Activistas indiciados en Fresno revelan tácticas policiales similares a nivel nacional

Marcha frente a la cárcel del Condado de la ciudad de Fresno, California. Foto: Fresno Peoples Media.

Marcha frente a la cárcel del Condado de la ciudad de Fresno, California. Foto: Fresno Peoples Media.

Los cargos policiales a cuatro activistas de Fresno, California, por participar en una protesta pacífica,  y ser indiciados casi dos semanas después de la marcha-protesta  a las afueras de su domicilio hace parecer est0 a un esfuerzo quirúrgico de la Ciudad dirigido a activistas particulares a fin de inhibir el derecho a ejercer la libre expresión,  y desalienta la protesta pacífica y la disidencia, así como el derecho a ejercer la libertad de reunión; como si fuera un esfuerzo dirigido especialmente a comunidades minoritarias e inmigrantes. Estos arrestos socavan la confianza de la comunidad en la policía y el sistema legal, haciéndonos a todos menos seguros, y señala una marcada inclinación de las fuerzas del orden hacia el uso de tácticas de intimidación, que sintonizan muy bien con el ambiente político que se respira en todo Estados Unidos bajo la actual administración federal.

Samuel Orozco                                                                                                                                           Director de Noticias                                                                                                                                 Radio Bilingüe, Oakland, CA


La semana pasada se llevó a cabo en la corte municipal de Fresno, California, una sesión para instruir cargos al primero de cuatro activistas acusados de cometer ilícitos en conexión con la realización de una marcha para protestar contra la colaboración de la policía local en labores de deportación.

En la marcha, celebrada el pasado 5 de marzo, docenas de manifestantes, entre ellos profesores, lideres religiosos y sindicalistas pedían al alcalde, Lee Brand, que concediera en su ciudad santuario para las perseguidas familias inmigrantes.

En vez, quienes resultaron perseguidos fueron cuatro manifestantes a los que al parecer la policía identificó como organizadores de la protesta y contra quienes se dictó orden de aprehensión, acusándolos de los delitos de marchar sin permiso y de obstrucción de la acera. Los activistas acusados son Luis Ojeda, Dawn-Marie Luna, César Casamayor y Shannon Kurtz.

Importa hacer notar que la acción policial contra los participantes no fue inmediata sino que se inició el 17 de marzo, o sea dos semanas después de la marcha en cuestión, cuando dos agentes policiales se presentaron a primeras horas de la mañana en la casa del activista César Casamayor. Al abrir la puerta e identificarse, Casamayor fue sujetado y esposado, y luego conducido en un carro patrulla a la cárcel para después ser transferido al penal del Condado. Allí estuvo detenido por siete horas. Al final del día salió libre tras pagar una fianza de 20 mil dólares.

Con ese operativo policial se inició el proceso contra los cuatro activistas de Fresno. En defensa de los acusados han salido líderes de congregaciones religiosas agrupadas en torno a la coalición, Faith in the Valley, y algunas otras organizaciones comunitarias, varios de cuyos miembros reportan haber participado también en la misma marcha que motivó los cargos.

A los lideres de dicha coalición les ha despertado sospechas y alarma algo más que los cargos: los tiempos y el celo extremo con el que las autoridades han decidido perseguir a los jóvenes.

Para manifestar su repudio ante el proceder de las autoridades, decenas de esos lideres locales se dieron cita frente al edificio de la corte durante la cita de instrucción de cargos.

Las siguientes declaraciones corresponden a algunos de los líderes que dirigieron sus peticiones al alcalde de Fresno, al jefe de policía y al fiscal.

