Loretta Lynch, titular del Departamento de Justicia
Maribel Hastings
America’s Voice, Washington, DC
El fallo del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleáns, emitido el martes, que sostuvo el bloqueo a la implementación de las acciones ejecutivas migratorias giradas en 2014 por el presidente Barack Obama, fue adverso pero ya se anticipaba.
Implica obviamente que los millones de indocumentados que se pueden beneficiar de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA 2014 ampliado) y la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes (DAPA) siguen esperando por el alivio temporal de la deportación que también les concedería un permiso de trabajo.
Para la comunidad inmigrante que continúa en vilo, la pregunta obligada es qué sigue. La administración Obama aseguró hace unos meses que pelearía por la implementación de las acciones ejecutivas hasta las últimas consecuencias. ¿Qué hará?
El Departamento de Justicia acaba de anunciar que no seguirá una de las avenidas legales disponibles que era solicitar a la Suprema Corte de la nación una suspensión de emergencia del bloqueo a las acciones ejecutivas girado por el juez federal de distrito en Texas, Andrew Hanen, y sostenido por un panel de tres jueces del Quinto Circuito este martes.
Hay al menos tres vertientes legales en este caso y mientras se barajan los pasos a seguir en el 5to Circuito y potencialmente en la Corte Suprema, todavía el juez de distrito de Brownsville, Texas, Andrew Hanen, no ha emitido un fallo en torno a la constitucionalidad de las acciones ejecutivas. Pero dado su bloqueo y oposición a las mismas, en realidad no es de anticiparse que vaya a declararlas constitucionales y de ahí que toda la atención se centre ahora en el 5to Circuito y en la Suprema Corte.
A continuación algunos posibles escenarios legales:
– ¿Qué próximos pasos puede tomar el Departamento de Justicia?
El Departamento de Justicia puede pedir que la totalidad del Quinto Circuito de Apelaciones, los 15 jueces activos, reconsidere el fallo que mantiene el bloqueo a la implementación de las acciones ejecutivas. Las interrogantes son, primero, si el 5to Circuito accede a esto; y segundo, si este paso resultaría en un fallo favorable al Departamento de Justicia, considerando que ya un panel reducido de tres jueces del mismo tribunal falló en su contra este martes, y si el Departamento de Justicia se arriesga a otro fallo adverso en el mismo tribunal.
Ya el Departamento de Justicia dijo que no acudirá a la Suprema Corte de la nación para solicitar una suspensión de emergencia del bloqueo a las acciones ejecutivas sostenido el martes por el Quinto Circuito. Nuevamente la pregunta era si el Departamento de Justicia se arriesgaba a un fallo adverso en la Suprema Corte de la nación en torno al bloqueo de la implementación de las acciones ejecutivas, o si guarda sus cartas y su energía para pelear los méritos del interdicto (preliminary injunction) que giró Hanen y que dicho Departamento de Justicia apeló ante el Quinto Circuito.
– Si ya hubo un fallo adverso en los intentos de levantar el bloqueo e implementar las acciones ejecutivas. ¿qué posibilidades reales hay de que el 5to Circuito falle a favor del Departamento de Justicia en la apelación de los méritos del interdicto que giró Hanen?
Se anticipa que la semana del 6 de julio un panel de tres jueces del 5to Circuito escuche los argumentos de la apelación del Departamento de Justicia a los méritos del interdicto que giró el juez Hanen en febrero. «La pregunta ante el Quinto Circuito será si hubo una base legal para que Hanen girara el interdicto», explicó Marshall Fitz, vicepresidente de Política Migratoria del Center for American Progress (CAP).
Los estados demandantes, encabezados por Texas, deben probar que tienen el derecho legal (standing) de demandar al gobierno federal para frenar las acciones, y que la implementación de dichas acciones supondrá daños irreparables a sus estados. Una vez se escuchen los argumentos, no hay un marco de tiempo para que el 5to Circuito emita un fallo. Pueden ser semanas o meses. Si el fallo es adverso al Departamento de Justicia, las acciones ejecutivas permanecen bloqueadas y el gobierno federal puede solicitar una revisión de ese fallo por los 15 jueces del 5to Circuito o puede apelar ante la Suprema Corte de la Nación.
El 5to Circuito también puede determinar que los estados no tienen la autoridad legal para demandar o que no sufrirán un daño irreparable si se implementan las acciones ejecutivas, en cuyo caso la implementación de las mismas procede. Sin embargo, considerando el fallo adverso del martes sobre los intentos de levantar el bloqueo, algunos expertos legales coinciden en que puede ser poco probable que el fallo del 5to Circuito en torno a los méritos de la medida cautelar sea favorable al Departamento de Justicia.
O bien el 5to Circuito puede determinar que el bloqueo a las acciones se sostiene únicamente en el estado que originó la demanda, en este caso Texas, o en los 26 estados demandantes, pero que las acciones ejecutivas proceden en el resto del país.
Para Fitz es complicado anticipar la estrategia que seguirá el Departamento de Justicia porque cada una conlleva riesgos.
«Seguir peleando el caso ante Hanen no es la mejor receta para el éxito porque el juez Hanen ha sido muy claro en que cree que los programas son anticonstitucionales», agregó Fitz.
Le quedan entonces dos decisiones: solicitar una suspensión de emergencia ante el 5to Circuito en su totalidad o ante la Suprema Corte, y esto último ya se descartó.
«O pueden esperar a que el 5to Circuito emita un fallo de los méritos del interdicto (preliminary injunction), que esperamos sea similar al del martes, y entonces apelar ese fallo ante el Supremo. La Corte Suprema no escucharía ese caso hasta el próximo periodo que comienza en el otoño y termina en junio de 2016», explicó..
«La posibilidad de pronta implementación (de las acciones ejecutivas), en los próximos dos meses, por ejemplo, se ha reducido. Potencialmente estamos hablando de un retraso significativo», agregó.
Cuando haya una luz verde acelerarán la implementación al máximo para que arranque antes de que la próxima administración asuma el poder (Obama es presidente hasta enero de 2017) para dificultar que el próximo presidente, si está opuesto a las acciones ejecutivas, se le dificulte revocarlas, explicó Fitz.
Es probable también que el gobierno esté buscando otras alternativas a nivel administrativo, pero igual pueden conllevar riesgos de litigio.
¿Podrán implementarse las acciones ejecutivas antes de que Obama complete su presidencia? El reloj corre y las elecciones también.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
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