A estas alturas, el pronóstico sobre el número exacto de estos menores viniendo a Estados Unidos y su futuro se antojan más bien inciertos.

A través de redes sociales y medios de comunicación estas madres en Nueva Orléans están apelando a la comunidad estadunidense para exigir al jefe de policía de esa ciudad, Ronald Serpas, que deje de colaborar con ICE y de ejercer perfil racial en las detenciones.

Los cambios que pide la coalición son básicamente que el DMV pida uno y no dos documentos como matrículas y pasaportes, que aclare que todas las agencias en el estado van a reconocer las licencias y que den garantías de que la información que proporcionen no vaya a ser usada en contra de los solicitantes.

Grupos independientes mantienen sin embargo la presión sobre la Casa Blanca para poner al menos alto a las deportaciones.

Esa proyección y el hecho de que algunos de esos niños están siendo trasladados a esta ciudad hizo que la Junta Escolar del condado de Miami-Dade planteara el miércoles la posibilidad de pedir ayuda federal para cubrir gastos adicionales.

Fotografías de una visita oficial de 20 minutos este miércoles muestran a cientos de niños durmiendo donde pueden, esperando a ser trasladados a otros estados de la nación.

La visita de 20 minutos intenta enseñar las condiciones en que se encuentran estos menores de edad, quienes en las últimas semanas han puesto en jaque el sistema migratorio.

Lo que deja claro es que el Presidente tiene amplia autoridad para actuar sobre los éxitos del programa de Acción Diferida (DACA) para los llegados en la infancia, y ofrecer esta misma ayuda inmediata a nuestro padres y a otras personas que viven con el temor de ser deportados.

Las autoridades de Inmigración estadunidenses establecen en sus leyes que los menores deben ser devueltos a sus países de origen con el fin de ser reunificados con sus familiares, pero también establece que antes de ser repatriados tienen el derecho a una audiencia ante un juez de Inmigración.