De la redacción
Desde la aparición del brazo ejecutor de las políticas de detención del Departamento de Seguridad Interior (DHS), para combatir el tráfico de drogas y humano, entre otros crímenes, o la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, el debate sobre si misión es compatible con el respeto a los derechos humanos y a la democracia ha sido, por lo menos, muy controvertido, dice el abogado Zephyr Teachout.
Quienes se oponen a las prácticas del servicio de Inmigración y control de Aduanas, ICE, las consideran ilegales; porque en ocasiones no son sólo crueles sino hasta inhumanas, como lo demostraron los hechos más recientes con la separación de miles de niños menores de 5 años que fueron arrancados literalmente de los brazos de sus madres y enjaulados en cárceles cuyo paradero es desconocido por sus progenitores, habiendo causando daños traumáticos, irreversibles algunos de ellos, en los menores.
Defensores de los inmigrantes afirman que no es accidental que el gobierno de Trump utilice a ICE como «herramienta de comportamiento inconstitucional», pues es parte de la falla estructural de las propias agencias de DHS, al estar diseñadas para no hacerse responsable de sus prácticas y no rendir cuentas a nadie.
Hoy que el país “vive una emergencia legal y moral”, los abogados tienen una responsabilidad especial de hablar. “Los abogados, como protectores del estado de derecho, deben exigir el fin de centros de detención familiar indefinida, insistir en que todos los niños tengan representación legal garantizada, y deben unirse al creciente movimiento para abolir a ICE”, dijo el abogado Zaphyr Teachout al semanario inglés, The Guardian.
ICE socava lo que los estadunidenses aspiran a ser como sociedad, y “es una herramienta política inexplicable e inhumana, que trata a todos los inmigrantes como amenazas a la seguridad nacional”.
Como se pudo apreciar a través de la prensa, los crímenes presentados la semana pasada por Trump, aun estando en su controvertida gira por Europa, mostraron media docena de crímenes perpetrados por inmigrantes indocumentados, algunos de ellos deportados hasta 11 veces y que cometieron asaltos sangrientos, es una manipulación de las estadísticas de criminalidad en Estados Unidos, donde la población nativa comete más crímenes que los inmigrantes -y más aún los recién llegados-, y sin embargo tiene las menores tasas de encarcelamiento en la nación.
“Tanto ICE como la Agencia de protección Fronteriza (CBP) son herramientas de anarquía, con abundantes incidentes de abuso sustanciados que no podemos tratar estos incidentes como unas pocas manzanas podridas”.
Estas agencias, afirma la funete, “están tan politizadas que no son creíbles como organismos encargados de hacer cumplir la ley”, además de estar “tan profundamente conectadas con el comportamiento ilegal, que ya no son creíbles como agencias autogobernadas”. En cambio, se han convertido en «herramientas de poder arbitrario y de crueldad”, o sea, exactamente lo contrario al espíritu de la ley que dicen representar.
Pero los problemas con ICE y CBP son mucho más profundos que esta atrocidad en curso, y los horrores que vemos hoy son parte de un problema estructural que data de la administración de George W. Bush. y Cuando éste «presionó con éxito para que ICE ejecutara las aprensiones de DHS, transformó décadas de prácticas pasadas en las que el Departamento de Justicia llevó a cabo la política interna de inmigración”. Fue entonces cuando la nueva política “envió una señal clara y escalofriante: los inmigrantes deberían ser tratados como delincuentes y una amenaza para la seguridad nacional”, dice The Guardian.
Y como se ha venido demostrando, los «delincuentes peligrosos» a los que persigue con ansiedad desesperada ICE, “incluyen familias e individuos que han vivido en el país durante décadas sin antecedentes penales”. Además, existe una larga historia de ilegalidad en las prácticas cotidianas de ICE y de CBP.
De acuerdo con documentos citados por la fuente, de la Oficina del Inspector General (OIG) de DHS, que revisa las denuncias contra ICE y la Patrulla Fronteriza, “hubo mil 124 denuncias de abuso y agresión sexual entre los años 2010 y 2017; principalmente de detenidos bajo custodia de ICE”. De hecho, los funcionarios de la OIG han indicado anteriormente, haber recibido unas 33 mil quejas por abuso entre 2010 y 2016.
Hay informes por ejemplo de que las mujeres, antes de iniciar la travesía desde Centroamérica hasta la frontera de México con Estados Unidos comienzan a tomar anticonceptivos, “porque casi siempre esperan ser violadas en el camino”.
Pero su problema, como algunas organizaciones han demostrado, no termina ahí. “Llegan a Estados Unidos… y se enfrentan a juicios en masa, sin ser sujetas a la ley o al debido proceso… y EEUU no cumple incluso con los tratados internacionales sobre refugiados”; y ahora con la amenaza de perder a sus hijos. Como ha trascendido en la prensa durante las últimas semanas, dichos niños son tratados como monedas de cambio en un irresponsable e inhumano juego político “en los momentos de desarrollo más vulnerables en sus vidas”.
El llamado de las personas conscientes en este país -y aun desde el extranjero- es a no descansar hasta que las familias se reúnan y tengan un debido proceso en sus solicitudes de asilo. E “ir más allá del momento actual y lidiar con la amenaza estructural”.
Como abogados, involucrados en este peligroso momento que vive el país, “debemos señalar que el poder desenfrenado casi siempre es abusivo. El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente. No es un accidente que ICE y CBP se hayan convertido en herramientas de ilegalidad: es parte del diseño. Por lo tanto, debemos abolir a ICE”, concluye Zephyr Teachout, candidato a Fiscal General de Nueva York y profesor asociado de la Escuela de Leyes de la Universidad Fordham (NYC)■