El 1 de septiembre los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, emitieron una moratoria temporal a nivel nacional en la mayoría de los desalojos por falta de pago del alquiler; entró en vigor el 4 del mismo mes e inicialmente expiraba el 31 de diciembre de 2020, para garantizar que las personas pudieran practicar el distanciamiento social y cumplir con las órdenes de quedarse en casa, a fin de ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Esta moratoria se extendió varias veces y emitió una guía El 9 de octubre el CDC emitió una guía con nuevas reglas y el Congreso extendió la moratoria hasta enero de 2021, y el presidente Biden hasta julio, y proporcionó 46 mil 500 millones de dólares para asistencia de alquiler de emergencia (ERA). Pero hasta la fecha, el dinero para los inquilinos se ha repartido ‘acuenta gotas’.
De la redacción
Desde la última vez que expiró la moratoria nacional de desalojo el 31 de julio, los CDC la extendieron con un desalojo limitado hasta el 3 de octubre para inquilinos en comunidades con un aumento en los casos de COVID-19, que cubre aproximadamente el 80 por ciento de todos los condados de Estados Unidos y al 90% de todos los inquilinos. El anuncio de los CDC fue un día después de que la administración de Biden anunciara pasos adicionales que tomará para proteger a los inquilinos y prevenir desalojos durante la pandemia; incluidos los recomendados por la Coalición Nacional para la Vivienda de Bajos Ingresos (NLIHC) y la Ley Nacional de Vivienda.
Sin embargo, hasta la fecha sólo se han distribuido 5 mil 100 millones de dólares del Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERA), financiado en los dos paquetes federales de ayuda para la pandemia que fueron aprobados durante el último año terminando en julio, y ahora la Casa Blanca se prepara para una decisión de la Corte Suprema que podría anular por completo la moratoria nacional de desalojo.
Datos publicados por la encuesta periódica Pulse, de Oficina del Censo que extrapolaron los totales nacionales de un grupo de aproximadamente 70 mil encuestados este mes, ilustraron la magnitud del riesgo de desalojo: alrededor de 1.2 millones de hogares tienen muchas probabilidades de ser desalojadas durante los próximos dos meses, dicen.
Por su parte, The New York Times reporta hoy que “de los aproximadamente 2.8 millones de hogares que han solicitado ayuda, sólo alrededor de 500 mil informaron haber recibido asistencia; otros 1.5 millones están esperando aprobación, mientras que casi 700 mil han sido rechazados”. Y estos son sólo los inquilinos que han intentado acceder al programa. Pero más del 60% de los que son vulnerables “ni siquiera lo han solicitado”.
Recientemente el Departamento del Tesoro anunció otra ronda de cambios y permisos “para que los estados hagan pagos masivos a los propietarios y compañías de servicios públicos en previsión de los pagos federales a los inquilinos”, señala fuente. También están ampliando las iniciativas existentes para prevenir los desalojos en propiedades financiadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Asuntos de Veteranos.
Los abogados de la Casa Blanca se preparan para una decisión de la Corte Suprema esta semana, que en general implicaría duplicar los esfuerzos existentes para acelerar el flujo de la ayuda. “Pero es probable que cambien a un modelo de clasificación, centrándose en un puñado de estados y ciudades que tienen protecciones débiles para los inquilinos, una gran cantidad de rentas pendientes de pago y un bajo uso del fondo federal de asistencia a la renta”.
Preocupados de que el máximo tribunal pueda anular una nueva moratoria en cualquier momento, «los funcionarios de la administración también están recurriendo a los tribunales estatales», que arbitran las disputas entre inquilinos y propietarios, «para ayudar a entregar la ayuda presionando a los caseros a que acepten pagos federales en lugar de proceder con los desalojos y educando inquilinos», que a menudo no tienen representación legal en los tribunales, sobre su derecho a solicitar asistencia, concluye la fuente■
