De la redacción
La crisis que Trump ha generado sellando literalmente la frontera con México al paso de migrantes pobres y de color en busca de asilo, una tradición que le da identidad a este país a lo largo de su historia y que este gobierno quiere liquidar, ha dado un paso con la apertura de salas de audiencias o cortes en dos ciudades fronterizas de Texas para ayudar a desahogar a miles de de casos de migrantes que el gobierno federal obliga a esperar en México mientras sus solicitudes de asilo pasan por tribunales de Inmigración que se hallan obstruidos.
Una de las dos cortes judiciales improvisadas abrió sus puertas en Laredo, Texas, habilitando a un juez que apareció por videoconferencia. Los críticos han denunciado estos procedimientos porque están cerrados al público y es difícil que los abogados tengan acceso para brindar representación legal, dice un despacho de Prensa Asociada (AP).
Los migrantes que accedieron a la teleconferencia, como parte de la nueva política de asilo, que irónicamente lleva el nombre oficial de ‘Protocolos de Protección a Migrantes’ pero que comúnmente es conocida como ‘Permanecer en México’, tuvieron que hacer sus teleconferencia en privado porque los observadores que se hallaban en la sala fueron desalojados.
La jueza que conducía la teleconferencia, Yvonne González tenía que ventilar 52 casos o expedientes rezagados. “Uno por uno, los migrantes se pusieron de pie dentro de la tienda y dijeron que tenían miedo de ser enviados de regreso a México”, dice por su parte The Huffington Post.
“El grupo incluía a una mujer de Honduras que acunaba a su hija de 4 años, un hombre salvadoreño que dijo estar huyendo de las amenazas de muerte y otro hombre estaba escondido mientras esperaba la oportunidad de ingresar a Estados Unidos”.
González preguntó a los abogados del gobierno estadunidense que estaban presentes en la sala sobre si México «¿Está ayudando con un lugar para quedarse?». Uno de los abogados, Kevin Terrill, respondió que no lo sabía, dice el Huffpost.
En tanto, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), dijo en Ginebra lamentar el impacto que tendrá la aplicación de dicha decisión en las personas que buscan asilo. Y advirtió sobre los terribles efectos de la referida política, que al parecer se aplicará temporalmente, y que obliga a la mayoría de los migrantes a solicitar asilo desde un tercer país que hayan atravesado durante su exilio hacia Estados Unidos, como reportamos portunamente en este espacio informativo.
En la tienda improvisada la juez Yvonne González pidió a las persona que temían regresar a México acercarse al frente de la pantalla de su televisor, y luego “les dijo que «un guardia de seguridad los llevaría a otra habitación en la tienda para que pudieran ser examinados por una agencia diferente y determinar si tendrían que regresar”, señaló AP.
Alrededor de 200 migrantes habían recibido la orden de presentarse en el cruce del puente en Nuevo Laredo, México, para poder cruzar y dirigirse al patio de la referida tienda al otro lado de la línea fronteriza.
La otra corte fue improvisada en Brownsville, donde se les prohibió a los periodistas ingresar a las carpas, a pesar de que las audiencias en los tribunales de Inmigración generalmente están abiertas al público, dice la fuente. Como se sabe, pocos migrantes pueden pagar un abogado, y a diferencia de los procesos penales los defensores públicos no son provistos por el gobierno en los casos de inmigración.
El programa Permanecer en México se ha convertido en una de las herramientas más importantes del gobierno estadunidense para evitar que los migrantes crucen la frontera sur. México ha estado cooperando con el programa bajo la presión del presidente Trump, lo que ha generado fuetes críticas de un amplio sector de los mexicanos al gobierno de México.
Por el momento, dice el Huffpost, “42 mil migrantes han sido obligados a regresar a México este año después de cruzar la frontera. Muchos de ellos dicen que huyeron de la violencia o las amenazas en sus países de origen con la esperanza de obtener asilo”. Las familias ahí “duermen en refugios superpoblados, pensiones o campamentos al aire libre”. Muchos han sido transportados al sur de México, a ciudades consideradas más seguras, aunque sin garantía de poder regresar.
Pero el estado mexicano de Tamaulipas, por ejemplo, donde los inmigrantes en busca de asilo tienen que esperar , es conocido por su violencia desenfrenada y por las pandillas que secuestran y atacan a los migrantes.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos advirtió a los estadunidenses no viajar a Tamaulipas, citando preocupaciones de seguridad. Pero el jefe de la Patrulla Fronteriza de Río Grande testificó recientemente que la agencia estaba enviando a más de mil migrantes por semana a Tamaulipas bajo el programa Permanecer en México, y que el Departamento de Seguridad Nacional habría prometido gastar 155 millones de dólares para construir y operar carpas para los migrantes en espera.
La fuente afirma que habrá nuevas audiencias el 16 de octubre y la jueza Gonzáles sostuvo que era importante que asistieran, o enfrentar una orden de deportación en ausencia, lo que les impediría volver a ingresar a Estados Unidos por los próximos 10 años■