De acuerdo con la STPS el registro fue otorgado a los jornaleros de San Quintín, “con el propósito de transitar hacia la representación legítima de estos trabajadores… y forma parte del cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre autoridades federales, estatales y los trabajadores agrícolas de esta región”.

Hay quienes afirman que lejos de confrontar el asunto del desempleo en los estadunidenses, las autoridades facilitan a los empleadores la obtención de visas H-2. Diversas industrias del país han hecho hasta lo imposible para no contratar a trabajadores estadunidenses a puestos de trabajo disponibles.

Por eso es que ahora el debate en el Senado sobre el presupuesto de la nación alberga inminentes peligros contra las protecciones anunciadas en abril para estos trabajadores H-2B. Mikulski y sus seguidores argumentan que la incertidumbre y la burocracia dificultan a los empleadores el uso de dicho programa.

“Con mayor razón hay que estar despiertos, y si pasan los 60 días, que juntos le exijamos al gobierno que cumpla con su compromiso del 14 de mayo”.