De la redacción

Las muertes causadas en este país hasta la madrugada de hoy por el COVID-19 (3 mil 38, y 165 mil 75 casos positivos), rebasaron ya la cifra mortal que arrojó el mayor atentado terrorista en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 (9/11). Con un irresponsable y letal retraso gobernadores de 32 estados han ido aceptado –algunos a regañadientes- adoptar las medidas de seguridad, principalmente el distanciamiento social o la regla de quedarse en casa. Esto significa que al menos 265 millones de personas en al menos 32 estados, 80 condados, 17 ciudades, el Distrito de Columbia y Puerto Rico están siendo instados a quedarse en sus hogares.

El presidente Trump hizo otra serie de declaraciones inexactas y engañosas durante su rueda de prensa de coronavirus ayer lunes 30 de marzo desde el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. Caracterizó de manera inexacta las declaraciones anteriores que ha hecho, minimizando la gravedad de la crisis. Nuevamente habló de medicamentos que no han sido clínicamente probados como seguros o efectivos para su uso contra el coronavirus, de acuerdo con una verificación de hechos acerca de sus declaraciones en dicha sesión informativa.

California, que fue el primer estado en imponer diligentemente la regla de permanecer en casa, cuenta con 7 mil 453 casos confirmados, y 149 personas muertas por la pandemia. Ciudades como Los Ángeles, están convertidas en un verdadero desastre. Nada más el Condado de L.A. tiene hasta el 30 marzo 2 mil 474 casos confirmados y 44 muertes.

Sin embargo, 18 gobernadores todavía se resisten o imponer medidas de seguridad, a pesar de la evidencia y los ruegos de médicos y enfermeras (os), prefiriendo proteger a la economía en lugar de a sus gobernados.

Dos estados, Luisiana y La Florida son claro ejemplo -aunque no los únicos- de negligencia o respuesta tardía a la pandemia, pero la muerte en su patio por fin lo hizo entrar en razón. Citamos estos dos estados por la gravedad de sus situación en términos de casos positivos confirmados y de muertes.

No fue sino hasta la semana pasada que el gobernador republicano de La Florida, Ron DeSantis pidió al presidente Trump que declare a su estado como un área de desastre, argumentando que el brote de coronavirus está teniendo un «efecto drástico» en la economía (ojo: ¡en la economía! primero), y en los médicos de ese estado, a pesar de su gran población de personas de la tercera edad que por su edad se hallan entre los más vulnerables a contraer el coronavirus.

En su carta DeSantis dijo al presidente que «los hospitales, las instalaciones médicas y los servicios en la primera línea de defensa enfrentan desafíos que rara vez se habían experimentado antes»; y que el estado ya había gastado 208 millones de dólares en asistencia relacionada con el desempleo, cupones de alimentos, préstamos por desastre y asesoramiento a los problemas de salud mental.

Por su parte el Departamento de Salud de Luisiana informaba el 30 de marzo que se habían confirmado 4 mil 25 casos positivos de COVID-19, y que 185 personas habían muerto por efecto del virus; mil 158 pacientes han sido hospitalizados, y 385 de ellos están en ventiladores. Se sabe que entre más tiempo dure una persona conectada a un ventilador menos son sus posibilidades de sobrevivir.

Criticado por negarse a suspender su multitudinario festival callejero conocido como Mardi Gras en Nueva Orleans, ciudad convertida en la de mayor y de más rápido índice de mortalidad proporcionalmente halando, no fue sino hasta la medianoche del 23 de marzo que el gobernador republicano de Luisiana, John Bel Edwards instituyó la orden estatal de permanecer en casa, pero ésta sólo durará hasta mediados de abril, cuando probablemente el pico de mortalidad todavía no sea alcanzado.

Por lo pronto, hasta la mañana del lunes Nueva York amaneció con 332 personas que murieron por efecto del coronavirus, lo que eleva el total de muertos en el estado a mil 550, o la mitad de las muertes de todo el país. Esto convierte a Nueva York en el epicentro de la pandemia, y a una ciudad donde el sonido de las sirenas de ambulancia se ha vuelto en el paisaje sonoro crispando los nervios.

De hecho el hermano menor del gobernador, Chris Cuomo, un presentador de noticias de la cadena CNN dio positivo al COVID-19, según anunció el propio gobernador en su disciplinada y objetivamente documentada sesión informativa de todos los días. “Todos están sujetos a este virus. Es el gran ecualizador”, dijo, y dijo también que su hermano se sobrepondrá, “porque es un hombre fuerte”, aunque, bromeó, “no tan fuerte como él piensa”.

El gobernador Cuomo está pidiendo, rogando a médicos y enfermeras de otros estados que acudan a Nueva York a prestar ayuda para combatir la pandemia, y que cuando pase el punto álgido del contagio y éste llegue a sus localidades, Nueva York reciprocará la ayuda mandando a sus médicos y personal de primera línea a esos estados y ciudadades.

Vale anotar que tanto California como Nueva York han demostrado que observar la regla de quedarse en casa ha ayudado a evitar que el contagio del coronavirus se propague con rapidez. Porque como se ha dicho, a mayor densidad de población mayor posibilidad de contagio. Por eso todas aquellas personas que desafían esta regla, y que continúan reuniéndose en grandes grupos en playas y festivales o en lugares públicos, no sólo se exponen individualmente al contagio sino que se convierten en un peligro para salud de las otras personas, en un riesgo para la seguridad nacional.

Por último, la falta de liderazgo en el nivel nacional respecto a las urgentes necesidades para salvar vidas, proveyendo los equipos de protección personal, o PPE (máscaras cubre boca N19, batas y guantes), pero sobre todo ventiladores y camas de hospitales sigue siendo una irresponsabilidad eventualmente criminal. Es increíble que la agencia federal para desastres naturales (FEMA) esté enviando a Nueva York por ejemplo, camiones-refrigerador para almacenar los cientos de cadáveres que arroja la pandemia todos los días, en lugar de enviar los PPE.

Y que tampoco haya un alto a la especulación de los comerciantes en esta economía de libre mercado, que pone a competir con precios exorbitantes no sólo a los estados contra los estados para conseguir ventiladores y equipos de protección, sino que ahora es el propio gobierno federal, que cuenta con infinitamente mayores recursos económicos que los estados, quien está compitiendo también contra los estados por la compra de dichos equipos de protección.

Y aunque el gobierno federal hace cuentas alegres en sus conferencias de prensa cotidianas, a cerca de la existencia de dichos equipos y la promesa de que ya van en camino, y haya declarado una orden para que las personas guarden el distanciamiento social hasta finales de abril, lo cierto es que la comunidad médica, enfermeras (os) y de primera línea al combate del coronavirus, además de los habitantes de este país, está siendo diezmada diariamente por la negligencia criminal. Es decir, se está matando a las personas que defienden y cuidan a la sociedad en Estados Unidos■