La Constitución de EE UU dice en el Artículo I, Sección 2, que “todas las PERSONAS deben ser contadas. Y no que todos los ciudadanos”. La Corte Suprema y el Departamento de Comercio de Trump han hablado… «Es hora de avanzar para asegurar que cada persona se cuente en el país».

El llamado de las organizaciones defensoras de los inmigrantes es para “continuar actuando y detener cada escalada de violencia y crueldad de este gobierno y crear un Estados Unidos que dé la bienvenida a los migrantes y trate a todas las personas con dignidad y respeto».

La política existente sobre carga pública sigue vigente. La noción de carga pública -y actualmente esta regla propuesta por la administración Trump- no se aplica en el proceso de naturalización a través del cual los residentes permanentes legales solicitan convertirse en ciudadanos de Estados Unidos.

La semana pasada fue forzado a tomar un autobús de deportación hacia el aeropuerto de Yakima, “sin permitirle el acceso a medicamentos para el dolor mientras su salud era tan mala que al instante se le declaró médicamente incapacitado para volar y se lo devolvió al hospital”.

Una mujer denunció que cuando no había agua corriente en la celda porque un grifo se rompió, pero el inodoro de esa celda estaba funcionando, cuando las mujeres tenían sed los guardias les decían que tomaran agua del escusado. Un funcionario de CBP se negó a comentar.

«No deberíamos de engañarnos en pensar que con este dinero vamos a resolver el mal trato, el trato inhumano que están haciendo contra los niños y mujeres bajo la custodia del CBP».

El gobierno dijo a tribunales que los menores se encontraban en condiciones “seguras y sanitarias”, y no requerían productos de higiene. Y mientras Trump busca ventaja política a costa de los migrantes, estos seguirán llegando, porque la raíz del problema no se aborda y la respuesta es inhumana.