La administración Biden no sólo titubea respecto a someter al Congreso en la propuesta de ley de infraestructura un paquete de medidas de reforma migratoria, y/o de proyectos individuales para resolver este tema que arrastra un retraso histórico en materia de justicia y procesamiento legal de los casos de inmigración, sino que ahora sale con que continuará usando la regla de salud pública conocida como “Título 42”. Pero defensores de los inmigrantes desafían la medida en tribunales.

De la redacción

Como es sabido, el Título 42 faculta al gobierno para expulsar de manera expedita a cientos de miles de migrantes que se presentan en busca de asilo en la frontera de Estados Unidos con México, sin ser sometidos al debido proceso legal que contempla la propia Ley de Migración estadunidense en dichos casos.

De esta suerte, el lunes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) extendieron oficialmente la orden de mantener el Título 42, amparándose en el reciente rebrote del Covid-19, propagado por la variante Delta del virus, que es mucho más contagiosa y agresiva.

Tras una serie de pláticas y negociaciones entre representantes de los inmigrantes y el actual gobierno federal, se planeaba inicialmente suspender el Título 42 este verano. Porque esta regla de “la era Trump” se empleó como una forma política, supuestamente justificada por la pandemia, para limitar y disuadir la inmigración; y no como una medida para proteger la salud pública, como dice la letra de esta regulación.

Pero como a toda acción del gobierno, sea ‘trumpista’ o no, corresponde una reacción de la sociedad civil, pronto la administración Biden se verá defendiéndose en tribunales. Y es que tras meses de arduas y prolongadas negociaciones, aparentemente sin éxito, la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, la ACLU anunció que “avanzará una demanda contra la administración para levantar por completo la orden de salud pública –Título 42- para las familias inmigrantes”, dice El Foro Nacional de Inmigración (FNI).

Dicha decisión ocurre cuando los arrestos fronterizos en julio superan probablemente los números de junio, los más altos en décadas, dice las autoridades del ramo. Y esto genera nuevas preocupaciones de salud y seguridad públicas durante los días más calurosos del verano, aunque también una justificación ad hoc para el gobierno.

Además, funcionarios del sur de Texas han declarado “un desastre local debido al aumento de migrantes liberados” por las autoridades fronterizas en el Condado, citando también la creciente amenaza del Covid-19. Por su parte, dice el FNI, Axios publicó una nueva encuesta hoy martes revelando que poco más de la tercera parte (37%) de los estadunidenses no vacunados “culpan del aumento de casos de contagio a los ‘viajeros extranjeros’ en Estados Unidos”.

En tanto, en una presentación judicial este lunes, respondiendo a la demanda de la ACLU, la administración Biden dijo que “bloquear la aplicación de la regla ahora conduciría a que el sistema de Inmigración se vea aún más abrumado por los solicitantes de asilo y a condiciones aún más hacinadas e inseguras en las instalaciones fronterizas”, reportó The New York Times.

El hacinamiento en las estaciones de la frontera sur, dice el gobierno, “dificulta la imposición de precauciones de salud pública, como el distanciamiento social”; y señala que «más migrantes y oficiales fronterizos están dando positivo”.

En tanto, el subsecretario de política fronteriza y de inmigración, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Shahoulian dijo a la fuente que es «crítico» mantener en su lugar el Título 42 en las condiciones actuales de una nueva ola o repunte de contagios por la variante Delta.

Por otro lado, trascendió que “más de un tercio de los cruces rastreados por Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) en junio fueron intentos repetidos de cruce por una misma persona, cruzando por ejemplo hacia Texas en el Valle del Río Grande. Y esto hizo que la administración Biden enviara a oficiales de ICE para ampliar las pruebas de coronavirus a los migrantes. Así como la utilización de dos centros de detención familiar de Inmigracion como refugios temporales para que las familias inmigrantes pueden quedarse hasta que se complete su proceso.

Y en marzo la administración Biden anunció planes para retener a las familias migrantes durante sólo 72 horas, en clara diferencia a las políticas de las administraciones de Obama y Trump.

Con todo, Lee Gelernt, representante de ACLU en estgas negociaciones dijo a la fuente que “Estaremos monitoreando para ver si el procesamiento y las pruebas a las familias, a corto plazo, se convierten en detenciones a más largo plazo”■