Antes del viernes 17 de julio, el gobierno de Trump, deberá liberar a todos los niños detenidos en tres centros de detención familiar, dos localizado en el estado de Texas y uno en Pensilvania. La orden de liberación la dio la jueza Dolly M. Gee, de un tribunal federal en Los Ángeles, California, la semana pasada, luego de que más de 120 menores no acompañados y cuatro empleados dieron positivo a la prueba de coronavirus en dichos centros.
En su orden, la jueza Dolly M. Gee criticó a la administración Trump por su irregular cumplimiento de las recomendaciones médicas nacionales para evitar la propagación del virus en los centros de detención. «Los centros residenciales familiares están en llamas y no hay más tiempo para medias tintas», escribió la jueza Gee, y urgió la pronta liberación de los menores ante tutores adecuados con el consentimiento de sus padres.
Mediante un comunicado, Peter Schay uno de los abogados que negoció el llamado Acuerdo Flores, que protege a los menores no acompañados de una detención indefinida, destacó que: “Algunos padres detenidos que enfrentan la deportación trajeron a sus hijos a este país para salvarlos de la violencia desenfrenada en sus países de origen y preferirían ver a sus hijos entregados a sus familiares aquí, en lugar de ser deportados junto con sus padres a países donde los niños son secuestrados, golpeados de forma rutinaria, y asesinados”.
Precisamente ese es el problema que tienen con la resolución de la jueza Dolly M. Gee, algunas organizaciones defensoras de los menores no acompañados. Porque en muchos de estos centros están detenidos los menores junto con sus padres, algunos son muy pequeños, y la orden de la juez sólo ordena la liberación de los menores en un plazo de 20 días, pero no la de sus padres, señala la abogada de inmigración, en Texas, Taylor Klevy en su cuenta de Twitter.
“La Juez del caso Flores solo puede ordenar la liberación de los niños debido a tecnicismos legales, pero la ÚNICA respuesta moral es que ICE libere a los niños y también a * sus padres *”
Se sumó a las críticas sobre las limitación de la orden, Lindsay Toczylowski, Directora Ejecutiva de Centro Legal para la Defensa de los Inmigrantes, organización con sede en Los Ángeles, California, que representa ante las cortes a más de 700 de estos menores no acompañados.
En su página de Twitter Lindsay destaca que aunque la orden es buena, porque es la primera vez que le ponen un plazo concreto para que ICE libere a los menores, deja abierta la posibilidad para que la agencia presione a los padres para que renuncien a los derechos de sus hijos. Que los menores salgan libres con un patrocinador, que podría ser un familiar u otra persona no relacionada con la familia, mientras que ellos siguen detenidos.
La otra opción es que no firmen y ambos padre e hijo sigan detenidos hasta que se resuelva su situación migratoria y ambos sigan expuestos al coronavirus en estos lugares llamados centros familiares de detención. La abogada Lindsay Toczylowski, recuerda que “ICE puede usar su discreción para liberarlos a todos. La triste verdad es que sabemos que no lo harán. Es inhumano someter a personas inocentes, cuyo único deseo es reunirse con la familia y vivir en seguridad, a las peligrosas condiciones de estos centros de detención”.
Para sumarse a la presión para que liberen de estos 3 llamados centros familiares de detención a estas familias que llegaron huyendo de la pobreza y violencia y a solicitar asilo, puede visitar la página: familiesblongtogether.org y sumar al # tag; freethefamilies (dos veces ambos )
Para terminar este despacho déjeme le digo que los focos de contagio de covid19 siguen creciendo en las cárceles de ICE. Allí están detenidos más de 20 mil inmigrantes por el solo delito de no tener documentos migratorios. Unos 2 mil 500 han dado positivo y dos fallecidos. Hasta la fecha y debido a la presión que han ejercido grupo defensores de los inmigrantes, políticos y profesionales han liberado al menos a 900 personas con enfermedades preexistentes.
