De la Redacción
En su primer día de trabajo el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se enfocaran en la detención de los inmigrantes indocumentados que sólo representaran un peligro serio para la sociedad, pero un grupo de agentes rebeldes llamados han hecho caso omiso y siguieron deteniendo y deportando inmigrantes principalmente latinos. De ahí que un grupo de 120 organizaciones enviaran una misiva a la Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que revise esta política.
Un grupo de 120 organizaciones legales y de abogacía, así como del sector salud, que brindan servicios a miles de personas bajo custodia de ICE, enviaron una carta el 20 de enero a la Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pidiendo que se revise los casos de miles de inmigrantes detenidos en centros de detención de ICE. En la misiva piden también que “se libere a los que no caen dentro de las prioridades de ejecución detalladas en el memorando de prioridades de ejecución del DHS, que entró en vigor el 1 de febrero”, dice un despacho del Concejo Estadunidense de Inmigración (American Immigration Counicl).
“Nos alientan los primeros pasos que ha tomado la Administración Biden-Harris para reorientar el sistema de Inmigración de Estados Unidos hacia un marco que abrace los derechos humanos y la compasión”, dice la carta. «Sin embargo, nos preocupa que estas políticas aún no se hayan implementado de manera significativa o sistémica con respecto a las aproximadamente 14 mil personas detenidas por ICE».
Y es que nada más en los últimos 3 años de la pasada administración, 56 mil personas ocupaban las cárceles de ICE diariamente, dice la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU.
En enero de 2020, 91 por ciento de los presos en dichos centros de detención se hallaban detenidos en priones privadas que se enriquecieron con las referidas detenciones, sobre todo a partir de 2017. Y en referencia a un estudio de ACLU, el congresista demócrata de Arizona, Raúl Grijalva dice que “un 81% de los inmigrantes detenidos por ICE están presos en centros de detención operados y propiedad de corporaciones privadas (Grupo GEO y CoreCivic, los mayores).
Como hemos reportado en múltiples ocasiones, el maltrato y la violación de los derechos de los detenido ha motivado protestas y huelgas de hambre de los indocumentados en muchas prisones de ICE.
Simplemente en el Centro de Detención del Noroeste (NWDC), en Tacoma, Washington, una huelga de hambre de indocumentados detenidos ahí “alcanzó hoy 94 días en paro de ingestión de alimentos, y por lo menos Víctor Fonseca llegará a los 100 días el 1 de marzo”, dijo hoy a Noticiero Latino Maru Mora Villalpando, fundadora del grupo La Resistencia, que defiende a los indocumentados detenidos por ICE en el NWDC.
Entre tanto, muchas de esas personas que han sido detenidas por ICE durante años, y a menudo separadas de sus hijos pequeños, “corren un mayor riesgo de enfermedad grave o de muerte por Covid-19”, dice la carta de las 120 organizaciones. De acuerdo con ACLU, en los últimos 2 o 3 años, 39 inmigrantes murieron bajo custodia de ICE. “Muchos se habían atrevido a esperar a tener una oportunidad de libertad con el comienzo de la nueva administración, pero esta esperanza está disminuyendo y se está convirtiendo en desesperación”, afirma la misiva enviada a Biden.
Vale anotar que a fines de 2004 los latinos representaban el 19.2% de la población total en cárceles de las jurisdicciones estatales y federales de Estados Unidos. Y que una sobrecarga o estigma que lleva este grupo en la sociedad son los mitos relacionados a la “criminalidad” asociada a su estatus de inmigrante.
Por eso, dice ACLU, su encarcelamiento es usado como un método para controlar la presencia de minorías y poblaciones pobres en este país, como ocurre con la población negra, y en el proceso para proporcionar trabajo a todos los pueblos pequeños que actualmente albergan cárceles privadas, hay pequeñas ciudades cuya economía ha prosperado últimamente a partir de que ofrecen a su territorio para la construcción de centros de detención de ICE, y a veces éstas son la mayor fuente de sus economías; prisiones federales y estatales en regiones agotadas de sus fuentes o ingresos económicos.
Por otro lado, la forma en que se formula y justifica la política de justicia penal en torno al miedo al delito, cómo operan los tribunales y el sistema de justicia penal, y el papel de los medios de comunicación en la promoción de imágenes negativas de los latinos son parte de la percepción que predomina en la sociedad, sostiene ACLU en apoyo a los conceptos de los firmantes de la carta a Biden y DHS■
