Maru Mora Villalpando en campamento durante huelga de hambre en una protesta contra la brutalidad de ICE en una prisión de inmigrantes en Tacoma, Washington. Foto: La Resistencia.

Marco Vinicio González

Tres de cada cuatro personas, de las decenas de miles que diariamente encarcela Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en sus distintos centros de detención en Estados Unidos, que se hallan en proceso de deportación, no tienen abogado. Esto dice la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU.

En su más reciente sondeo afirma que los abogados de casi la mitad de los centros de detención para los que recibieron respuestas a la encuesta, informaron «demoras arbitrarias o denegación de acceso a sus clientes”.

Cuando a las personas detenidas por ICE se les niega la comunicación con sus abogados, aumenta la posibilidad de que sean detenidas por largos períodos de tiempo o, peor aún, «deportadas en violación de sus derechos constitucionales», dice el referido informe.

Sostiene que para las personas que huyen de la violencia, “el acceso a un abogado puede ser una cuestión de vida o muerte”. Y que los problemas sin embargo no se detienen ahí.

Durante las últimas décadas, señala, “ICE se ha vuelto notorio por su abuso, negligencia médica generalizada y total desprecio por la dignidad de las personas”. Y agrega que durante la pandemia surgieron informes sobre “un mayor uso de la fuerza, patrones de abuso sexual, tasas de mortalidad sin precedentes y un fracaso total en la protección de las personas contra el COVID-19”.

Por otro lado, el Southern Poverty Law Center en una denuncia por separado alega que abusando de su cargo un enfermero agredió sexualmente a cuatro mujeres que buscaban atención médica en el centro de detención de ICE, Stwart, en el sur de Georgia. “Las obligó a darle acceso a las partes íntimas de su cuerpo sin necesidad ni justificación médica”.

La queja fue presentada también por una coalición de organizaciones de defensa ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Acusa a ICE  y a la compañía de prisiones privadas, CoreCivic, de «permitir las acciones del enfermero y de no proteger ni cuidar a las personas bajo su custodia». En ella, detalla las acusaciones de las cuatro mujeres descritas como detenidas en Stewart a fines de 2021 y principios de 2022.

«Las detenciones de ICE deben terminar», dice por su parte ACLU, y afirma estar instando al presidente Biden, desde que asumió el cargo, y al DHS a eliminar gradualmente “este sistema inhumano”, para que el país pueda invertir en servicios sociales comunitarios más eficientges.

“Pero dada su absoluta falta de acción hasta el momento, está claro que también necesitan sentir la presión del público”.

Y es que por años los defensores de los derechos de los inmigrantes han criticado la atención médica en Stewart y casi todos los centros de detención de ICE, por su personal inadecuado, demoras en la atención, negligencia y obstrucción en el acceso de los abogados defensores de los detenidos, pero sin resultados convincentes■