Mientras que el presidente Trump insiste en el uso de agencias policiacas fuertemente armadas y militarizadas para desactivar las protestas contra la brutalidad policiaca. Las movilizaciones no han cesado en muchas ciudades del país desde el asesinato de George Floyd hace más de dos meses. Para proteger sus derechos constitucionales el Gremio Nacional de Abogados, estableció una línea telefónica directa para que activistas y abogados denuncien los incidentes de represión federal.
Algunos de estos incidentes denunciados por los activistas, muchos de los cuales circulan profusamente en las redes sociales son:
∙ Escuadrones federales y agentes federales fuertemente armados, lanzan gases lacrimógenos, disparan balas de goma, o espray pimienta y golpean y arrestan a pacíficos manifestantes.
∙ Escuadrones de agentes federales, auxiliados de agentes en ropas de civil que arrestan a personas que caminan en los alrededores o ya alejados de las zonas de protesta.
∙ Además, activistas están denunciando que agentes federales están yendo a tocarles las puertas de sus casas.
El Gremio Nacional de Abogados, es una institución formada por abogados, trabajadores legales, y estudiantes de derecho, con más de 80 años protegiendo los derechos constitucionales, humanos y civiles en Estados Unidos.
Dicha institución denunció que lo que estamos viendo son intentos del gobierno de Trump para sofocar violentamente las protestas, combinados con una agresiva estrategia política y legal. Por ejemplo, cuando señalan y etiquetan al movimiento «antifa» como una organización terrorista le da luz verde para que los fiscales federales les presenten cargos. A pesar de que lo que conocemos como “antifa” no es una organización, es un movimiento político formado por una amplia variedad de grupos autónomos que luchan pacíficamente en contra los racistas y supremacistas blancos a los que califican de fascistas.
Precisamente para defender a estos pacíficos manifestantes, el Gremio Nacional de Abogados estableció esta línea telefónica: 212-679-2811, para que hablen directamente con un abogado. O lo refiera con otro.
Además, le dan información sobre sus derechos y los recursos que tiene ante las investigaciones federales y citas para que se presente ante un gran jurado, si ese es su caso.
Los abogados que le responderán, son miembros del Gremio Nacional de Abogados, y la línea permanecerá activa mientras estén vigentes estos juicios presentados por el gobierno federal.
Nuevamente, el número telefónico es: : 212-679-2811
También puede escribirles a este correo electrónico: massdef@nlg.org.
La semana pasada fue muy intensa para la familia de Vanessa Guillén, joven soldado de 20 años asesinada por un soldado al interior del cuartel Fort Hood en Texas. La decidida búsqueda que hizo la familia antes de que encontraran sus restos dos meses después de su desaparición generó un movimiento nacional que busca cambiar la cultura de acoso y abuso sexual en las filas militares.
El comité de las fuerzas armadas del congreso llevó a cabo una audiencia sobre el tema. La familia Guillén y su abogada Natalie Khawam, se reunieron con el presidente Trump, en la Casa Blanca, quien ofreció pagar por el funeral. Frente al Capitolio, la abogada Khawam, anunció la propuesta de ley: I’m Vanessa Guillén, legislación que si se aprueba, los miembros activos del ejército podrán presentar denuncias de acoso y asalto sexual a una institución independiente de la cadena de mando del ejército. Mientras que jóvenes activistas y ex militares viajaron a la capital para apoyar la causa de justicia de la familia Guillén.
El racismo es una crisis de salud pública, así lo reconoció Hunsaker Ryan, Directora Ejecutiva del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, durante una entrevista al periódico Denver Post. La funcionaria dijo que buscara aumentar la diversidad entre la fuerza laboral del departamento y establecerá vínculos con organizaciones locales que sirven a personas de color. Actualmente, 8 de cada 10 de los empleados de su departamento son blancos. Con esta declaración Colorado se une a Wisconsin y 19 municipios de estados como California, Pensilvania y Texas que también declararon que el racismo es una crisis de salud pública.
