Los nueve magistrados que revisarán el caso para destrabar el interdicto del Quito Circuito a la Acción Ejecutiva del presidente Obama. Foto: freep.com
Maribel Hastings
America’s Voice, Washington, DC
La noticia de que la Suprema Corte de la nación escuchará la apelación del Departamento de Justicia que busca desbloquear las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama revive las esperanzas de millones de familias a través del país. Estas acciones fueron giradas por el mandatario en noviembre de 2014 para proteger de la deportación a unos 5 millones de indocumentados, y les concederían permisos de trabajo.
No hay que dejar de ser realistas, porque nada es seguro. Queda por ver qué determina el tribunal Supremo, que escucharía los argumentos de ambas partes en abril y emitiría un fallo probablemente a fines de junio. Pero es buena señal que el máximo tribunal haya accedido a escuchar la validez de una de las acciones ejecutivas de mayor alcance giradas por Obama, cuya constitucionalidad fue cuestionada por 26 estados y sus procuradores republicanos, bloqueadas por un juez de distrito en Texas con fama de antinmigrante, Andrew Hanen, y por una de las cortes de apelaciones más conservadoras del país, la del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleáns.
Lo primero que me viene a la mente es la urgente necesidad de que la comunidad inmigrante, en particular la que potencialmente se beneficiaría de la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes (DAPA), entienda que se trata de un proceso legal en curso que todavía no es definitivo y que es imperativo que eviten ser víctimas del fraude de usureros que aprovechan coyunturas de este tipo para timar a inmigrantes desesperados por regularizar su situación migratoria. El mismo mensaje va para quienes se beneficiarían de la Acción Diferida ampliada para los Llegados en la Infancia (DACA plus).
Me preocupa también que nos encontremos en pleno año electoral y que los precandidatos republicanos sigan utilizando este tema para atacar a la comunidad inmigrante e indisponer a un sector del pueblo estadounidense hacia dicha comunidad.
De hecho, esos precandidatos republicanos han prometido que quien sea finalmente el nominado de su partido, si gana la presidencia revocarían las acciones ejecutivas migratorias de Obama, si es que el tribunal Supremo las destraba y pueden entrar en vigor antes de que el Presidente culmine su último término.
El gobierno asegura que de tener un fallo a su favor implementaría los alivios a la mayor brevedad posible. Y es que el legado de Obama está en juego. La reforma migratoria que prometió desde 2008 no se ha concretado por diversos factores; el central de ellos, la negativa de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, de presentar y debatir un plan en 2013 luego de que el Senado, entonces de mayoría demócrata, aprobó un plan de reforma migratoria con una larga y tortuosa vía a la ciudadanía. Obama es también el presidente con la mayor cantidad de deportaciones sobre sus espaldas, y en estos momentos, en el afán de su Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de enviar un mensaje a los centroamericanos para que desistan de hacer la travesía a Estados Unidos huyendo de la violencia de sus países, está deportando a madres y niños a una potencial muerte segura.
De manera que en la implementación de las acciones ejecutivas se juega parte de su legado migratorio considerando que, precisamente por ser año electoral, la solución permanente requerida, una reforma migratoria por la vía legislativa, es improbable este año.
Digamos que con el anuncio del tribunal Supremo la comunidad inmigrante y sus familiares ciudadanos y residentes permanentes ganan una batalla. Pero la guerra todavía continúa y tras el fallo final del Supremo, favorable o desfavorable, dicha guerra se traslada a las urnas de votación en noviembre, cuando los electores latinos les pasen factura a los políticos que los han vejado y que han atentado contra sus intereses y sus familias■
