Steve Dillingham, Director de la Oficina del Censo en una reciente audiencia en el Congreso. Foto: José López Zamorano.
Medio millón de trabajadores del Censo empezaron esta semana a tocar las puertas de los que no respondieron el cuestionario. El plazo del conteo se ha recortado y la agencia federal tiene ahora sólo seis semanas para visitar 56 millones de domicilios. Las zonas de más baja respuesta siguen siendo las comunidades pobres y de color. Con los detalles, José López Zamorano.
Se escucha una nueva serie de anuncios…
En la última etapa del conteo, el de las visitas domiciliarias, la Oficina del Censo actualizó su multimillonaria campaña de anuncios dirigidos a elevar la baja tasa de respuesta de la comunidad latina. Erika Becker, de la oficina del Censo reconoce que la desconfianza de que se compartan datos personales explica parte del problema.
“Puede ser que la comunidad latina no tenga suficiente confianza pero por eso estamos aquí, para recordarles que seguimos contando a todos, independientemente de su situación migratoria; y que la información personal está protegida por ley y no se comparte con nadie”
Hasta el momento, el porcentaje general de respuesta es del 63 por ciento pero en algunos sectores de la comunidad latina es apenas del 28%; especialmente entre la comunidad boricua o portorriqueña, y en áreas donde viven muchas familias inmigrantes.
“Desafortunadamente hemos visto una guerra de esta administración Trump para tratar de excluirnos a los inmigrantes indocumentados, a los inmigrantes”
Héctor Sánchez, director ejecutivo de la organización Mi Familia Vota sostiene que la sorpresiva decisión del gobierno de Trump de recortar un mes el periodo de recolección de datos, que pasó del 31 de octubre al 30 de septiembre, confirma que lo que busca es excluir a las minorías.
“Y esto que está haciendo de cortar el ‘deadline’ por un mes es uno de esos ejemplos… pero todos tenemos que participar”
La Oficina del Censo sostuvo que lo hicieron para poder entregar el conteo completo el 31 de diciembre, como lo establece la ley. Durante una reciente audiencia en el Congreso, su director, Steve Dillingham aseguró que se conduce legal y profesionalmente.
“Seguimos comprometidos a contar a todas las personas en el lugar correcto y solamente una vez”
Pero la Cámara de Representantes decidió intervenir para exigirle explicaciones. El Comité de supervisión amagó con emitir citatorios si sus funcionarios no comparecen para aclarar tanto el cambio de calendario como la orden presidencial de excluir a los indocumentados para efectos de la redistribución electoral del próximo año.
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Funcionarios Latino Electos (NALEO) estima que la decisión de acortar el conteo del censo sacrificará su exactitud y excluirá a poblaciones históricamente marginadas, incluidos los latinos, afroamericanos, residentes rurales, pobres y niños.
Funcionarios reconocen que los puertorriqueños serán de los más afectados por el impacto combinado de la pandemia y problemas logísticos. Hasta hoy, de cada 10 sólo menos de tres han llenado el formulario.
“En Puerto Rico perdimos el momentum de cuando empezamos el Censo y desgraciadamente nunca pudimos recuperarlo”
María Olmedo es funcionaria de la Oficina del Censo.
“Hubo mucha confusión de si la gente tenía o no tenía los paquetes, o habían ido o no los enumeradores”
Por su parte y ataviados con mascarillas, los enumeradores del Censo empezaron esta semana a tocar puertas de personas que no han respondido el cuestionario y en condados difíciles de contar, pero aún los propios funcionarios de la institución reconocen que no tendrán tiempo para completar el proceso de entrega del reporte como lo establece la ley para el 31 de diciembre.
Para la Edición Semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
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