La medida busca hacer frente a las deportaciones, el acoso y las crecientes amenazas de violencia contra las comunidades inmigrantes, musulmanas, latinas y otras, incluidas todas las personas de color, LGBTQ, mujeres y personas con discapacidades que experimentan ya niveles de estrés y miedo que no se veían desde la década de 1930

Para los indocumentados y sus familiares ciudadanos y residentes permanentes representa otro año que pasa sin poder ver a familiares en sus países de origen; otro año que pasa sin saber si la familia permanecerá unida porque pasa otro año y no hay reforma. Y para completar el cuadro, vienen figuras como Rubio a incrementar su incertidumbre.

«La gente puede sentirse amenazada por lo que oyen… Protegeremos a nuestras comunidades ya nuestras familias para que puedan continuar viviendo libres de temor y seguridad en nuestras comunidades».

Pero más alarmante que esto, añade The American Action Forum, una deportación masiva de los indocumentados reduce la fuerza laboral en 10.3 millones de trabajadores, y reduce también el Ingreso Interno Bruto (GDP) del país, en 1 millón de millones de dólares (1 trillón en inglés).

En un escenario de Acción Ejecutiva las contribuciones tributarias de los indocumentados elegibles son muy similares a las de los de una legalización. Sin embargo, dado que la acción ejecutiva beneficiaría sólo a cinco de los 11 millones de indocumentados, el efecto general sobre los ingresos fiscales estatales y locales sería menor que en el caso de la legalización.