Dacamentados protestan en San Francisco, California para extender el permiso de DACA. Foto: www.dreamstime.com.
Hace un mes el juez de distrito de Estados Unidos en Texas, Andrew Hanen emitió una decisión y una orden judicial contra la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), declarando a este programa como ilegal; porque supuestamente el gobierno de Obama carecía de atribuciones constitucionales para decretar el programa en 2012. No obstante el juez permitió que continuara para los titulares que tuvieran el programa vigente, a fin de seguir contando con el beneficio.
De la redacción
Este domingo 15 de agosto DACA cumplió nueve años desde su implementación, y ha beneficiado a poco menos de 800 mil Soñadores o Dreamers que solicitaron en distintos periodos el programa que los blinda por dos años renovables de la deportación y les otorga un permiso de trabajo. Sin embargo, hasta esta fecha aún hay más de 55 mil dreamers que no tienen esa protección y están a riesgo de la deportación, con cientos de miles de jóvenes más esperando que la administración Biden o el Congreso actúen en su defensa.
De hecho la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi continuará el esfuerzo para que el Senado acepte votar por dos legislaciones –una ya fue aprobada- que el presidente Biden y los demócratas sometieron al Congreso a fin de apuntalar la infraestructura física y humana, que expande las políticas de contenido social en la nación.
Además, el grupo latino del Congreso condicionó su voto para que en el segundo paquete de infraestructura se incluya la reforma migratoria y se proceda a través del mecanismo parlamentario conocido como conciliación presupuestaria.
De acuerdo con La Opinión de Los Ángeles, “Muchos de estos jóvenes han logrado encontrar vías para legalizarse definitivamente, y contados son los que han perdido el estatus”.
Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), hasta marzo de este años unos 616 mil 30 Soñadores que solicitaron DACA por primera vez en septiembre de 2017 mantenían activo dicho beneficio, tras más de tres años de bloqueos e intentos de derogación por parte de los republicanos y el expresidente Trump.
Los dreamers han estado luchando desde entonces para lograr un amparo, pero sus esperanzas se vieron menguadas cunado el juez Hanen suspendió la concesión de nuevos amparos migratorios al considerar que DACA es ilegal y que Obama se extralimitó en su autoridad cuando creó el programa en 2012.
Como se recordará, el fallo se dio en respuesta a una demanda entablada por Texas y otros ocho estados republicanos que “desde 2018 alegaban que el programa era inconstitucional y no cumplía con el Acta de Proceso Administrativo (APA) al momento de su creación”, señala fuente.
Con todo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dice en su página web que continuará aceptando “la presentación de solicitudes de DACA, tanto iniciales como de renovación, así como las solicitudes adjuntas de autorización de empleo”. Sin embargo, de conformidad con la orden del 16 de julio de 2021 del Distrito Sur de Texas, el DHS tiene prohibido otorgar las solicitudes iniciales de DACA y las solicitudes adjuntas de autorización de empleo. También de acuerdo con esa orden, el DHS continuará otorgando o negando las solicitudes de renovación de DACA, de acuerdo con la política existente.
Este aviso de DHS advierte que el 20 de enero de 2021, el presidente Biden firmó un memorando requiriendo a esta agencia federal, en consulta con Merric Garland, el Fiscal General de la nación, para que se tomen todas las medidas apropiadas a fin de preservar y fortalecer a DACA, por lo que el DHS “tiene la intención de participar en la elaboración de reglas, avisos y comentarios”, dice la fuente.
La Opinión sostiene que “El nuevo paso dado por la Administración demócrata debe de alguna manera responder al fallo presentado por Hanen, o se corre el riesgo de extender la batalla legal”.
En tanto, en el Capitolio se analizan desde marzo varios proyectos de ley que darían la residencia permanente con vía a la ciudadanía a un grupo importante de inmigrantes indocumentados, entre los que se hallan dreamers, recipientes del Permiso de Protección Tempora, TPS, campesinos y otros trabajadores esenciales.
“Actualmente las esperanzas están puestas en el plan de gasto social, de 3.5 billones de dólares que los demócratas quieren aprobar sin depender del Partido Republicano mediante el proceso de reconciliación presupuestaria”, sostiene La Opinión.
Esta semana se dio el primer paso en esta dirección, “cuando los demócratas, sin ningún voto republicano aprobaron por 51 votos la resolución que permite echar a andar el proceso para este componente de infraestructura humana”■
.
