Concepto de refugiado. Silueta de una familia de refugiados, una madre desesperada con niños en el fondo de la frontera. Foto: dreamstime.com.

Marco Vinicio González

La discusión del martes en la Suprema Corte en el caso ‘Estados Unidos vs Texas’, acerca de la legalidad de las políticas de migración de la administración Biden sobre la deportación de ciertos inmigrantes indocumentados, sigue pendiente de resolución. Dicha audiencia se centró básicamente en las posibilidades realistas o los recursos económicos para deportar a unos 11 millones de personas que viven sin autorización en Estados Unidos.

En representación de varios estados en el caso Estados Unidos vs Texas, presentado por los fiscales generales republicanos de Texas y Luisiana contra la administración federal demócrata actual, el fiscal general texano, Judd Stone retó la facultad de la administración Biden para ignorar la erogación económica de los estados para frenar la migración indocumentada.

“Se supone que la política de inmigración es el cenit del poder federal, y se supone que es el cenit del poder ejecutivo”, dijo en su oportunidad la jueza Elena Kagan. “Y, en cambio, estamos creando un sistema en el que una combinación de estados y tribunales puede detener la política de inmigración”, reportó Político.

Aunque no es un hecho, la consideración de los jueces por las consecuencias que podría tener el caso, finalmente podrían favorecer a la administración Biden al centrarse en las prioridades establecidas en un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2021, que prioriza la deportación sólo de aquellos no ciudadanos que representan distintos peligros para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza.

En la audiencia del martes se hizo referencia también a que la inmigración “se ha convertido en un campo de batalla partidista para sucesivas administraciones y agendas estatales rojas y azules, con los tribunales atrapados en el medio”, señaló la fuente.

En sus argumentos de apertura, la Fiscal General de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar sostuvo que el poder ejecutivo ha tenido la discreción durante mucho tiempo y varias administraciones, republicanas y demócratas, respecto a la aplicación de la Ley de Inmigración y sobre las prioridades acerca de quién deben ser detenido y removido debido a los recursos limitados de que dispone el gobierno.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts dijo por su parte que “Ahora, es nuestro trabajo decir cuál es la ley, no si se puede implementar o no o si hay dificultades allí… no creo que debamos cambiar esa responsabilidad sólo porque el Congreso y el Ejecutivo no pueden ponerse de acuerdo en algo”.

Pero a pesar de su escepticismo Roberts consideró los argumentos de Prelogar, y dijo estar consciente del posible caos que podría traer aceptar los argumentos de los estados que impugnan la ley, en favor de una política de expulsión obligatoria.

Por su parte el Fiscal General del estado de Texas, Judd Stone argumentó que las secciones clave de la Ley de Inmigración dictan que los indocumentados “deberán” ser detenidos o expulsados, y que estas pautas eran obligatorias.

A lo que Prelogar respondió «Este tribunal ha sostenido repetidamente que la palabra ‘deberá’ no desplaza los principios de fondo de la discreción de ejecución… A lo largo de 25 años y cinco administraciones presidenciales, la agencia nunca ha implementado la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad)… Dadas las opciones de financiación del Congreso, sería imposible que el DHS lo hiciera”.

Entre tanto, el juez Brett Kavanaugh preguntó a Stone: “Sólo estoy tratando de descubrir cómo se desarrollará esto si prevalecieran tus argumentos. Entonces, si el gobierno dice ‘no tenemos el dinero para cumplir’, ¿qué vas a hacer?”•