Las redes de respuesta rápida denuncian las violaciones al debido proceso por parte de ICE en el norte de California. Foto: Sanctuary Santa Cruz.

De la redacción

Cuando se habla de la SB 54, o Ley de Valores de California, conocida también como ‘ley del Estado Santuario’, se sabe que ésta sirve para limitar la acción de los agentes federales del orden público en las localidades. Pero para el Departamento de Justicia de Estados Unidos dichos límites supuestamente interfieren con la capacidad de las autoridades federales de Inmigración para llevar a cabo su trabajo. Sin embargo, se sabe que los agentes federales siguen en buena medida ignorando el mandato de la ley, sostiene un informe.

Un año después de que el estado aprobara la Ley de Valores de California, que levanta un muro entre la aplicación de la ley local y la ley federal de Inmigración, la ejecución de la ley no se cumple totalmente.

Y a pesar de que la ley indica que “A las autoridades estatales y locales no se les permite investigar, interrogar, detener, detectar o arrestar a personas con fines de inmigración, pues ningún dinero o personal de la agencia puede ser usado para estos propósitos, muchas agencias locales y estatales aún interactúan de manera rutinaria con los agentes federales de Inmigración, gracias a las fuerzas de tareas conjuntas y a la base de datos y espacios de trabajo compartidos.

Ante este panorama, el Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego, una coalición de grupos que aboga en nombre de los inmigrantes en ese condado, revisó las políticas escritas de los departamentos de policía locales y “descubrió que la mayoría actualizó sus políticas para reflejar la SB 54, pero algunos todavía tienen mucho camino por recorrer”, reporta la publicación, Voz de San Diego.

Como se sabe, la Ley de Valores de California entró en vigencia el 1 de enero de 2018 y dicta las formas como los funcionarios locales y federales de inmigración pueden trabajar juntos, estableciendo medidas para aumentar la transparencia; como cuando por ejemplo ambas combaten el contrabando de drogas o la trata de personas, lo que puede resultar en la aplicación de la Ley de Inmigración, dice un informe del referido consorcio.

Erin Tsurumoto Grassi, asesora de políticas de derechos humanos de Alliance San Diego y autora del referido informe, declaró a la fuente que «Nuestra esperanza es que nuestras agencias aquí continúen trabajando con nosotros para que sus políticas sigan cumpliendo con la SB 54… Al final del día, es importante que la comunidad confíe en las autoridades locales. La única manera en que pueden hacerlo es si son transparentes y se adhieren plenamente a leyes como la SB 54».

Los miembros de esta coalición se reunieron recientemente con 11 agencias locales y obtuvieron, dicen, «políticas que se actualizaron para cumplir con la Ley de Valores de California». Y rindieron un informe que señala que «las políticas escritas no dan una imagen perfecta del cumplimiento de la ley por parte del departamento».

Unos pcos – de entre muchos- ejemplos:

• El Departamento de Libertad Condicional del Condado de San Diego y el Departamento de Policía de El Cajón aún no han terminado de actualizar sus políticas
• El Departamento de Policía de Coronado se negó a compartir su política, pero le proporcionó al grupo una carta para especificar si está siguiendo ciertos componentes de la SB 54
• Un departamento podría sobresalir en la divulgación de la comunidad y las interacciones con las comunidades de Inmigración en la práctica y todavía tener trabajo para actualizar sus documentos oficiales
• Un departamento podría cumplir con la ley en papel, pero aún podría participar en prácticas que violan la intención de la ley.

Preocupaciones sobresalientes

• Los grupos de trabajo conjuntos y otras formas de colaboración entre la policía local y las agencias federales continúan preocupando a los defensores
• Sólo cuatro agencias explican específicamente qué papel desempeñarán en el informe de estadísticas relacionadas con la participación de su grupo de trabajo en el estado, uno de los requisitos de la SB 54
• El Departamento de Policía de Escondido señala en su política que es necesario informar, pero no dice qué papel desempeñará en la presentación de informes.
• Debe haber claridad sobre lo que hacen esos grupos de trabajo y qué sucede cuando hay arrestos colaterales.

Un informe publicado por la oficina Xavier Becerra, el fiscal general de California, “detalla lo difícil que es reunir información sobre los arrestos hechos con fines de inmigración, a través de los grupos de trabajo”.

También hay preocupaciones continuas relacionadas con el Departamento del Sheriff, dijo Felicia Gómez, coordinadora de políticas del Centro de Políticas de Inmigrantes de California.

Como resultado de la SB 54, “menos personas son entregadas a ICE después de ser retenidas en cárceles del condado y el Departamento del Sheriff está notificando a ICE de las personas bajo su custodia con menos frecuencia”.

Pero el Departamento del Alguacil, agrega Gómez, “publica en línea las fechas de liberación de los inmigrantes presos, lo que significa que los oficiales de ICE, mientras tengan el nombre del que será puesto en libertad, saben cuándo arrestarlo», señala el informe.

A los defensores de la inmigración también les preocupa si el Departamento del Alguacil está cumpliendo plenamente con la Ley de la Verdad.

Y a pesar de las nuevas políticas que exigen que se les lea sus derechos a los presos antes de acceder a las entrevistas con Inmigración, un alto porcentaje de reclusos está de acuerdo con las entrevistas de ICE sin la presencia de un abogado.

«Esto genera muchas señales de alerta en cuanto a lo que realmente está sucediendo dentro del departamento y cómo se transmite la información», finalizó Gómez■