«Tenemos y seguiremos apoyando la expansión de escuelas charter de ‘alta calidad’, como una manera de asegurar que todos los estudiantes tengan grandes opciones educativas disponibles para ellos»: Chris Christie, gobernador de Nueva Jersey. Foto: American solutions.

De la Redacción

Las  abundantes noticias que emana sin cesar de la Casa Blanca sobre importantes asuntos como el presupuesto en discusión, con severos recortes a programas sociales e incremento al gasto militar, el affaire de las conexiones con Rusia o la ley de salud, así como la prohibición musulmana y las hostilidades contra los inmigrantes y refugiados, etcétera, con frecuencia dejan sepultados otros asuntos de vital importancia como la suerte que corre por ejemplo la educación pública de la nación.

La educación pública estadunidense ocupa un lugar importante en el plan de gastos para 2018, donde se refleja un incremento, aunque la mayor parte de ese dinero parece dirigirse a apoyar las políticas de educación privada de la actual secretaria del ramo, Betsy DeVos, con detrimento a programas de educación pública, así como la derogación de cruciales regulaciones para el nuevo modelo educativo, reportó recientemente The New York Times.

Hemos sido testigos –dice la fuente- de la encendida defensa que han hecho algunos congresistas en el Capitolio sobre los vales escolares privados (vouchers) y las escuelas chárter, “y conviene recordar que los congresistas tienen más poder que DeVos para hacer cambios en el sistema escolar de la nación”.

Y es que una de estas acciones ocurrió discreta pero efectivamente en el Congreso la semana pasada, cuando revocaron cruciales regulaciones que se interponían hasta hace poco en el camino de la ‘Ley de Todos los Éxitos de los Estudiantes’ (Every Student Succeeds Act, o ESSA).

Cuando en diciembre de 2015 Obama firmó dicha ley, conocida como ESSA, “muchos demócratas y republicanos celebraron la medida por igual”, y adoptaron “un enfoque más colaborativo” que con la ley que le precedió, ‘No Child Left Behind’ (Que Ningún Niño se Quede Atrás’). Porque se trataba del supuesto fin de lo que muchos veían como “una era de exceso federal en las escuelas locales”.

Críticos de No Child Left Behind, “veían a esta ley como punitiva”. Y es que esas políticas educativas enfatizaron los resultados de los exámenes, para que fueran usados en la remoción de maestros y escuelas con bajos rendimientos; escuelas que luchaban por su sobrevivencia, generalmente mal financiadas por hallarse en vecindarios con bajo valor en la propiedad y por tanto del pago de bajos impuestos, de donde deriva el presupuesto escolar. Pero “también eran impopulares porque llevaron a una explosión en el número de exámenes que los estudiantes tenían que tomar cada año”.

No obstante, bajo la nueva ‘Ley de Todos los Éxitos de los Estudiantes’ los niños todavía tienen que tomar exámenes estandarizados en matemáticas, lectura y ciencias, “y las escuelas aún necesitan informar sobre el progreso de los grupos en riesgo, como son los estudiantes discapacitados, los estudiantes no blancos y aquellos que aprenden inglés”.

Sin embargo, las escuelas enfrentan menos consecuencias ahora, con la nueva ley del ramo. Y aunque los resultados de las pruebas siguen ligados a los bajos rendimientos, se hace sin embargo más hincapié en mantener a las escuelas responsables de facilitar el acceso a programas de clases avanzadas, para reducir las tasas de suspensión estudiantil, sostiene el Times. “Además, los estados son ahora capaces de implementar sus propios planes para intervenir en las escuelas en dificultades”.

Bajo la pasada administración de Michael Bloomberg, la ciudad de Nueva York fue un ejemplo –y aún persisten reminiscencias- de cómo el bajo rendimiento de las escuelas del sistema público sirvió para cerrar muchas de ellas, al tiempo que se impulsaba el apoyo a las escuelas chárter.

Y entre las más polémicas reglas para la educación durante la administración Obama, por ejemplo, se hallaba “una que fortaleció la disposición de la ley que requiere que las escuelas aprueben por lo menos el 95 por ciento de sus estudiantes”. Pero los conservadores dijeron que la regla del 95 por ciento era “una intervención federal excesiva”.

Pues bien, de acuerdo con la fuente el mes pasado la Cámara de Representantes anuló una amplia franja de reglas concernientes al legado educativo de Obama, usando la Ley de Revisión del Congreso, que permite a los legisladores aumentar o anular las regulaciones federales. “El Senado aprobó una resolución similar el jueves, y el presidente Trump indicó que la firmará». Eso dejaría a ESSA viva en los libros, “pero despeja el camino para los planes de DeVos, quien tendría más flexibilidad para aplicar la ley”.

Hay que anotar que el nueve por ciento de los estudiantes de las escuelas públicas estadunidenses no son hablantes nativos del inglés, y que las regulaciones “exigen que los estados y las escuelas rastreen el logro de este grupo de maneras más matizadas”. En lugar de mirar a todos los estudiantes de inglés juntos, se les pidió a los estados que explotaran el desempeño de los grupos de mayor riesgo, como los inmigrantes recién llegados o aquellos que llegan a Estados Unidos con un nivel de aprendizaje por debajo del grado que les correspondería en su lengua materna.

Las escuelas en las que estos estudiantes en riesgo luchan por salir adelante han estado sujetas a la intervención estatal, que con frecuencia conduce al cierre de planteles y despido de maestros, afirma el Times.

La Secretaria DeVos “ha dicho poco sobre ESSA”. Pero con la derogación de las reglas, su departamento ahora puede emitir nuevas directrices a los estados, “y lo más probable es que va a hacer que se debiliten las medidas de rendición de cuentas, que eran una prioridad para la administración anterior”, con lo que ahora se podría despejar tal vez el camino para el desempeño sin escrutinio público de las escuelas, chárter■