Los abogados de Texas y Luisiana argumentaron que el gobierno carecía de autoridad para emitir el memorando de Mayorkas, porque entra en conflicto con la ley federal. La contraparte sostuvo que la ley de Inmigración señala que sólo algunos inmigrantes “deberán” ser detenidos o expulsados.

“Es crucial que se sigan teniendo esas conversaciones para que a los miembros del Congreso no se les olvide por quién están luchado, y que ellos también hagan su trabajo…”.