Reza Nekumanesh es director del Centro Cultural Islámico de Fresno:

“Yo estuve allí (en la marcha) y muchos de mis colegas estuvieron allí también. Muchos lideres de fe de Fresno y trabajadores sociales estuvieron allí. Empezó y terminó pacíficamente y, más tarde, cuatro individuos fueron acusados de reunirse sin permiso de la ciudad. ¡¿Reunirse sin permiso de la ciudad?! Puedo afirmar que la mayoría de las reuniones públicas que ha habido en la ciudad se han dado sin incidentes y pacíficamente, y no se ha indiciado a nadie. Creemos que este es un esfuerzo que tiene (la Ciudad) para por fin apuntar contra activistas particulares e intimidar nuestro derecho a la libre expresión, y desalentarnos para que no protestemos pacíficamente. Nos hemos reunido con el alcalde, sus representantes, con concejales; hemos enviado cartas al jefe de la policía y al fiscal pidiéndoles que actúen con ética, liderazgo y justicia… Hoy les pedimos que, en nombre de Dios, retiren incondicionalmente todos los cargos a estos cuatro individuos”.

En este encuentro ciudadano también habló el reverendo y pastor cristiano, Chris Breedlove:

“Imploramos al alcalde, Lee Brand, que intervenga y pare la persecución selectiva de aquellos, tal como los cuatro de Fresno, que hablan franca y valerosamente haciendo uso del poder democrático de la libre expresión y del valor de su generoso corazón en defensa del santuario para todos mediante la protesta no violenta y pacífica”.

Además tomó la palabra el doctor jubilado, James Méndez, quien aclaró haber sido parte de la marcha que ahora se califica de ilícita:

“Me conmocionó saber que después de la manifestación, cuatro habían sido arrestados y acusados de cargos relacionados con la marcha. Esto no está bien. ¿Por que es que la policía no hizo o dijo nada el día del evento? Aunque estas cuatro personas han sido objeto de arresto, hubo otros allí ese día. No nos queda mas que pensar que estos arrestos son parte de un esfuerzo por parte de los poderes que dominan la ciudad, por reprimir la disensión, por reprimir la discusión, la libertad de expresión y desalentar el derecho a la reunión, especialmente entre las comunidades minoritarias e inmigrantes. Estos arrestos socavan la confianza de la comunidad en la policía y el sistema legal, haciéndonos a todos menos seguros. A fin de hacer Fresno un lugar mejor, le pido al alcalde Lee Brand y al consejero legal de la ciudad que retire todos los cargos contra estas cuatro personas. Y finalmente, todos debemos preguntarnos:’Si estos cuatro fueron arrestados por participar en una protesta pacifica, ¿seré yo el siguiente?’”.

Una prominente voz en este acto de desaprobación de la conducta policial fue la del rabino, Rick Winer, de la sinagoga Temple Beth Israel de Fresno:

“Este evento empezó y concluyó pacíficamente. Y, sin embargo, semanas después cuatro individuos se sorprendieron al saber que tenían órdenes de aprehensión y cargos criminales. Desde entonces, nos hemos enterado que el Departamento de Policía de Fresno y la oficina del consejero legal de la Ciudad están usando su discreción para perseguir a estos individuos, enviando a agentes de la policía a sus casas, a las casas de sus familiares, e incluso a arrestarlos y meterlos a la cárcel. Esto no sólo ha generado temor y confusión. Estas tácticas también han costado a estos individuos miles de dólares en fianzas y costos legales y de la corte. Puedo afirmar, porque me consta, que muchos, la vasta mayoría de los manifestantes de toda extracción y toda clase de causas en meses recientes, no han sufrido repercusiones ni ninguna reacción; mucho menos cargos criminales de significación, como los que se han interpuesto en este caso. ¿Es este el mejor uso de los dólares de nuestros impuestos? ¿Es esta una persecución selectiva de activistas específicos? ¿Es esto un intento de intimidar nuestra libre expresión y disuadirnos de futuras protestas pacíficas? La Ciudad nos dice que estos cargos no tienen por intención reprimir la libre expresión. Pero definitivamente así se siente… ¿no seremos nosotros los próximos en recibir órdenes de aprehensión por participar en protestas pacificas por las causas que apreciamos?”.

