirse a la frontera.
En junio, continúa la fuente, los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron 188 mil 800 personas, el número mensual más alto en al menos una década. Eso elevó a un millón el número de detenciones fronterizas en los primeros nueve meses del año fiscal, que finaliza el 30 de septiembre.
Los agentes, dicen, detuvieron a 55 mil 805 familiares y 15 mil 253 menores no acompañados en junio, frente a 44 mil 639 y 14 mil 158 en mayo respectivamente. Sólo el 14 por ciento de las familias interceptadas el mes pasado fueron expulsadas por la orden de salud pública■
