De la redacción

El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA enfrentará otro desafío legal el próximo martes 22 de diciembre en Houston, cuando una corte federal en Texas que será presidida por el juez federal de distrito, Andrew Hanen escuche el caso presentado por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien sigue argumentando -sin éxito- que el programa es ilegal. Pero la administración Trump recibió la orden de un juez federal de Nueva York para reinstalar completamente el exitoso programa de la era de Obama.

El fallo del juez federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, Nicholas Garaufis marcó recientemente un nuevo hito en la infatigable lucha de los ‘Soñadores’ o Dreamers, al ordenar que la administración Trump acepte solicitudes de DACA para 300 mil inmigrantes indocumentados adicionales, que quedarán protegidos de la deportación por dos años renovables y obtendrán permiso de trabajo también por dos años, mientras la administración federal entrante de Joe Biden y Kamala Harris gestionan una solución permanente a través del Congreso.

Como publicamos en su oportunidad aquí, el lunes 7 de diciembre el juez Garaufis había ordenado la semana pasada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que anunciara  con carácter urgente que “se aceptan las solicitudes al programa de DACA, incluso de quienes solicitan por primera vez, y se asegure que los permisos de trabajo sean válidos por dos años”. Y es que Chad Wolff, el director interino del servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, USCIS, había reducido reciente e ilegalmente a un año la duración de dichos permisos.

El nuevo desafío de la administración saliente, programado para ser escuchado el 22 de diciembre en Houston se refiere al memorando original del presidente Barack Obama que crea DACA, y que actualmente blinda de la deportación a unas 650 mil personas, argumenta que los inmigrantes indocumentados “drenan los recursos federales para la educación y los programas sanitarios, además de violar la ley federal”, dice la cadena ABC.

El fiscal estatal de Texas, Ken Paxton representando otros ocho estados busca poner fin a DACA argumentando que agota los recursos educativos y de salud del estado y viola la ley federal. Paxton, presenta frecuentemente desafíos legales que favorecen a la derecha, incluido el caso que buscaba subvertir la derrota electoral de Trump y que fue desestimado por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Pero argumentando a favor DACA una coalición de beneficiarios del programa, representada por el Fondo México Estadunidense para la Defensa Legal y la Educación, MALDEF, argumentaron que Texas y los otros estados «carecen de legitimación». Nina Perales, abogada de MALDEF dijo a ABC que «Este caso es un ataque a la legalidad subyacente de la propia DACA… que busca una decisión acerca de que DACA es ilegal y que sometería a cualquier administración futura».

Como escuchamos durante la recién concluida campaña presidencial, Biden se comprometió en repetidas ocasiones a restablecer DACA, como parte de una serie de acciones relacionadas con la inmigración, que incluyen la promesa de una moratoria sobre las deportaciones y la suspensión de la construcción del muro fronterizo.

Los defensores de DACA piden al Congreso que apruebe protecciones permanentes para los ‘dacamentados’. En declaraciones a la prensa el presidente de MALDEF, Tom Saenz dijo que el caso de Houston podría afectar cualquier política de inmigración que Biden introduzca para los beneficiarios de DACA. “Incluso si el programa tuviera diferentes requisitos de elegibilidad o un nuevo nombre”.

Si bien a menudo DACA se describe como un programa para inmigrantes jóvenes, muchos beneficiarios que han vivido en Estados Unidos durante una década o más, después de haber sido traídos al país sin permiso o sin visas por quedarse más tiempo del otorgado, muchos de estos dacamentados se han convertido en médicos, enfermeras (os) y otros trabajadores de primera línea durante la pandemia.

El Centro para Progreso Estadunidenses dice por ejemplo que aproximadamente 254 mil niños tienen al menos un padre que depende de DACA. Que “algunos destinatarios son abuelos… y que deben pasar una verificación de antecedentes”. Y señalan también que el programa no confiere personalidad o estatus jurídico, dice por su parte Prensa Asociada.

Uno de los poderosos argumentos con que cuenta la efensa de los dacamentados es que durante los próximos 10 años contribuirán con un estimado de 433 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto de la nación, PIB: 60 mil millones en impacto fiscal y 12 mil 300 millones de dólares en impuestos al Seguro Social y al Medicare.

Los opositores al programa argumentan que Obama eludió ilegalmente al Congreso meses antes de su reelección en 2012, y que no siguió el procedimiento federal para establecer el programa. Vale señalar que el juez federal de distrito que escuchará el caso, Andrew Hanen ya había anulado un esfuerzo de Obama para expandir DACA y extender las protecciones a los padres inmigrantes.

Pero la fuente señala que en el caso de DACA actualmente pendiente, hace dos años el prio Hanen se negó a emitir una orden judicial contra el programa, solicitada por Texas, diciendo que “si bien cuestiona la legalidad del programa, se haría más daño que bien al finalizarlo■