De los anteriores pronunciamientos se desprenden los siguientes grandes cuestionamientos, o incluso ‘indiciamientos’ a la autoridad municipal y policial de Fresno:

  1. Que docenas de ellos fueron testigos de que la manifestación que ahora se persigue se celebró pacíficamente y sin alteración del orden.
  2. Que durante el evento no hubo llamada de atención alguna por parte de la policía para advertirles de cualquier acto de alteración del orden.
  3. Que por alguna razón inexplicable no fue sino hasta después de dos semanas que la policía decidió tomar acción penal en contra de algunos participantes. ¿Por qué se decidió esperar? ¿Por qué no se dignó la autoridad en dialogar o incluso amonestar en el momento en que ocurría el acto?
  4. Que también por alguna razón inexplicable las órdenes de aprehensión se giraron contra cuatro de los participantes, pese a que a la marcha habían concurrido mas de cien.
  5. Que se ha perseguido a estos activistas con todo el peso de la ley, como si se tratara de delincuentes peligrosos, capturando a uno en su casa, visitando las casas de los demás e imponiéndoles fianzas onerosas.
  6. Que ya de por sí se está castigando severamente a estos pacíficos manifestantes, sometiéndolos a un proceso penal e imponiéndoles gravosos costos de litigación.
  7. Y que, como dijo el rabino Winer, aunque la policía diga que estos cargos criminales no tengan la intención de reprimir la libre expresión, definitivamente así es como se sienten: como un operativo de intimidación para sofocar la protesta pacífica.

Quiero poner bien en claro que hemos invitado al jefe policial Jerry Dyer en repetidas ocasiones y aunque no nos fue posible tener sus declaraciones a tiempo para este programa, (Línea Abierta/05/16/2017) sabemos por otros medios que él ha dicho que decidieron no intervenir en su momento y en vez posponer el momento de tomar acción penal a fin de evitar que las cosas escalaran; dijo también que fue a base de su videograbación que escogieron a quienes al final decidieron perseguir e indiciar; y dijo además que por lo general sus agentes han actuado con moderación al manejar los actos de protesta pública y que si persigue a estos activistas es porque ante la ley debe tratar a todos por igual.

Por lo pronto, la acción judicial en contra de los cuatro activistas de Fresno sigue su curso y la corte ha programado sesiones de instrucción de cargos para fines de junio. Al menos a uno de ellos se le ha ofrecido ya atenuar sus cargos y suspender la acción penal en su contra a cambio de que acepte y se comprometa a dejar de participar en actos de protesta social por al menos un año.

A modo de conclusión y como se ha señalado antes, sobre el proceder de la policía de Fresno pesan grandes cuestiones, que me gustaría resumir en dos puntos:

Una es sobre el cuestionable uso de la discreción procesal, es decir, después de haber evaluado si la presunta falta era leve o grave, el jefe de la policía decide darle alta prioridad y convertirlo en un caso a perseguir; Y la otra es la cuestión de la proporcionalidad del castigo. O sea, la desmedida acción penal en contra de personas que de modo pacifico se expresaban en la vía pública sobre asuntos del mayor interés para la comunidad. Eso de arrestar, encarcelar, endilgar cargos penales, o someter a juicio por expresarse y participar en una manifestación pacífica es sin duda un trato peor que el que han recibido delincuentes de peligrosidad.

Considerando el excesivo celo y la búsqueda del castigo a toda costa, uno se pone a pensar si no habrá conexión de esta acción policial en Fresno con lo que pasa en el nivel nacional, donde a estados de política conservadora, como Tennessee, Oklahoma y Dakota del Norte, les ha dado últimamente por adoptar la mano mas dura contra los actos públicos de disidencia, entre ellos pacificas marchas de protesta social.

Esto es algo que defensores de las libertades civiles de Estados Unidos han calificado como una ola sin precedente de hostilidad contra los manifestantes y que ha orillado a expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas a tomar cartas en el asunto y advertir al gobierno de Estados Unidos que este tipo de políticas constituyen “una tendencia preocupante” a la “criminalización de las protestas pacíficas”.

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