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Una Suprema Corte dividida autorizó al gobierno federal a aplicar la nueva regla de “carga pública”. Con excepción del estado de Illinois y mientras siguen los litigios, un agente del servicio de Inmigración y Ciudadanía le podrá negar la residencia permanente o “tarjeta verde” a quienes hayan usado o se considere que podrían usar Medicaid, estampillas de comida u otros programas de la red de seguridad pública. Sobre cómo afectará esta controversial decisión a las familias migrantes, Julia Gómez (JG), abogada del Fondo Mexicoamericano para La Defensa Legal y la Educación conversó con Samuel Orozco (SO).
JG: Creemos que es una regla muy problemática, que no debería ser implementada. Pero segundo, también. El juez (Neil) Gorsuch cmentó en esta opinión, contra órdenes de tribunales federales que aplican a la nación, y Gorsuch piensa que estas órdenes son problemáticas. Eso nos decepciona a nosotros, porque creemos que los demandantes no deberían estar sometiendo demandas contra el gobierno federal, en todos los tribunales del país, si una orden del gobierno federal y un juez determina eso, esa determinación debería aplicar a todo el país. Y pues nos decepciona un poco por esas dos razones.
SO: Acabo de recordar que la llamada regla de la ‘carga pública’ facilitará la denegación de ‘tarjetas verdes’ a los inmigrantes legales que han usado o se considera que podrían usar Medicaid, cupones de alimentos u otros programas de asistencia, de redes de seguridad social. ¿Cuáles prevé usted que serán los efectos cuando esta regla se comience a aplicar desde ya?
JG: Ya se está viendo que la gente que está planeando solicitar residencia permanente o algún otro beneficio migratorio, es la gente que califica para otros beneficios…, esa gente que califica para esos beneficios federales, tal vez decidan no acudir a esos beneficios. Así que esa es una de las cosas más problemáticas para las familias latinas, inmigrantes que califican para esos beneficios, pero or no poner en peligro sus oportunidades de agarrar su residencia permanente tal vez decidan no acudir a esos beneficios para los que ellos califican.
SO: Se están recibiendo reportes de que hay familias que aunque son elegibles, no están pidiendo la asistencia pública.
JG: Pues no solamente nosotros, pero por ejemplo en el Distrito de Maryland, la corte federal de Maryland, en la opinión del tribunal el juez dijo que Maryland ya estaba preocupándose y viendo que ya estaba pasando allí. Pues el gobierno que trajo esta demanda se preocupaba por eso mismo. Desde el punto de vista de los gobiernos locales, no quieren que gente que califica para los beneficios no acudan a esos beneficios. Porque se va a empezar a ver más problemas sociales, vas a comenzar a ver comunidades…, por ejemplo en Los Ángeles, que tal vez califiquen para Medicaid o para CHIP, y decidan no acudir a esos recursos.
SO: Cabe advertir, abogada, que aunque es cierto que la Corte Suprema permite que la regla de carga pública, del Departamento de Seguridad Nacional (DHWS) entre en vigor en todo el país, también es cierto que no será así en el estado de Illinois, en donde sigue vigente una orden judicial en todo ese estado. Y además que el pleito legal continuará. Explíquenos.
JG: El caso ante el tribunal en Illinois no estaba… la Corte Suprema no dio opinión sobre eso, y también esas cosas son órdenes preliminares, donde un tribunal encontró que mientras que proceda el caso pensaban que iban a ganar los demandantes y por eso pusieron una orden preliminar. Ahora, esos casos siguen, esos casos no han terminado, y todavía es posible que al final de esos casos las cortes encuentran que esta regla viola la ley, y todavía, pues, hay una oportunidad de que se pare esta regla. Pero por lo tanto, como dice usted, si tiene permiso el gobierno federal a ejecutar esa regla a nivel federal, menos en Illinois■
