Un séptimo prisionero murió en la prisión estatal de San Quintín por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Hasta ahora, más de mil 300 prisioneros han dado positivo ahí, uno de los puntos críticos más grandes del país. Foto: https://www.democracynow.org.
De la redacción
Si por algo se han distinguido los lucrativos centros privados que contrata el servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para encarcelar a los inmigrantes indocumentados ya sea por pedir legalmente asilo o simplemente por cruzar la frontera sin autorización, es por operar en condiciones irresponsables y sin ningún escrutinio público. De ahí que 900 inmigrantes indocumentados, de los 2 mil 579 bajo custodia de ICE en esas cloacas en todo el país hayan dado positivo al Covid-19, según The Arizona Republic.
En tanto, el inmigrante mexicano, Onoval Pérez-Montufa, de 51 años de edad y quien había estado bajo la custodia de ICE desde el 15 de junio, tras dar positivo al coronavirus el 2 de julio murió el domingo pasado en el Centro de Detención de ICE, del Condado de Bell Glades en La Florida, aunque no se dio a conocer la causa de su muerte ese mismo día.
No es difícil imaginar las condiciones que precipitaron el deceso de Pérez-Montufa, quien es sólo una muestra de los múltiples problemas inherentes a esas cárceles; como la falta de espacio para guardar el distanciamiento físico adecuado, lo que pone a los reclusos en peligro de vida o muerte, como ya vimos.
Un mes antes, en mayo otro inmigrantes guatemalteco de 34 años que había dado positivo por COVID-19 estando bajo custodia de ICE desde principios de marzo en el Centro de Detención Stewart, murió en un hospital de Lumpkin, Georgia, confirmó la agencia federal en un comunicado.
Esta es la primera vez que se revela públicamente el número total de casos confirmados de COVID-19 en dichos centros de detención de ICE rentados a contratistas privados, que salieron a la luz pública durante una audiencia de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, realizada “en medio de crecientes quejas de que las empresas privadas no han protegido adecuadamente del coronavirus al personal administrativo, a los custodios y a los detenidos, dice The Arizona Republic.
Gerentes ejecutivos o CEO’s de centros privados de detención de ICE que comparecieron recién ante el Congreso, buscaron asegurar a los legisladores que actuaron “rápida y urgentemente para prevenir la propagación del coronavirus dentro de sus instalaciones”; incluyendo el suministro de máscaras cubre boca, guantes y otros equipos de protección e implementación de protocolos, “basados en las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, incluso cuando el número de detenidos infectados por el virus se ha disparado”.
Por su parte, The BuzzFeed News reporta que desde el comienzo de la pandemia, “expertos médicos y defensores de los inmigrantes habían advertido que el coronavirus pondría en peligro a los detenidos”. En marzo, los funcionarios de ICE comenzaron a evaluar a su población de reclusos para localizar a detenidos «vulnerables», incluidos aquellos que tienen más de 60 años o a las mujeres que están embarazadas.
Hasta el momento, jueces federales de todo el país han ordenado la liberación de 502 detenidos de ICE desde el comienzo de la pandemia, citando las condiciones médicas preexistentes de los inmigrantes liberados y las complicaciones potencialmente mortales de COVID-19.
Además, de los 3 mil 700 empleados del Grupo GEO, la mayor corporación trasnacional que renta y administra servicios en las prisiones de ICE, 167 miembros han dado positivo al coronavirus, dijo a los legisladores George C. Zoley, presidente y CEO de GEO.
De acuerdo con The Arizona Republic, “otros 144 empleados de centros de detención de ICE, de los 3 mil empleados de LaSalle Corrections y 73 de los mil 200 empleados de Management and Training Corporation, han dado positivo a COVID-19, dijeron a la fuente Rodney Cooper, presidente y CEO de LaSalle, y Scott Marquardt, presidente y CEO en MTC.
Trascendió que los niveles de ocupación en los referidos centros de detención han caído por debajo del 50% desde el comienzo de la pandemia, “debido a la liberación de detenidos por parte de ICE y al menor número de detenciones”.
Por eso, señalaThe Arizona Republic, “Las tasas de ocupación más bajas han hecho que sea más fácil distanciar a los detenidos, y mantenerlos más separados dentro de las instalaciones”.
Informes sobre racionamiento de Equipos de Protección Personal, EPP, y la presión para que el personal continúe trabajando incluso cuando esté enfermo en el Centro de Detención Eloy, administrado por CoreCivic, reproducen un peligroso cuadro muy similar a los otros casos, tras la muerte de un oficial correccional de alto rango.
Hasta este lunes, 250 detenidos en el Centro de Detención de Eloy habían dado positivo por el virus, el segundo total más alto de cualquier centro de detención en el país, según datos de ICE. De esos, 116 son casos activos, de acuerdo con los datos de ICE. Un total de 128 empleados también dieron positivo por el coronavirus, dijeron funcionarios de CoreCivic, o más del 40% del personal de la instalación■
