Carolina Rodríguez y su hija luchan por que no las desalojen. Foto: Rubén Tapia.
A pesar de que muchos estados del país están levantado las restricciones para sus habitantes y abriendo sus economías tras exitosas –y no tanto- campañas de vacunación, el Covid-19 sigue haciendo estragos en la economía y por consiguiente en la salud mental. Como en el caso de miles de familias a punto de ser lanzados a la calle por no poder pagar la renta tras perder el empleo por la pandemia y las moratorias al desalojo a punto de vencer.
De la redacción
La prohibición del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que emitió en julio de 2020 o la Detención Temporal de Desalojos Residenciales para prevenir una mayor propagación de Covid-19 vence dentro de dos semanas (30 de junio de 2021). Y aunque hoy ya no hay tantos millones de estadunidenses sin trabajo, muchos todavía enfrentan sin embargo la evicción por sus rentas atrasadas.
Como ha quedado demostrado, no todos los propietarios de viviendas de alquiler respetan siempre las moratorias que protege a los inquilinos en busca de ayuda del gobierno para poder hacer a tiempo pagos parciales del alquiler. Y como hemos dicho repetidamente en este espacio informativo, entre los más golpeados en este renglón, si no es que las más afectadas son las familias latinas.
Incluso en agosto de 2020, según el Centro de Prioridades y Políticas Presupuestarias, con base en cifras del censo estimaba que los inquilinos en comunidades de color corrían un riesgo desproporcionado de perder sus hogares. En esa época, casi uno de cada tres inquilinos latinos y afroestadunidenses informaba no haber podido pagar su alquiler el mes previo. Mientras casi uno de cada cinco asiáticos y uno de cada 5 inquilinos blancos se hallaba en similar situación.
Según una encuesta de UnidosUS, entre 2001 y 2014 el porcentaje de inquilinos latinos que pagan el 30% o más de sus ingresos en alquiler aumentó del 46% al 55.8%.
Y en febrero de 2020, un mes antes del brote de COVID-19, un un tercio de los inquilinos latinos gastaba más del 40% de sus ingresos mensuales en costos de vivienda.
Además, la persistente desigualdad de ingresos por motivos raciales ha contribuido a una brecha salarial para los trabajadores latinos, una tendencia que también ha ampliado la brecha entre los ingresos de los inquilinos latinos y los costos de vivienda, dice la fuente.
“Hoy en día, el trabajador latino de tiempo completo con salario medio gana un salario que es insuficiente para pagar un apartamento de una habitación con una renta de mercado justa, en comparación con un trabajador blanco en una situación similar”.
Haciendo un ejercicio de ubicación geográfica del problema, por citar sólo un ejemplo en el condado de Fresno, California, más de 650 familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el año pasado, a pesar de una moratoria federal de desalojos y medidas locales que tenían como objetivo brindar alivio. Aquí, en un condado extenso del Valle Central, los desalojos ocurrieron a una tasa casi cuatro veces mayor que en Los Ángeles y ocho veces mayor que en San Francisco.
Además, “casi la mitad de las familias en Fresno no son propietarias de sus casas. Ahí, el ingreso familiar típico es un 30 por ciento inferior al promedio estatal. E incluso cuando los alquileres han caído en otros lugares desde marzo de 2020, en Fresno han aumentado un 17.1%. Y desde 2017 la renta promedio se ha disparado un 41%, el segundo aumento más grande en la nación, sólo detrás de Boise, Idaho”, dice The San Francisco Chronicle.
Ahora bien, de ser desalojados esos inquilinos de las minorías de color con el pago de alquiler rezagado por la pandemia, sus opciones son mudarse a una vivienda compartida, a refugios de la ciudad, al sofá de los amigos y familiares o de plano a la calle.
Con todo, para ser elegible a las protecciones de la moratoria federal los individuos deben ganar no más de 99 mil dólares anuales, o 198 mil las parejas que declaren juntos sus impuestos; en 2020 no haber tenido la obligación de reportar ningún ingreso al IRS; no haber recibido un Pago de Impacto Económico (cheque de estímulo), o cualquier otro pago similar autorizado por el gobierno federal en 2020 y 2021.
Además, los inquilinos deben completar una declaración bajo pena de perjurio de que cumplen con los criterios enumerados en la Orden. Puede utilizar el formulario de declaración de prohibición de desalojo de los CDC descargable y gratuito (la descarga incluye detalles sobre la prohibición e instrucciones).
Los estados aún pueden prohibir los desalojos y promulgar otras protecciones para inquilinos que brinden más protección que la Orden federal. Cualquiera que viole la Orden puede estar sujeto a sanciones penales que incluyen multas y encarcelamiento. Consulte la “Prohibición de desalojo de los CDC. Otras protecciones federales para inquilinos”
Esto significa que los inquilinos que no cumplan con los criterios de protección bajo la prohibición federal aún podrían estar protegidos contra el desalojo bajo cualquier orden estatal o local aplicable. No obstante, tenga en cuenta que los tribunales de cada estado están manejando la prohibición de desalojo de los CDC de manera diferente. Para concer mejor sus derechos consulte este enlace■
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Una ola de desalojos masivos vendría a ser como una lluvia cayendo sobre mojado. ¿Cuáles serían las consecuencias de que, al vencer la moratoria a los desalojos –en algunos estados ya venció-, los estadunidenses no estén preparados para enfrentarlo?
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