Todos recordarán -seguramente no si horror e indignación-, cómo el 3 de agosto de 2019 Patrick Crusius, un joven supremacista blanco de 21 años de edad viajó 11 horas desde Allen, Texas, en el norte del estado, hasta llegar una tienda de Walmart en la fronteriza ciudad de El Paso con el firme propósito de “matar a tantos mexicanos como fuera posible”, según las propias palabras del asesino confeso.
De la redacción
Al menos 22 personas murieron y otras 26 resultaron heridos, incluidos niños pequeños, en “el peor incidente con armas de fuego que se registraba en 2019 desde noviembre de 2017 en Estados Unidos”, dice Wikipedia.
Patrick Crusius, el asesino confeso dejó escrito en un manifiesto supremacista que había viajado a la frontera méxicoestadunidense “a repeler la invasión hispana de Texas», haciendo eco a las palabras de su líder e inspirador, el entonces presidente Donald Trump.
Ese hecho brutal debe ser considerado no sólo como un acto de odio racial sino francamente como un acto de terrorismo doméstico, porque cumplió precisamente con ese propósito: aterrorizar, en este caso a los inmigrantes de origen mexicano.
Sin embargo, a Crusius no se le trató como a un terrorista sino con respeto cuando fue arrestado; y no como a otras víctimas de la policía o el ejército, léase negros, indígenas o latinos, como en el caso que recordamos ayer en este mismo espacio Informativo, cuando la policía acudió a una llamada de la familia de Gerardo Chávez Martínez, un joven zapoteco aparentemente monolingüe de Salinas, California. Gerardo terminó ultimado a balazos, con la recurrente justificación policial de que el joven «parecía estar con una pistola…», de juguete.
En aquella fatídica ocasión del 3 de agosto de 2019 el gobernador de Texas, Greg Abbott calificó el tiroteo como «un acto de violencia atroz y sin sentido». El mismo gobernador que acaba de emitir una Orden Ejecutiva a los policías texanos para detener vehículos con migrantes, o que parezcan migrantes (¡!), apelando al conveniente pretexto de ser «un riesgo para la propagación del Covid-19», cuando él mismo acaba de prohibir el uso de cubre bocas y de otras medidas sanitarias en Texas.
La referida orden de Abbott permite a los soldados del Departamento de Seguridad Pública (DPS) desviar los vehículos con “migrantes” de regreso a su punto de origen o puerto de entrada a Estados Unidos.
Defensores de los derechos de la inmigración dicen que la acción del gobernador es una invitación a la discriminación racial. O sea que Patrick Crusius muy bien podría haber estado atendiendo a una invitación de Abbott, o de alguno de los suyos. Porque el movimiento de supremacía blanca recién envalentonado con los sucesos del 6 de enero de 2021 cuenta con acceso extraordinariamente fácil a poderosas armas de fuego.
En Texas es perfectamente legal comprar y portar un arma originalmente diseñada para la guerra. Y 44 estados de la nación tienen una disposición en sus constituciones estatales similar a la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho a poseer y portar armas. Lo que no faculta a nadie para matar.
Como ha sido históricamente, los inmigrantes son chivo expiatorio por parte de supremacistas blancos como el expresidente Trump, el gobernador Abbott y el Partido Republicano moderno, entidades todas que facilitan los hechos racista como el de afuera de la tienda Walmart en El Paso.
Po otro lado, hay que denunciar también a todos los que se coluden guardando silencio ante lo que está sucediendo en este país, dice un despacho de Beto O’Rourk, quien por cierto terminó este sábado en Austin una marcha para exigir al gobierno de Texas que cese sus ataques contra la democracia; y al gobierno federal que intervenga en la defensa del derecho al voto de todos los estadunidenses.
La marcha, The Poor People’s Campaing, fue realizada junto con el reverendo William Barber II, de 27 millas de recorrido durante 4 días desde Georgetown a Austin, “en apoyo del derecho al voto, un salario mínimo de 15 dólares la hora, el fin de los candados políticos en el Congreso y la reforma migratoria”, dijo en su oportunidad Línea Abierta. The Poor People’s Campaing será recordada como una marcha histórica también,»al estilo de aquella de Selma a Montgomery» en 1965.
Es tentador para algunos atribuir los asesinatos de El Paso a enfermedades mentales, videojuegos violentos o falta de religión (el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, los culpó a los tres en su momento), dice el comunicado de O’Rourk. «Eso nos permitiría seguir adelante y nos absolvería de responsabilidad. Pero debería quedarnos claro que el tiroteo en Walmart es un ejemplo del terrorismo de la supremacía blanca que prevalece más en este país hoy que en cualquier otro momento desde la última era de Jim Crow».
En el texto, O’Rourk continúa diciendo: “Lo vemos en los pistoleros blancos y enmascarados que se agrupan en las escalinatas de las capitales estatales en todo el país, buscando intimidar a los legisladores y al público; lo vemos en los miembros del Klan y los nazis coreando en Charlottesville: ‘Los judíos no nos reemplazarán’; lo vemos en el intento de una milicia de Michigan de secuestrar y ejecutar a la gobernadora Gretchen Whitmer; lo vemos en los insurrectos que llevaban banderas de batalla confederadas al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, donde cinco personas, incluido un oficial de policía del capitolio murieron en un intento de derrocar violentamente las elecciones presidenciales de 2020”.
Y lo vemos también, continúa el activista político, “en el esfuerzo por afianzar el poder blanco en las legislaturas estatales de todo el país a expensas de los votantes minoritarios, a través de leyes agresivas de manipulación racial y supresión de votantes”.
En su despacho O’Rourk alienta a la población estadunidense a “Aprobar legislación que reducirá significativamente el acceso a armas de fuego destinadas a ser utilizadas en la guerra, junto con verificaciones de antecedentes universales y órdenes de protección de riesgo extremo; perseguir enérgicamente el enjuiciamiento contra los terroristas supremacistas blancos y aquellos que los financian y alientan; rechazar todo lenguaje y políticas que busquen deshumanizar a los inmigrantes; y detener el retroceso de los derechos electorales en este país mediante la aprobación de una legislación a favor de la democracia», como la Ley Para el Pueblo (HR1), y la ley HR4 del legendario gigante de los derechos civiles, John Lewis.
El político demócrata, que su ocasión estuvo a punto de desbancar al republicano senador, Ted Cruz, O’Rourk sostiene que para honrar verdaderamente a los caidos, “dediquémonos a luchar contra las fuerzas que trajeron tal maldad y muerte a nuestra comunidad, y que continúan amenazando el futuro de este país”■
