(Español) Mao comenzó a visitar las instituciones correccionales, se conectó con las personas que trabajan en las industrias correccionales y encontró empleadores potenciales a través del programa SPP. “La asociación fue genial desde el principio”, dijo la gerente de desarrollo de la Fuerza Laboral del Departamento de Correcciones.

(Español) “La Constitución no permite al gobierno encerrar a una persona por carecer de dinero”. La demanda busca terminar con esta práctica ilegal del gobierno de encarcelar a las personas únicamente porque no tienen para pagar la fianza y comprar su libertad”: Proyecto de ACLU para los Derechos de los Inmigrantes.

(Español) ACLU de Pensilvania está demandando a varios jueces de la Corte Municipal en Filadelfia por presuntamente violar las reglas estatales. “Esta industria sólo existe porque los jueces no están siguiendo las reglas o la Constitución”, dijo Nelson-Major, de la Fundación de Independencia de ACLU.

(Español) “Para cumplir con el requisito de la equidad social, debe incluirse la restauración de los daños a las personas y las familias que han sido golpeadas por las políticas contra las drogas”.

(Español) El presidente de la Asociación de Jefes de Policía de California, Ron Lawrence dijo en un comunicado que “la AB 392 ahora refleja las experiencias compartidas, las perspectivas y la experiencia de todos en la mesa, desde las familias y las comunidades hasta los oficiales que han jurado servirles y protegerlos”.

(Español) Y en Oakland, por ejemplo, una propuesta para agregar el reconocimiento facial a las regulaciones de la ciudad sobre el uso de dicha tecnología de vigilancia será considerada por el Comité de Seguridad Pública de esa ciudad a finales de este mes.

(Español) En 2015, la Unión de Libertades Civiles y el estado de Nueva York llegaron a un acuerdo de conciliación que hizo cambios críticos en el uso del régimen de aislamiento en el estado. El acuerdo ayudó a reducir el uso del aislamiento en las cárceles de Nueva York.

Because most sheriffs derive their authority from state constitutions, eliminating the office requires an amendment that, in most cases, must be approved by voters. But that’s not out of the question.