Una inmigrante acude a realizarse un examen de rutina como parte del acceso público a cuidados de salud. Foto: Cortesía del Centro Nacional de Leyes de Migración.
Ethnic Media Service, Washington, DC.
Los abogados instan al Congreso a rechazar la reglamentación de “Carga Pública”
Abogados de las familias inmigrantes y por la oportunidad económica denunciaron una nueva regulación del gobierno de Trump que tiene como finalidad privar a millones de familias del acceso a la atención médica y a otros programas, o correr el riesgo del rechazo a conseguir el estado de residencia permanente legal en Estados Unidos. Esta regulación de “Carga Pública” recibió un número récord de comentarios, la extensa mayoría de los cuales, opuestos al movimiento de Trump. Ahora que la norma ha terminado el periodo de comentarios, los referidos abogados se están movilizando en las cortes y en el Congreso para bloquear su puesta en práctica.
“Esta política niega un futuro permanente y seguro en este país a todas las personas que no sean blancas y ricas,” dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Migración (NILC): “No lo toleraremos. NILC se está preparando para presentar una demanda para luchar en contra de esta regulación y proteger a las familias inmigrantes”.
La regulación de “Carga Pública” fue propuesta el otoño pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las estimaciones independientes indicaron que la medida amenazaría a unos 26 millones de personas en todo el país, directa o indirectamente. Además de enfocarse en inmigrantes de color, con discapacidades, y en quiénes tienen ingresos por debajo de 62 mil dólares, esa propuesta habría puesto en riesgo las solicitudes para la admisión a Estados Unidos o para una “tarjeta verde” si un inmigrante utiliza ciertas prestaciones sociales.
“Esta administración ha sido constante en su uso de tácticas dañosas y odiosas para asustar a las comunidades inmigrantes y crear miedo y ansiedad a muchas familias inmigrantes y sus hijos,” dijo Olivia Golden, directora ejecutiva del Centro de Derecho y Política Social. “La rápida publicación de esta norma, a pesar de más de un cuarto de millón de comentarios registrados durante el período de comentarios de 60 días indica que el gobierno ha elegido deliberadamente hacer caso omiso de las perspectivas, experiencias e investigación proporcionadas por una amplia sección representativa de estadunidenses.
Entre los observadores que han comentado hay miembros del Congreso, alcaldes, abogados para las mujeres y las comunidades de color, líderes espirituales, la comunidad médica, educadores, inmigrantes y muchos otros estadunidenses. Estos observadores eran personas de todos los ámbitos de nuestro país que enviaron el mensaje de que esta regulación amenaza la fuerza económica de nuestro país, y el futuro de nuestros hijos. ¡La decisión de hacer caso omiso es vergonzosa y demuestra una falta de consideración por la ley!”, deploró Golden.
Niños inmigrantes rehúsan participar en almuerzos escolares por temor de sus padres a represalias de Inmigración en sus procesos de ajuste de estatus o a ser deportados. Foto: Cortesía del Centro Nacional de Leyes de Migración.
La propuesta atrajo más de 266 mil comentarios públicos, de forma aplastante en la oposición. Además, se opusieron a la propuesta grupos de abogados y proveedores de atención médica, abogados de alimentación, abogados de vivienda, directores ejecutivos de corporaciones y abogados para la oportunidad económica, niños, y familias trabajadoras.
“Como pediatra, esta regulación de carga pública es un asalto a mi papel profesional –me siento inseguro sobre cómo orientar a familias cuando sé que esa inscripción en los servicios básicos que los mantendrán sanos podría comprometer la unidad familiar. Esta norma final sirve para intimidar y asustar aún más a las familias que buscan servicios necesarios para mantenerse sanos y productivos. Junto con otras inminentes propuestas, estas acciones dañinas tendrán consecuencias perjudiciales para la salud y bienestar del inmigrante”, dijo Julie Linton, MD, FAAP, Presidenta de la American Academy of Pediatrics Council on Immigrant Child and Family Health.
La regulación del DHS es uno de varios ataques recientes y planeados contra las familias inmigrantes de color. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), del gobierno de Trump, ha redactado una regulación complementaria que ampliaría las deportaciones basadas en el uso de programas públicos por parte de las familias inmigrantes. Los abogados cuentan con que la regulación del DOJ tenga un mayor “efecto escalofriante”, debido a las consecuencias de la separación de la familia por la deportación.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano también propuso regulaciones que negaban la ayuda de vivienda a las familias de estado mixto, que incluyen una persona indocumentada –un paso que según se informa podría llevar a que 55 mil niños nacidos en Estados Unidos se queden sin hogar. El Departamento de Comercio también intentó agregar una pregunta sobre la ciudadanía al Censo 2020. Esto incitó un pleito, al final ganado, que discutía acerca de que dicha política privaría del derecho al voto a votantes de color. Al igual que estas políticas, se espera que la regulación de Carga Pública concluida hoy tenga un impacto desproporcionado en niños y familias de color.
Si la administración de Trump se sale con la suya, factores como el ingreso, la cantidad de hijos o cualquier uso de programas que ayuden a las personas a satisfacer sus necesidades básicas lo dejarían sin derecho a traer a su familia a Estados Unidos. Y podría afectar su capacidad para obtener una tarjeta verde. Foto: cortesía del Centro Nacional de Leyes de Migración.
“Esta inhumana norma con raíces racistas es una vergonzosa estratagema por parte del gobierno de Trump para manipular el sistema de inmigración en favor de los ricos”, dijo Cynthia Buiza, directora ejecutiva del Centro de Política Inmigrante de California. “Nuestro mensaje a la fuerte y diversas comunidades inmigrantes de nuestro estado es sencillo: California le dará a usted respaldo. Una red valiente de abogados y grupos de la comunidad está luchando por ustedes. No permitiremos que esta dañina regulación deshaga el poderoso trabajo que hemos hecho en California para proteger a todos los que consideran a nuestro estado su casa”.
Por su parte, Jonathan Jayes-Green, Co-Fundador y director, de UndocuBlack Network, dijo que “Para dejarlo claro, la regulación de carga pública final de Trump sigue siendo racista, clasista y es parte de la agenda supremacista blanca de su gobierno para blanquear la composición de este país… Es inmoral, cruel y obliga a la gente a elegir entre sus necesidades básicas y la gente que ama. En todo el país, debido al miedo, la gente se está retirando de las prestaciones sociales para las cuales califica. Rechazamos estas tácticas basadas en el miedo y contraatacaremos como siempre hemos hecho”.
El Congreso también tiene el poder de bloquear la puesta en práctica de la regulación, y la Cámara de Representantes ya está tomando medidas para proteger a las familias. La Ley de Ningún Fondo Federal para Carga Pública, patrocinada por la representante demócrata de California, Judy Chu, tiene más de 40 co-patrocinadores y es respaldada por abogados clave. Como sugiere su nombre, la propuesta de ley bloquearía el financiamiento de la puesta en práctica de dicha regulación. La Senadora Mazie Hirono, demócrata de Hawaii, tiene pensado presentar una legislación complementaria después del receso del Congreso■
