“En promedio los refugiados pagan al fisco 20 mil dólares más por persona de lo que reciben en beneficios. Tras establecerse en el país, es más probable que sean empleados que los nacidos en este país con similar educación, y menos probable que reciban asistencia pública”.

Intentos por proteger a esa población no autorizada se han llevado a cabo “en jurisdicciones más pequeñas (condados amistosos con los inmigrantes, como en Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Texas), pero nunca en un estado entero”.

Jordan Wells, abogado de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en New York, declaró al Examiner que “la administración Trump está tratando de obligar a las autoridades locales a realizar arrestos civiles por parte de Inmigración, que no están autorizados por la ley y violan la Constitución”.

El gobierno «no ofreció ninguna evidencia, incluso en forma de información clasificada presentada a la Corte, que demuestre una amenaza terrorista basada en informes de inteligencia que justifiquen la prohibición de nacionalidades enteras»,