La semana pasada, el senador republicano de Louisiana, David Vitter, revivió un proyecto que presenta en cada sesión con el fin de enmendar la Constitución para evitar que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados no tengan derecho a la ciudadanía estadunidense.

Hizo una defensa a los planes del presidente Obama sobre la inmigración y tildó de inmoral y políticamente dañina la posición del Partido Republicano sobre las iniciativas (DACA y DAPA), advirtiendo que dicha postura tendrá un costo político para sus candidatos en el siguiente ciclo electoral.

La corte del 5to Circuito de Apelaciones tomaría hasta dos meses para responder a la petición de DOJ. Y si decide mantener el interdicto contra DACA y DAPA, el gobierno federal someterá este caso para su revisión ante la Suprema.

El gobierno federal anunció entonces que llevará su petición de revisión de este caso a instancias mayores, como la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito, y es probable que esto tome meses, y algunos piensan que podría extenderse más.

La cámara baja, por su parte, aprobó una extensión de siete días al presupuesto del DHS tras una tumultuosa sesión, pero el tema central sigue sin resolverse: el lenguaje sobre las acciones ejecutivas migratorias.

Las deportaciones de indocumentados con baja prioridad, según los recientes lineamientos dictados por DHS a sus agentes, son una conducta aislada de funcionarios encargados de las deportaciones, que no atienden siempre las reglas, y para quienes habrá consecuencias, dijo el mandatario.