Los estados han tomado medidas adicionales y mayores dispositivos de autenticación de documentos para agilizar transacciones de licencias y permisos de conducir a indocumentados, y no poner en riesgo la seguridad nacional.

«Desde el punto de vista de los gobiernos locales, no quieren que gente que califica para los beneficios no acudan a esos beneficios».

Evidencia abrumadora muestra que la Oficina del Fiscal General ha permitido durante mucho tiempo que los jueces de Inmigración «violen los derechos de los no ciudadanos de una manera generalizada y sistemática que socava la integridad del sistema judicial».